El ex presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) Carlos Pereira se mostró sorprendido con la sanción aplicada por el Banco Central del Paraguay (BCP) por supuestas inconsistencias en operaciones relacionadas a Darío Messer y asegura que durante su gestión, el banco no solamente ha actuado en cumplimiento de las disposiciones locales, sino que ha efectuado complementariamente gestiones preventivas en relación al cliente y ha aplicado los filtros suficientementes de debida diligencia.

• Por Jorge Torres Romero

En una entrevista con Radio UNO 650 AM, Pereira manifestó que la obligación del banco era reportar y ahí terminaba su responsabilidad, lo cual se ha cumplido fehaciente­mente, e incluso fue com­probado por la Superinten­dencia de Bancos. Señaló que este tipo de acciones no ayudan a la imagen del país y consideró necesaria una revisión profunda, por­que podría incluso afectar al comercio exterior.

Explicó que todo esto se ini­ció el 30 de noviembre del año 2015 cuando el Banco Nacional de Fomento (BNF) había reportado dos situa­ciones de Operaciones Sos­pechosas (ROS) y que la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) en el año 2018 elevó la denuncia al Ministerio Público.

“Creo que aquí se debe des­lindar muy bien la respon­sabilidad de qué es lo que corresponde hacer como una entidad que es sujeto obligado que establece la disposición. Este sumario del Banco Central del Para­guay es un sumario admi­nistrativo con un tinte muy especial porque se hace en un momento muy posterior a la ocurrencia de hechos y al conocimiento de inspec­ciones que se han realizado sobre todo en esos momen­tos donde nosotros como política teníamos la prác­tica de deliberar incluso en el directorio con los actuan­tes, con los inspectores, para conocer qué requeri­mientos tenían, qué nece­sidad de información soli­citaban para que no quede, por falta de comunicación, ninguna documentación, ni ningún reporte que tenga que estar pendiente. Muchas veces se concluyen por falta de documentaciones y a veces la comunicación nor­malmente falla”, manifestó el ex titular del BNF.

Insistió en que la obliga­ción del banco de reportar se cumplió y ahí culmina su responsabilidad y queda atento a otras consultas, una ampliación o una aclaración del órgano contralor, que en este caso es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad quien tiene que analizar y evaluar si existen méritos suficientes para ele­var una denuncia al Minis­terio Público.

“Si el propósito de todo este proceso sumarial, de todas estas inspecciones en esos momentos, fue haber iden­tificado alguna tipología o algún hecho que pudiera salir del ámbito meramente administrativo –porque aquí se menciona una falta administrativa– si el pro­pósito hubiera sido iniciar una investigación penal de algún funcionario en parti­cular o de alguna autoridad o contra quienes los órga­nos de control creyesen que tenían alguna responsabili­dad, en ese momento entre el 2011 y el 2016 que ha sido la fracción de tiempo en la que se hicieron las inter­venciones, ya el Ministerio Público hubiera intervenido en el caso en el 2018 cuando nosotros mismos, desde el BNF, hemos hecho la denun­cia además de reportar a la Seprelad”, recordó.

Precisó que, cuando se ha intentado retirar dinero de la cuenta, ese hecho ha sido denunciado en mi adminis­tración y desde ese entonces, el Ministerio Público tuvo y tiene todos los antecedentes del caso, pero no ha hecho ningún llamado a declarar a ningún funcionario del banco y sí ha imputado y ha procesado a las personas que han tenido vinculación y que intentaron retirar los fon­dos, a quienes se les dio una salida procesal inclusive en ese tiempo. “Creo que fue en el año 2020”, agregó.

Además cabe mencionar que todo esto ha sido investigado por una Comisión Bicame­ral a la que hemos sido cita­dos todos: autoridades del Banco Central, del Banco de Fomento, empezando por mi persona. Yo he soli­citado ser llamado en esa ocasión porque no figuraba en la lista inicial, de manera que también ese informe ha sido remitido por la comi­sión bicameral al Ministerio Público y se ha solicitado la investigación penal a todas las personas que hemos sido convocados a declarar ante esa bicameral. Recuerdo que la propia fiscala que tomó el informe conclusivo de la bicameral, luego de haber leído el extenso informe, concluyó en no haber encon­trado ningún indicio de que haya habido alguna respon­sabilidad en todas las perso­nas citadas”, indicó Pereira.

Un dato no menor mencio­nado por Carlos Pereira es que el sumario es admi­nistrativo, pero, también tiene un contenido polí­tico. “En este país última­mente muchas personas se arrogan funciones investi­gativas, judiciales, opinan, juzgan, tergiversan proce­sos que son muy delicados porque estamos hablando de una entidad financiera, de una entidad bancaria. Creo que en todo momento, la misma Superintenden­cia de Bancos ha admitido suficientemente que el BNF ha efectuado no sola­mente esfuerzos numero­sos que han sido plasma­dos en todas y cada una de las diligencias detalla­das, sino también ha rea­lizado todo lo necesario en materia de mitigación de riesgo”, apuntó.

Reiteró que los fondos pro­venían de bancos del exte­rior, de primera línea, de un banco norteameri­cano y fueron remesados al país. Con ello ya se cum­plió sobradamente lo que estaba expresado en la Reso­lución 349 que regía en ese momento y que decía que cuando vienen de un banco internacional los recursos ya se asume que han pasado por los mecanismos de dili­gencia debida con relación al origen de los recursos. Sin embargo, el BNF ha solici­tado a su vez, por diligencia ampliada, al mismo banco norteamericano a que exprese de qué otro banco o país provenía. “O sea que el BNF incluso ha hecho más de lo que debía, por eso yo siempre dije que no sola­mente hemos cumplido el reporte como sujetos obli­gados, sino además acom­pañamos todo el proceso. Si hoy se concluye, luego de admitir la prescripción del plazo dentro del escenario, en que se ha llevado a cabo el sumario tardío, yo no tengo el fundamento ni la deter­minación de cómo ha sido para llegar a la conclusión de la suma que se deter­minó como multa o san­ción”, recalcó.