Las instituciones responsables deben encontrar el mecanismo de acabar con las protestas que embarran los procesos en las licitaciones de compra de medicamentos.
Es sabido que la principal causa del desabastecimiento en los hospitales proviene de la guerra entre proveedores que con despiadadas maniobras postergan la compra de los insumos, esta situación se ha vuelto insostenible, están jugando con la vida de la gente.
La serie de ataques que han mediatizado algunos políticos para pegar al Gobierno por reclamos en Salud Pública como en la previsional básicamente terminó por sacar a la luz el juego perverso de las protestas. Lejos de perjudicar la reputación de la administración estatal, lo que salió a la luz revela un robusto negocio en el que todo vale y algunos proveedores (no todos) que están muy distantes del compromiso de un servicio sanitario más eficiente.
La oscura herencia del gobierno anterior ha dejado una factura muy pesada para la actual administración estatal. Instituciones minadas de corrupción entre las cuales las del servicio sanitario han cobrado notoriedad por las carencias y los problemas a resolver.
La coalición político-mediática intentó de todas las formas aprovechar las carencias para responsabilizar de manera absoluta a este Gobierno. Sin embargo, uno de los hilos detrás de la emergencia que sufrimos todos, lleva a maniobras en las que el negocio no se apiada de la salud de la gente.
La falta de medicamentos es una de las principales dificultades en el acceso a un servicio de salud eficiente. Sin embargo, la solución para esta problemática es más compleja que cualquier instrucción administrativa autoritaria que se pudiera pensar.
Existe toda una rosca amañada detrás de la provisión de medicamentos, insumos sanitarios, servicios hospitalarios.
La estrategia sistemática consiste en protestas, muchas de ellas torcidas como para amañar procesos pasando por alto reglas y principios bien establecidos en las contrataciones públicas.
La situación se ha vuelto caótica. Hay protestas que llegan a dilatar por años la compra de medicamentos para pacientes muy vulnerables cuya vida, literalmente depende de estos insumos.
No es una cuestión solamente de burocracia estatal, sino de jugadores que embarran la cancha antes de comenzar el partido. Bien lo dijo en estos días el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) que la angurria de ciertos proveedores boicotea la gestión.
Es una rosca pequeña, no todas las empresas se dedican al apriete mediante protestas para adjudicarse contratos vía licitaciones. Sin embargo, ese grupúsculo dilata procesos y sacrifica el stock de los puestos sanitarios.
Tiene que haber alguna herramienta jurídica para sanear el mercado licitatorio. No se puede supeditar las compras del Estado a la guerra comercial entre proveedores. Si las reglas son claras, es cuestión de acatarlas; de lo contrario, esta decadencia en el abastecimiento no tendrá solución jamás.
Corresponde realizar una profunda revisión de las normativas de contrataciones públicas, pulir estadísticas y calificar a los proveedores conforme al comportamiento y respeto de las normas en cada proceso licitatorio, en todos los rubros.
No se puede seguir tolerando que el Estado esté supeditado a las maniobras de los proveedores para brindar un servicio eficiente sea en salud y otro segmento. Tiene que encontrarse una solución a este problema de larga data.