La aplicación del Ley Hambre Cero en las Escuelas es una de las principales prioridades del Gobierno en estos momentos. Por eso se están acelerando todos los procesos de la reglamentación y aplicación de la ley para que se la pueda ejecutar efectivamente a la vuelta de las próximas vacaciones de invierno, en julio, en los distritos más necesitados del país. Para ese entonces se comenzará a repartir la alimentación escolar básica con las formalidades de la nueva ley para que alcance a la totalidad de los niños involucrados de cada localidad y no solo a un pequeño porcentaje, como ocurría anteriormente con el sistema del derogado Fonacide.
El propósito del titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, es acelerar la aplicación de la nueva norma, porque ve la necesidad de que se la haga con prontitud, en especial para tratar de corregir la situación de injusticia social en que vive gran parte de la población del país.
La Ley 7.264/24, que establece el programa Hambre Cero en las Escuelas, se promulgó hace dos semanas. Creó el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae) y el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), que son los organismos que se encargarán de dirigir y organizar la alimentación de los 1.300.000 niños escolares de las instituciones estatales. Pero como son entidades recién creadas hace falta ponerlas en marcha con la mayor rapidez para que se pueda lograr el objetivo propuesto en el menor plazo posible.
Por eso el presidente Peña, que está apurado para dar alimentos a los escolares, presidió la primera reunión del Conae, el miércoles último. Dio instrucciones para que se reglamente rápidamente la ley y de ese modo se pueda aplicar con mayor prontitud en las escuelas. Conoce de sobra la lentitud de la burocracia estatal, por lo que está apurando los plazos y de ese modo quiere acelerar el tiempo en que los alimentos puedan llegar con la mayor celeridad a los niños de toda la nación.
La situación que se quiere revertir en forma rápida es la que todavía subsiste en muchos distritos, donde la alimentación escolar solo llega a alrededor del 15 % de los chicos. Solamente 200.000 de los 1.300.000 la estaban recibiendo. La vergonzosa realidad es inaceptable para los proyectos de las autoridades nacionales, por lo que están urgiendo la pronta aplicación de la nueva ley. Porque el propósito es que los alimentos reciban todos los niños de las escuelas estatales de la totalidad de los distritos, sin excepción.
Debido a ello el mandatario está dirigiendo las reuniones del consejo de alimentación, en forma personal, y para la próxima sesión invitó a los gobernadores departamentales e intendentes municipales de todo el país. El Conae está integrado por el Ministerio de Desarrollo Social, el de Educación y Ciencias, el de Economía y Finanzas, el Gabinete Civil de la Presidencia de la República y los gobernadores departamentales e intendentes municipales.
La intención del Gobierno es que la alimentación llegue a los alumnos de las escuelas los 180 días de clase, porque considera que tanto el almuerzo como la merienda escolar son los elementos más importantes para asegurar el aprendizaje. De acuerdo con las estimaciones oficiales, para desarrollar una buena alimentación escolar e infraestructura en los locales educativos, el Estado debe invertir el equivalente a 600 millones de dólares en estos cinco años, para cubrir los déficits que se tienen en ambos asuntos. Se considera que es imposible lograr una mejor educación sin esas inversiones.
La experiencia cotidiana ha demostrado que uno de los mayores factores de retención y de reincorporación de alumnos en las escuelas es la comida que se les ofrece. Porque como no tienen suficientes alimentos en sus hogares, por la pobreza en que viven, el recibir comida en las aulas resulta su principal atractivo para concurrir. Según el Ministerio de Educación, con la nutrición infantil apropiada no solo mejora el desarrollo de los niños, sino que además les ayuda a tener un mayor rendimiento en los estudios.
Teniendo en cuenta estos aspectos tan sensibles de la realidad del país es que las autoridades nacionales tienen como prioridad absoluta invertir cada vez más en la alimentación escolar con la aplicación de la Ley Hambre Cero en las Escuelas.