Luego de un mes de amenazas a los pobladores de Asunción, el Área Metropolitana y zonas del departamento Central, de dejar­los sin transporte público, se levantó la medida de fuerza el sábado 8 de junio por parte del Cetrapam, el gremio patro­nal que coaccionaba con la intimidación. De ese modo la huelga de transportis­tas que debía comenzar hoy y continuar hasta el jueves 13 quedó desactivada, lo cual es muy importante para los miles de usuarios amenazados. Pero la medida parece ser solo momentánea porque algunos puntos del tema de fondo no se han solucionado todavía. El transporte público, con sus numerosos inconvenien­tes para los usuarios de la zona afectada, sigue siendo un problema a resolver, una cuenta pendiente que afecta también al gobierno y hace sufrir a la ciudadanía que anda de a pie.

A principios de mayo uno de los gremios de propietarios de buses que sirve a la zona capitalina lanzó la furibunda adver­tencia de que irían al paro por tres días si no se les pagaba lo que se les debía por el subsidio gubernamental y no se contem­plaban las alzas en los costos de algunos insumos y otros gastos. La intimidación de los transportistas pegó fuerte, ya que, de cumplirse la medida, se produciría el grave trastorno para varios miles de mujeres y hombres que utilizan los colec­tivos para movilizarse diariamente.

El golpe ocasionado por el chantaje de los colectiveros también se sintió fuerte en las instancias gubernamentales, porque al afectar a un porcentaje muy impor­tante de la población constituye una ame­naza a la tranquilidad social con proyec­ciones en la estabilidad política.

Voceros del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) refi­rieron que se levantó el paro del Cetra­pam porque se había llegado a un acuerdo con los transportistas. Según el informe del organismo oficial, se dejó sin efecto la medida de fuerza y se acordó traba­jar en las mesas técnicas con el Vicemi­nisterio de Transporte y los empresarios para avanzar en los puntos que quedaron pendientes en la discusión del sector pri­vado y los representantes del Gobierno. Establecieron un plazo de 90 días para las negociaciones, “sin perjudicar a los usua­rios del transporte con la amenaza de un paro”, como señaló uno de los voceros.

Por consiguiente, los extorsionadores consiguieron en parte sus reclamos y no harán la huelga por ahora. Pero existe un plazo de 90 días para ver si se cum­plen las promesas gubernamentales y ver qué suerte les espera a los usuarios de los colectivos de esta zona del país.

Mientras tanto los organismos estata­les involucrados están estudiando un plan de reforma del sistema del trans­porte urbano de pasajeros. Se pretende hacer un abordaje completo a la situa­ción del acarreo de los ciudadanos en los buses urbanos que se quiere realizar de manera conjunta con los trabajadores del área, los empresarios y los usuarios. La idea, que es excelente, constituye una alta prioridad para la ciudadanía afectada y para toda la sociedad paraguaya que necesita encontrar soluciones adecuadas a los problemas que afectan a los habitan­tes de esta parte del país que tiene un alto índice poblacional.

Teniendo en cuenta las deficiencias en los servicios de los colectivos que trans­portan a los pasajeros de Asunción, Área Metropolitana y departamentos de Cen­tral y cercanos, con el acuerdo a que se llegó con la gente de Cetrapam no se espera que pueda mejorar sustancial­mente el servicio. Excepto lo obtenido por los extorsionadores en su apretada al Gobierno, el servicio continuará de la misma manera, con su manifiesto des­precio a los pasajeros. Si uno mira la his­toria reciente, en todas las ocasiones que los empresarios quisieron un aumento o alguna ventaja del Gobierno, amena­zaron con un paro y, automáticamente, consiguieron lo que se proponían. Lo que demuestra que el chantaje siempre fun­ciona como instrumento de presión polí­tica y económica.

Ahora va ser diferente. El Gobierno ya está estudiando una solución definitiva a la compleja realidad del transporte de pasajeros. Ese plan pedirá la colabora­ción de los usuarios, lo cual es significati­vamente importante, porque hasta ahora nunca se involucró a los clientes, que son los que con su dinero financian el servicio, y deberían ser beneficiados con medidas que mejoren sustancialmente el servicio.