Operativo de Tributación detectó en 17 municipalidades un esquema de compras públicas que incluyen facturas falsas y empresas ficticias, elementos calcados en la adquisición de kits de alimentos por la pandemia del covid en la era de Miguel Prieto en Ciudad del Este.

Un esquema de empre­sas ficticias, y apro­ximadamente 1.600 facturas entre falsas y clo­nadas, que totalizan unos G. 150.000 millones, fue lo detec­tado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) mediante el operativo Factu­ración 2.0.

Este modus operandi empleado por un total de 17 municipalidades y una gober­nación es la réplica de las lici­taciones en Ciudad del Este durante la gestión de Miguel Prieto, administración en la que se compraron alimentos de firmas que evidentemente no contaban con la capacidad financiera para proveer la can­tidad adjudicada.

“Hemos encontrado dentro de la investigación que 17 munici­palidades cuentan en su con­tabilidad con facturas falsas de un proveedor que no puede justificar sus costos y gastos”, fue lo que señaló ayer en con­ferencia de prensa el vicemi­nistro de la SET, Óscar Orué.

La administración de Miguel Prieto firmó en marzo del 2020 un contrato por G. 2.949 millones, para la provisión de 25.000 kits de alimentos, con el pequeño autoservice Tía Chela SRL de Fermín Ávalos.

Esta licitación, realizada por la vía de la excepción, estuvo cargada de irregularidades, dado que había fundadas sospechas de que el comercio no tenía la capacidad financiera para proveer esa cantidad de alimentos. De hecho, la misma madre de Fermín afirmó que su hijo prestó dinero para com­prar los insumos.

Además de esto, también llamó la atención la forma en la que fue armada la licitación. Uno de los comercios invitados a parti­cipar del llamado fue Danielito SRL, autoservicio que perte­nece a Felipe Ávalos, padre de Fermín; es decir, padre e hijo fueron tenidos en cuenta para esta compra.

Esto sin mencionar que, de acuerdo a las declaracio­nes de la madre de Fermín, Danielito ni siquiera estaba interesado en participar en la licitación y, sumado a esto, tenemos el hecho que Tía Chela se inscribió al sistema de proveedores el mismo día que se enviaron las invitacio­nes de esta licitación.

Vanemi SA, de Vanessa Floren­tín, es una empresa del rubro de la construcción y fue una de las firmas que vendieron ali­mentos por G. 692.155.023 a Tía Chela. Hasta ahora llama la atención cómo una empresa de estas características haya sido la superproveedora de ali­mentos. “Todas estas perso­nas y empresas son ficticias, hemos entrevistado a cada una y todas dijeron que nunca fue­ron proveedores, nunca se ins­cribieron al Registro Único del Contribuyente (RUC), que uti­lizaron de forma falsa sus iden­tidades de tal manera a tener RUC”, agregó Orué como otro de los elementos encontrados en esta investigación.

Es importante señalar que, dentro de este esquema de compra de alimentos en Ciu­dad del Este, también resultó ser un supuesto proveedor del municipio Tajy Servicios Gene­rales, firma dedicada a la per­foración y mantenimiento de pozos artesianos.

Un humilde señor aparece como superproveedor. “No sé qué pasó, qué voy a vender si no tengo, yo no firmé nada, pozo artesiano y eso lo que hago”, declaró al equipo de investi­gación del Grupo Nación don Buena Ventura Morínigo, quien aparece como titular de Tajy. Don Morínigo tam­bién indicó en esa oportuni­dad que el “jefe” en realidad era Robert Florentín, quien a su vez es primo de Vanessa Flo­rentín, propietaria de Vanemi.

Mismo esquema de empresa proveedora ficticia denun­ciada por Tributación es la que se dio en la administración Prieto, con sobradas eviden­cias; sin embargo, ni la Fiscalía ni la SET terminan el informe sobre la intermediación y la débil capacidad financiera del comercio al que en medio de un proceso entre parientes adjudicaron el millonario con­trato de alimentos.