Con los problemas que arras­tran las fuerzas del orden entre vicios de corrupción, limitaciones de recursos logísticos, infraestructura y personal suficiente, la lucha contra la inseguri­dad no debe escatimar inversiones. Este desafío debe seguir siendo prioritario para el Gobierno y las autoridades per­tinentes, así como se viene mostrando en estos meses con fuertes apuestas en el combate a la delincuencia.

La arraigada delincuencia no puede durar una eternidad. En algún momento acabará y los esfuerzos, las acciones que se emprendan, tendrán su impacto positivo; por tanto, no hay que escatimar recursos en el fortaleci­miento de la seguridad interna.

Los cálculos estiman el requerimiento de unos USD 100 millones en inver­siones de equipamientos y necesita­mos aumentar al menos el doble de uniformados en el objetivo de ganar en la calle a los marginales. La meta del Gobierno es llegar a los 60 mil en estos cinco años frente a los 29 mil persona­les policiales que tenemos hoy día.

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El objetivo, que parecía una utopía, viene tomando vuelo y se están inser­tando varios grupos de linces, en pro­ceso está la incorporación de 4 mil policías. Estas iniciativas devuelven de alguna manera la esperanza y per­miten aspirar a la tranquilidad que hace tanto nos arrebataron.

Hay mucha resistencia por parte de los boicoteadores de siempre sobre los trabajos y programas de seguridad ciu­dadana, ya que ello implica un fracaso importante del Gobierno. Esto quiere decir que las autoridades deben multi­plicar estrategias para que las acciones resulten exitosas.

En los primeros meses del año los reportes oficiales hablaban de aumento de cantidad de policía moto­rizada. De 600 linces y 150 motos, subió a 1.200 linces y 600 motos nue­vas. El mes pasado informaron el egreso de 500 linces que ya están siendo comisionados al departamento Central y a otros puntos del país.

La presencia policial como de los lin­ces se está expandiendo. En estos días anunciaron presencia en Pilar y todo el departamento de Ñeembucú, el sen­sible territorio de Itapúa como Amam­bay, entre prioridades de una Fuerza de Tarea Conjunta, son señales de que los trabajos van encaminándose.

Por ello es muy importante priorizar la inversión en todos los aspectos de la seguridad. La tecnología y los recur­sos humanos deben marcar acentuada presencia en las calles y demás espa­cios públicos.

La dotación de las cámaras de segu­ridad y la modernización del Sistema 911 son fundamentales para una vigi­lancia eficiente que pueda poner en evidencia a la delincuencia que debe ir mermando, de lo contrario este país no tendrá margen de oportunidades.

Este es un periodo demasiado clave para fortalecer la seguridad interna. Todos anhelamos que disminuyan la violencia y la delincuencia y esto solo será posible con la fuerza del orden fortalecida, respetada, que recupere la dignidad institucional y acceda a las garantías de un servicio en condicio­nes adecuadas, humanas.

Los ciudadanos tenemos la atribución de controlar a nuestros representan­tes, pero también tenemos la respon­sabilidad de exigir cordura a quienes buscan poner palos en la rueda siem­pre por intereses políticos antes que sociales.

En la medida que sepamos adminis­trar el consenso sobre lo prioritario y ejercer el rol de fiscalizadores en la justa medida, los efectos de los pro­gramas gubernamentales serán más positivos.

Estamos en un momento clave en el que debemos apostar voluntad y recursos necesarios en busca de la recuperación de una seguridad que nos garantice vivir en la tranquili­dad. Ya no podemos pegarnos el lujo de dar cabida a especulaciones, es el tiempo de trabajar en el país que aspiramos.

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