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Ciudad de México

La estrategia de seguridad del presidente mexicano no está funcionando. La balacera en las calles de la ciudad mexicana de Culiacán mostró, una vez más, la historia del crimen organizado contra un Estado desorganizado. Todo comenzó con un intento por parte de los soldados y otras fuerzas del orden de arrestar a un sospechoso de alto perfil: Ovidio Guzmán López. Su padre, Joaquín (también conocido como el “Chapo”), fue el líder del cartel de Sinaloa y en la actualidad cumple una condena a cadena perpetua en una prisión estadounidense. Se presume que el “Chapo” Jr. lidera una facción del cartel junto con su hermano.

Sin embargo, el 17 de octubre, poco después de que las fuerzas de seguridad lo capturaran, llegaron los refuerzos del negocio familiar. Las balas retumbaron por toda la ciudad y varios camiones fueron incendiados, mientras los civiles corrían con sus hijos en brazos. Al menos 14 personas murieron. Superados en número, los soldados dejaron ir al “Chapo” Jr.

Este tipo de fracaso es nuevo. Las balaceras han sido habituales desde el 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón movilizó al Ejército para combatir a las bandas del narcotráfico. El Estado ha sufrido su cuota de humillaciones, entre ellas el escape del “Chapo” de una prisión mexicana en el 2015. Sin embargo, nunca antes el gobierno se había doblegado de manera tan pública ante el poder de los mafiosos.

El despliegue de apenas 30 soldados sin un perímetro asegurado ni apoyo aéreo sugiere que la operación en Culiacán, capital de Sinaloa, estuvo mal planificada. Para empeorar las cosas, durante el caos, unos 50 reclusos se escaparon de una prisión cercana. Al final, el gobierno afirmó que su estrategia, basada en rendirse, había evitado una masacre.

El incidente en Sinaloa reveló mucho sobre las políticas confusas de Andrés Manuel López Obrador, el presidente populista de México, para lidiar con el flagelo de la violencia. López Obrador se queja de las décadas de estancamiento económico que, según él, han forzado a los pobres a recurrir a la delincuencia. Además, se muestra escéptico al momento de usar la fuerza para combatir a los delincuentes.

El 20 de octubre, López Obrador, comúnmente conocido como AMLO, afirmó que los presidentes anteriores “convirtieron a México en un cementerio” al “querer apagar el fuego con el fuego”. Sus planes contra la delincuencia se sustentan en una combinación de ayuda social a la juventud, medidas drásticas contra la corrupción y una nueva Guardia Nacional con 60.000 funcionarios. También ha mencionado la posibilidad de legalizar el cannabis y otras drogas. “Piensen en sus madres”, le pide a los jóvenes que consideran una vida delictiva. No es suficiente.

En abril, el presidente predijo que, con su fórmula, los homicidios se reducirían en seis meses. Sin embargo, el número de asesinatos por mes se ha incrementado desde entonces. Es probable que la cifra total de este año supere los 33.000 del año pasado, el número más alto alguna vez registrado.

Es posible que ni AMLO ni Alfonso Durazo, su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hayan autorizado la redada fallida en Culiacán. El que lo hizo podría haber estado buscando un trofeo. Ese habría sido el primer gran logro de la Guardia Nacional del presidente, que se creó este año. Estados Unidos, que ha solicitado la extradición del “Chapo” Jr. por cargos de narcotráfico, y está ansioso por conocer el paradero del botín de 13.000 millones de dólares del “Chapo”, quizás haya presionado a México para que efectuara el arresto. Como sea que se haya originado, la debacle dejó claro, según David Shirk, académico de la Universidad de San Diego, que el gobierno no está dispuesto a gastar mucho dinero en capturar narcotraficantes de alto nivel.

Sin control, las bandas cometerán delitos como la extorsión, instigarán la corrupción y aterrorizarán a los ciudadanos. Sin embargo, su mera existencia no debería disparar la cantidad de asesinatos. La tasa de homicidios tiende a incrementarse cuando el poder de un cartel es amenazado por el Estado, un rival o por presiones de organizaciones de la sociedad civil. Los carteles defienden su negocio con la fuerza. Casi cualquier intento estatal por limitar a las bandas corre el riesgo de detonar un incremento de la violencia.

Ser flexible con los carteles, como lo estaba haciendo AMLO antes del tiroteo en Culiacán, pareciera ser la táctica más sencilla para los gobiernos que quieren reducir la violencia. En 2012, en El Salvador, el gobierno negoció en secreto una tregua entre pandillas que redujo a la mitad la tasa de asesinatos. Incluso durante el gobierno de Calderón, hostil con el crimen organizado, la enorme mayoría de los apresados fueron rivales del cartel de Sinaloa, lo que despertó la sospecha de que lo que se buscó fue darle al “Chapo” un monopolio pacífico. La estrategia de los presidentes anteriores a AMLO de eliminar capos, causó pugnas internas ya que los posibles herederos se mataban unos a otros para ocupar los tronos vacantes. Las pandillas divididas consiguieron nuevas líneas de trabajo, como por ejemplo el robo de combustible, y se esparcieron por todo el país.

AMLO pudiera estar apostando a un acuerdo implícito mediante el cual el Estado y los grupos criminales mantengan un trato gentil, mientras se gana tiempo para que la erradicación de la pobreza logre su magia pacificadora. Bajo esa teoría, la operación de Culiacán fue una desviación de su estrategia en vez de un ejemplo. Pero los pactos pueden salir mal. Cuando la tregua en El Salvador se derrumbó, la tasa de homicidios alcanzó un nivel alto al que no había llegado antes.

Lo que preocupa es que la debacle de Culiacán pueda darle el mensaje a los carteles de que si amenazan con derramar suficiente sangre, el Estado siempre se doblegará a su voluntad. AMLO les ha dado el incentivo para que sean más violentos e irracionales cuando se sientan amenazados.

Incluso si la tasa de homicidios disminuyera porque el gobierno decide atacar a los carteles de maneras menos agresivas, hay pocas razones para esperar un triunfo del plan de AMLO que busca debilitarlos. El presupuesto de México en materia de seguridad está muy por debajo del de otros países latinoamericanos en relación a su producto interno bruto. El remedio milagroso del presidente contra el reclutamiento –rápido crecimiento económico– no está funcionando muy bien. Según Alejandro Hope, analista de seguridad, esta Guardia Nacional está compuesta en su mayoría por soldados entrenados para combate, no para vigilancia. No siempre van a las zonas más violentas. Una décima parte de la fuerza está capturando inmigrantes para complacer al presidente Donald Trump.

Según Hope, el plan contra la delincuencia de AMLO “no es una estrategia general para mejorar el orden público”. Factores estratégicos como elevar la calidad de las fuerzas policiales locales y estatales, y fortalecer el poder judicial, no están presentes.

El “Chapo” Jr. acababa de ser liberado cuando las redes sociales empezaron a inundarse con “narcocorridos”, canciones halagadoras sobre mafiosos que muchas veces narran el osado escape de su padre. “El gobierno que imprudente al niño fue a despertar”, dice una de ellas. “Ahora ya lo despertaron y ya no saben qué hacer”. Es la misma canción de siempre, con algunos pequeños cambios.