La solidaridad regional no debe estar por encima de la defensa del pluralismo. Cuando Bill Clinton convocó la primera Cumbre de las Américas en Miami, en 1994, quiso celebrar el compromiso compartido de los 34 países del hemisferio con la democracia y el libre comercio (todos, claro, excepto Cuba, el país número 35, que no fue invitado). En la séptima cumbre, celebrada en Panamá en el 2015, prevaleció la solidaridad regional. Ante la insistencia de América Latina, Cuba fue invitada y Raúl Castro se sentó con Barack Obama, consolidando la distensión diplomática.
Así que fue un gran paso diplomático cuando el mes pasado el gobierno de Perú, el anfitrión de la octava cumbre (programada para el 13 y 14 de abril), anunció que retiraría la invitación a Venezuela y le negaría la entrada al presidente Nicolás Maduro. Perú actuó en nombre del "Grupo de Lima", una asociación ad hoc de 14 naciones, que incluye a la mayoría de los países latinoamericanos y rechazó la decisión de Maduro de celebrar una elección presidencial simulada el 22 de abril. América Latina vuelve a darle prioridad a la defensa de la democracia. ¿Puede hacerlo de manera consistente y efectiva?
Si la democracia es el criterio de participación (como se acordó en la reunión de Quebec en el 2001), ¿por qué no excluir a otros países? Ni Cuba ni Nicaragua deberían calificar. Posiblemente tampoco Honduras. Después de haber eliminado de manera dudosa la prohibición a la reelección, Juan Orlando Hernández, un conservador cercano a Estados Unidos, ganó un segundo mandato como presidente en noviembre, en una elección que, según la oposición y los observadores externos, estuvo amañada. Los legisladores de su partido se otorgaron carta blanca para robar recursos públicos, desintegrando una misión anticorrupción auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero el fraude electoral no fue del todo evidente en Honduras. Hernández debe recibir una advertencia, pero no ser excluido. Venezuela sigue siendo el caso más dramático de regresión democrática en América Latina. Su descenso al caos económico, la miseria humana y la dictadura es de una gravedad sin precedentes.
El régimen de Maduro dejó de publicar muchas estadísticas. Una encuesta de tres universidades publicada el mes pasado reveló que existe desnutrición generalizada entre la población; el 87 por ciento de los encuestados eran pobres y el 61 por ciento, extremadamente pobres. Esos porcentajes están muy por encima de los promedios latinoamericanos del 31 por ciento y el 10 por ciento respectivamente, y deberían avergonzar a todos los que elogiaron a Hugo Chávez, el fallecido mentor de Maduro, como un modelo anticapitalista. La encuesta estima que 815.000 venezolanos han emigrado desde el 2012, la mayoría en los últimos dos años. Su llegada a otros países sudamericanos está empujando a la región a actuar.
Después de debilitar a la oposición mediante el encarcelamiento o represión de sus líderes y la intimidación (incluida la tortura) de sus activistas, Maduro ahora está tratando de consolidar su dictadura adelantando las elecciones presidenciales, previstas para finales de este año. Dado que el gobierno rechaza las condiciones para una competencia libre y justa, la coalición opositora dice que boicoteará los comicios del próximo mes. En esas circunstancias, "muchos países de América Latina no reconocerán el resultado como legítimo", afirmó el presidente panameño, Juan Carlos Varela.
El 23 de febrero, la OEA, que integra a todos los países excepto a Cuba, aprobó una resolución similar a la del Grupo de Lima. Pero lo hizo solo con una mayoría mínima. El régimen de Venezuela todavía tiene algunos aliados (y clientes entre los gobiernos del Caribe, que reciben petróleo barato). Algunos de ellos pueden boicotear la cumbre de Lima como expresión de solidaridad.
¿Qué posibilidades hay de que la acción de los vecinos de Venezuela logre resultados? "Este es el momento de la mediación (en Venezuela), pero tienen que participar todos, América Latina, Estados Unidos y Europa", opinó César Gaviria, ex secretario general de la OEA. La prioridad debe ser una elección libre y justa. De lo contrario, la región tendrá que aumentar la presión.
El ostracismo es un comienzo. Resultó claro que hirió el orgullo del régimen en el 2016, cuando la ministra de Relaciones Exteriores trató de colarse a una reunión del grupo comercial Mercosur, de la cual se había suspendido a su país. Las naciones latinoamericanas deberían seguir el ejemplo de Estados Unidos y la Unión Europea e impedir que los líderes del régimen los visiten, además de confiscar sus bienes, que provienen del expolio. También deberían demandar que la oposición, dominada por facciones, se una bajo un solo liderazgo.
América Latina tiene muchos desacuerdos con Donald Trump, pero el antiimperialismo no debe anteponerse a la defensa de la democracia y los derechos humanos, como argumenta Venezuela. Tampoco la tradición de la no intervención ni la insistencia en la inalcanzable unanimidad regional. Eso significa que la OEA quizá no sea el vehículo diplomático correcto. Más bien, el Grupo de Lima debería convertirse en una coalición abierta, cuyos miembros estén dispuestos a tomar las medidas políticas necesarias para devolver a Venezuela a la democracia y evitar un desastre humanitario.