El próximo lunes 27 de noviem­bre termina la suspensión del cobro del peaje en el río Paraná que impuso ilegal­mente la Argentina. Y a partir de ese día el vecino país volverá a cobrar el impuesto a las naves que pasen por ese tramo con todo lo que ello implica en perjuicios económicos y molestias a las empresas que exportan desde Paraguay o traen mercaderías del exterior. El breve respiro que se tuvo debe servir para intensificar las accio­nes a fin de excluir esa traba que va contra las normas internacionales de libre navegación.

El 27 de setiembre pasado se había con­seguido un acuerdo con el Gobierno argentino por el que se suspendía el cobro del peaje en la hidrovía Para­guay-Paraná y las retenciones de las embarcaciones que pasaran por el sitio por un plazo de 60 días. Se había anun­ciado que en esos dos meses se evaluaría la legalidad de la tasa mencionada por parte del comité compuesto por miem­bros de varios gobiernos, que en sus ins­pecciones ha encontrado deficiencias en los trabajos realizados por el vecino país. Eso aparte de la ilegalidad medular de la traba fluvial.

Fuentes de los armadores fluviales de nuestro país refirieron que en la ins­pección técnica que se realizó reciente­mente en el tramo del Paraná afectado por el impuesto hay gran cantidad de falencias en los trabajos que los argenti­nos dicen haber realizado en la zona. La revisión que estuvo a cargo de los repre­sentantes de los países miembros de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) sirvió para constatar y documentar las deficiencias. Una de las personas que integró la delegación que realizó las inspecciones, el titular del Centro de Armadores Fluviales y Marí­timos (Cafym), Raúl Valdez, manifestó: “Estamos con una perspectiva con­cluyente que desarma la intención de Argentina de justificar el peaje por ser­vicios que ellos dicen realizaron, porque en el recorrido del tramo de la hidrovía se pudo verificar eso in situ. Encontra­mos muchas deficiencias en el sistema de navegación que no se trasladan en beneficios como quisieron argumentar”.

El empresario relató que en el recorrido nocturno por la hidrovía encontraron deficiencias muy importantes, como que todo el sistema de señalizaciones, como boyas y torres que deben servir de guía a las embarcaciones no estaban en condi­ciones adecuadas.

Hay que destacar firmemente que, al margen de lo que haya realizado o no en el Paraná, la Argentina no tiene dere­cho a poner ningún impuesto ni traba. La conclusión final del CIH no es más que una constatación que será muy útil para conocer lo realizado, pero que no incide en las garantías que rigen para la libre navegación del río. El derecho esta­blecido por las normas internacionales para que no haya trabas en la navegación del río está por encima de cualquier otro detalle. El cumplimiento de las leyes no se discute.

El Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial por la hidro­vía Paraguay-Paraná es muy claro en sus disposiciones para la libre navega­ción. En su artículo 5 dice: “Sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gra­vamen, tributo o derecho sobre el trans­porte, las embarcaciones o sus carga­mentos, basado únicamente en el hecho de la navegación”. Lo que quiere decir que Argentina ni ningún otro país fir­mante de esta norma puede poner peaje como ha puesto, sin acuerdo previo de las naciones involucradas.

En el mismo documento se consigna que: “Los países signatarios se recono­cen recíprocamente la libertad de nave­gación en toda la hidrovía de las embar­caciones de sus respectivas banderas, así como la navegación de embarcaciones de terceras banderas” (Art. 4). Si se reco­noce la libertad de navegación en toda la hidrovía, no se puede impedir la circu­lación de las naves por no haber pagado peaje ni ningún canon ilegal. Para el cumplimiento de esta norma no inte­resa si la Argentina haya hecho obras o no, porque el acuerdo es bastante claro y contundente en ese punto.

La postura del Gobierno nacional es muy precisa sobre el peaje en la hidrovía: no corresponde y, por consiguiente, hay que eliminarlo. Por eso debe insistir con sus acciones legales, como el arbitraje, hasta la solución definitiva del caso.