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Justo cuando el gobierno pierde una moción de censura, Venezuela tiene la mira en el mar.

Todo parecía indicar que este año le traería esperanza a Guyana, el segundo país más pobre (después de Bolivia) de América del Sur. A principios del próximo año, se espera que comience a extraerse petróleo de amplias reservas en mar abierto descubiertas por un grupo encabezado por la petrolera estadounidense Exxon Mobil Corp. Para el 2025, calcula que se extraerán 750.000 barriles al día. Una producción así tendría un valor de 15.000 millones de dólares al año a los precios actuales, el cuádruple del producto interno bruto actual de Guyana. Esta inesperada fortuna para el gobierno podría transformar la vida de los 750.000 habitantes de Guyana.

Sin embargo, un acontecimiento político le ha dado un giro a esta trama. El 22 de diciembre, el gobierno del presidente David Granger perdió una moción de censura debido a que un legislador de su coalición decidió rebelarse. Ahora, de conformidad con la Constitución, deben celebrarse elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de tres meses. Hasta ahora, no se ha fijado fecha.

Es muy probable que el partido que se encuentre en el poder cuando comience a ingresar el dinero permanezca ahí. El partido de Granger, el Congreso Nacional del Pueblo, formado en su mayoría por miembros afroguyaneses, espera ocupar el cargo en la fecha normal de elecciones, en agosto del 2020. Su rival principal es el Partido Progresista del Pueblo (PPP), dominado por guyaneses de ascendencia india, cuyos ancestros llegaron al país contratados para trabajar en las plantaciones de azúcar. Este partido, que duró casi 23 años en el gobierno, hasta el 2015, espera regresar al poder antes de la bonanza petrolera. En algunas elecciones locales celebradas en noviembre, obtuvo el 61 por ciento de los votos.

La moción de censura fue toda una telenovela. Charrandas Persaud, el diputado indoguyanés que acabó con la mayoría que tenía el gobierno por un voto cuando se cambió de bando, no dio ninguna señal de advertencia. De haberlo hecho, el líder de la coalición que se encuentra en el gobierno podría haberlo expulsado antes. Persaud huyó a Canadá, donde permanece en este momento.

El ministro de Seguridad Nacional lo acusó de aceptar un soborno, pero no presentó ninguna prueba para respaldar sus acusaciones. Después de la reunión del Parlamento el 3 de enero, es posible que el gobierno presente otra moción de censura y sustituya a Persaud con otro diputado para la votación. El dirigente del PPP, Bharrat Jagdeo, quien fue presidente de Guyana de 1999 al 2011, afirma que el Parlamento solo puede reunirse para organizar las elecciones.

Esta situación deja a la más reciente potencia petrolera sudamericana en el limbo. Independientemente de la fecha en que se celebren, las siguientes elecciones podrían ser las más amargas en la historia de Guyana. El PPP ha puesto en duda la neutralidad del presidente de la Comisión Electoral, James Patterson. El gobierno no lo seleccionó de una lista de candidatos propuestos por la oposición en el 2017, como se acostumbra. Jagdeo, que no puede postularse, convocó la participación de observadores internacionales para monitorear las elecciones.

Venezuela, una dictadura socialista cuya economía va en declive, ha aprovechado la confusión para reiterar una antigua reclamación sobre las aguas de Guyana donde están los depósitos de petróleo, así como dos terceras partes de su territorio. Guyana remitió el caso a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El 22 de diciembre, en aguas de Guyana, un buque de la armada venezolana “interceptó” amenazadoramente a un barco de inspección sísmica contratado por Exxon Mobil. Estados Unidos, el Reino Unido y la Comunidad del Caribe criticaron las acciones de Venezuela. Si hay un tema en el que todos los guyaneses están de acuerdo, es que su deteriorado vecino no debe adjudicarse su futura riqueza petrolera.