El gigantismo estatal que seguimos teniendo no tiene sentido, pues es inadmisible que en un país pequeño como el nuestro tengamos que seguir con más de 350.000 funcionarios públicos para apenas 6 millones de habitantes.

Un despropósito total en pleno siglo XXI, donde la tecnología y digitalización de los procesos están presentes día a día en todos los ámbitos, urgiendo que nos reinventemos, adoptando una actitud innovativa, creativa y pragmática, si pretendemos reestructurar el Estado paquidérmico, obsoleto y desfasado de hace décadas.

La gran mayoría de las instituciones públicas (ministerios y secretarías ejecutivas), dentro de la plantilla de personal siguen teniendo a funcionarios que no aportan valor agregado desangrando cada vez más los recursos generados por el fisco.

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Hace poco, Fernández, del MEF, había dicho que se logró reducir en un 10 por ciento los recursos provenientes de impuestos para el pago de sueldos y otros beneficios.

Todo bien, pero de qué valdría que la participación relativa de los gastos rígidos disminuyan si en contrapartida no se hace la racionalización que se necesita manteniendo el capital humano estrictamente necesario en función a la estructura organizacional, visión y misión de cada entidad.

Es responsabilidad del Viceministerio de Capital Humano (ex-SFP) hacer un relevamiento global con profesionalismo visualizando quiénes son los que trabajan y producen y quiénes no aportan valor añadido, ya que urge reducir la excesiva superpoblación, eliminando el prebendarismo y clientelismo que antes que un beneficio perjudica y dificulta la concreción de objetivos y metas.

Javier Milei, en la Argentina, ha ganado miles de detractores, puesto que se ha propuesto hacer “una barrida” de los que recibían salarios, pero no aportaban beneficio alguno. Estamos hablando de no menos de 100.000 funcionarios a nivel país desvinculados hasta ahora. Una decisión correcta y también aplicable y necesaria aquí.

No podemos “darnos el lujo” de gastar más de lo que se genera como ingresos genuinos, incrementando el déficit fiscal.

Las acciones realizadas no fueron aún suficientes para reducir esa superpoblación, responsable del mayor porcentaje mensual erogado en gastos rígidos, en plena era de la tecnología donde todo lo tenemos al alcance de un click, pudiendo con no más del 60 por ciento de la plantilla global actual las entidades seguir funcionando satisfactoriamente.

A nivel país tenemos urgentes necesidades en salud pública, calidad educativa y obras de infraestructura que ameritan importantes montos en inversiones.

Precisamos conocer y manejar los conceptos primarios de la administración de empresa moderna, los que junto a gente con talento, capacidad e inteligencia podrán coadyuvar a un manejo mucho más pulcro y eficiente de nuestro Presupuesto General de la Nación (PGN).

Necesitamos de personas idóneas y capaces que puedan contribuir a brindar a nuestra gente el servicio de calidad que se merecen, eliminando la burocracia que nos caracteriza, siendo reversible siempre y cuando exista la voluntad y visión de futuro, dado que la excesiva cantidad de funcionarios no se observa solo a niveles medio-bajo, sino también a niveles gerenciales y que ameritan una urgente racionalización.

Eliminemos sin fanatismo de una vez por todas “lo que sea grasa” apuntando a la excelencia, que será bien visto por los potenciales inversionistas extranjeros que desean radicar sus capitales y generar nuevas fuentes de trabajo en nuestro país.

Cuando salimos al exterior observamos de cerca el uso intensivo de los avances tecnológicos.

No nos reportará beneficio alguno quedarnos como simples observadores y admirarlo si no nos esforzamos para que la transferencia de tecnología a toda la estructura organizacional del Estado pueda ser real y tangible, pero solo posible con personas que no le teman al cambio dejando de lado la excesiva rigidez estructural que nos caracteriza.

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