La estafa a la que me refiero consiste en el pago por los aportes que realizan los trabajadores activos a los nuevos jubilados, situación que ocurre debido al modelo de reparto, precisamente sobre el que se asienta el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras cajas jubilatorias estatales.

Muchas de esas cajas ya están en quiebra. De ahí que la iniciativa del actual Poder Ejecutivo fue oportuna y correcta. La ley aprobada el año pasado de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones fue un avance importante. No obstante, hay que dar el siguiente paso.

El modelo de reparto debe cambiarse. Y si bien a la fecha funciona dada la relación de 7 a 3 de aportantes y jubilados, respectivamente, esta situación irá cambiando de aquí a no más de diez años, tiempo tras el cual el mismo sistema jubilatorio del IPS colapsará.

No es consistente en el tiempo y mucho menos “solidario” un sistema por el cual los trabajadores más jóvenes paguen a los ya jubilados. La caja común a la que se destinan los haberes jubilatorios hará que aquellos que ahora están aportando no lleguen a beneficiarse por sus esfuerzos que a diario hacen en sus respectivos puestos de trabajo.

Llegará una etapa, por ende, en que la cantidad de dinero que extraen los jubilados será superior a la cantidad de dinero que aportan los trabajadores por una sencilla razón. Por cada año que transcurre existe más gente jubilada en relación con la cantidad de aportantes que ingresa al sistema.

Resulta, por lo demás, un contrasentido económico y jurídico que los empleadores no puedan también acogerse a los beneficios de la previsional, ya sea de la atención médica o la misma jubilación.

Sobre este último punto en particular, se dice que la formalización de los sectores que hoy no aportan podría corregir este problema. No es así. Podrá disminuir el dolor, pero continuará la enfermedad hasta que nuevamente volverá y será peor, lamentablemente es así y de ahí de tomar en cuenta esta situación.

El colapso de este modelo, en efecto, no podrá ser impedido mediante la formalización de las empresas puesto que, si bien podrían aumentar los ingresos por el aumento de nuevos cotizantes, ello no implica un cambio de fondo en el actual sistema de reparto.

El problema acuciante es el modelo de reparto que, de modificarse, definitivamente puede convertirse en un poderoso incentivo para lograr la tan necesaria formalidad.

Por cierto, se escucha decir con insistencia que el actual modelo jubilatorio es solidario. Esto no es cierto, al menos si solidaridad significa ayudar a mi prójimo, pero no dañando a otros.

¿De qué solidaridad o de “justicia social” puede hablarse cuando se niega a la gente disfrutar en el futuro por sus largos años de dedicación laboral? ¿De qué solidaridad o justicia social puede mencionarse si el dinero empieza a faltar para pagar y luego se dispone del dinero de los demás vía nuevos impuestos o subiendo los ya existentes?

Una sociedad que pretenda respetar los derechos humanos que, por cierto, no son más que los derechos de los individuos, debe garantizar la libertad de elección, en este caso de trabajadores y empleadores.

La propia Constitución Nacional exige romper con el modelo del IPS en razón del artículo 95. Deben ser las personas las que elijan de acuerdo a sus propias decisiones dónde y a qué lugar aportar parte de sus ingresos para su posterior retiro. El costo social de seguir prorrogando ciertas reformas como la mencionada lo único que hace es mantener privilegios y perpetuar una estafa que debe terminar.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.