La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

• Jimmi Peralta
• Fotos: Gentileza/Archivo

El 12 de junio de 1935 fue firmado en Buenos Aires el protocolo de paz que dio por terminadas las acciones bélicas que enfrentaron a Paraguay y Bolivia desde 1932. Los historiadores Erasmo González y Herib Caballero Campos cuentan los pormenores de las arduas negociaciones y el contexto en el que se desarrolló el conflicto entre ambos países por la posesión del Chaco Boreal.

Luis Alberto Riart y Tomás Elío, cancilleres de Paraguay y de Bolivia, respectivamente, fueron los encargados de refrendar el documento para poner fin a las hostilidades entre ambas naciones mediterráneas, que se disputaron una salida fluvial al mar y sufrieron la falta del vital líquido durante varios tramos de la contienda, lo que infligió múltiples sufrimientos además de los propios de toda guerra.

A 90 años del histórico acuerdo, se celebra la hermandad entre pueblos que, si bien tienen amplias fronteras en común, en gran parte siguen separados por el gran territorio chaqueño.

La guerra del Pacífico (1879-1884) cercenó territorialmente a Bolivia y lo despojó de 120.000 km2 de superficie y 400 km de litoral marítimo. Este fue un momento clave que provocó que el Chaco paraguayo entrara en los planes estratégicos del país del altiplano.

En Bolivia, con la pérdida de su costa sobre el océano Pacífico en la guerra que tuvo contra Chile, desplazaron hombres para irrumpir en el Chaco fundando fortines, al tiempo que los tratados se realizaban, pero no se solucionaron las diferencias territoriales.

“Las incursiones generaron tensiones al punto de que en febrero de 1927 es muerto en el fortín Sorpresa el teniente paraguayo Adolfo Rojas Silva. A partir de ese episodio el conflicto contra Bolivia se desarrolló en un ambiente en el que amplios sectores de la ciudadanía paraguaya reclamaban mayor presencia del Estado paraguayo en el Chaco. Desde el llamado a la movilización en diciembre de 1928 luego del ataque de tropas paraguayas al fortín Vanguardia, donde los bolivianos fueron desalojados, la crisis diplomática afloró con la expulsión de sus respectivos representantes diplomáticos que cumplían funciones en ambos países”, explica Erasmo González, doctor en historia.

El 23 de octubre de 1931, registrado como un ícono del reclamo ciudadano por la protección del Chaco, quedó en la memoria por la masacre de manifestantes estudiantiles en los jardines del Palacio de Gobierno, que estaba ocupado entonces por el presidente José P. Guggiari.

“Lo sucesivos gobiernos paraguayos venían realizando una prudente campaña de reforzar y dotar de mayor armamento al Ejército, que se inició con las reformas realizadas por el presidente Eligio Ayala. Durante su gobierno se mandaron comprar armas e incluso las dos cañoneras adquiridas de Italia: El Paraguay y el Humaitá”, indica González.

“En los últimos años han sido varias las investigaciones históricas académicas que han permitido comprender el esfuerzo del Estado paraguayo para armar al país. Efectivamente, sin un préstamo internacional se pudo comprar armamento moderno y capacitar a los jefes y oficiales para enfrentar el conflicto a partir de los planes consensuados entre el Gobierno y los jefes del Ejército en agosto de 1924”, explica, por su parte, el historiador Herib Caballero Campos.

A pesar de estos esfuerzos, en comparación con el despliegue boliviano Paraguay se encontró con una preparación un tanto menor en efectivos y en armamento para el inicio de las hostilidades.

“La contienda se inició con la toma boliviana en Pitiantuta, casi al mismo tiempo en que el doctor Eusebio Ayala asumía la Presidencia. Era una etapa difícil e incierta, pero el presidente tuvo el tino de apostar por José Félix Estigarribia para el mando del Ejército. La estrategia del comando paraguayo de llevar la guerra al interior de la región chaqueña fue fundamental. Los bolivianos incursionaron en un territorio adverso por las condiciones naturales del territorio, alejados de donde existía agua; además, considerablemente lejos de su puesto logístico”, refiere González.

“La utilización del idioma guaraní por orden general del comandante Estigarribia fue estratégica para comunicarse y despistar a los enemigos con códigos que los jefes oficiales y los soldados paraguayos podían entender. Además, servía para identificarse entre paraguayos si se encontraban en un lugar determinado, evitando confusiones que podían llevar al enfrentamiento entre los mismos”, agregó.

La primera mitad del siglo XX en Paraguay se caracterizó por un sinfín de tragedias internas a consecuencia de la inestabilidad política con revoluciones, golpes de Estado, exilios, atropellos, proscripciones y muerte. La hegemonía liberal había arrancado en 1904, pero tanto los conflictos dentro del propio partido de gobierno como las confrontaciones con la oposición impedían el desarrollo de un proyecto nacional.

“En el contexto de la guerra se había generado una tre­gua política. Según se esta­bleció por leyes aprobadas por el Congreso, se reprimió a los sectores socialistas y comunistas que eran anti­guerreristas, pues conside­raban que la guerra del Chaco era una guerra imperialista. Asimismo, importantes jefes políticos de los dos partidos tradicionales se moviliza­ron o apoyaron al gobierno de Eusebio Ayala”, señala Caballero Campos.

“El territorio chaqueño no conoció diferencias políticas entre los combatientes para­guayos. Diferentes sectores de la sociedad acudieron al llamado: campesinos, obre­ros, estudiantes y con ellos artistas, poetas, intelectua­les, choferes, deportistas, enfermeras y médicos. Con ese esfuerzo mancomunado se pudo sobrellevar la guerra con el acompañamiento de las mujeres, que realizaron diferentes actividades tanto en retaguardia como en el frente. Se destaca la labor de las madrinas de guerra como apoyo emocional para el sol­dado combatiente”, explica González.

A renglón seguido, destacó la unidad que se logró en el Paraguay durante la guerra a pesar de las diferencias que lo sepa­raban anteriormente.

“En general hubo un gran acompañamiento. Las personas hacían donaciones para las viudas y huérfanos de guerra; la Legión Civil Extranjera, conformada por miembros del comercio y la industria que eran de ori­gen extranjero, colaboró con varias acciones para paliar las necesidades más urgentes. La Junta Nacional de Aprovisionamiento era una entidad gestionada por el Estado con fuerte colabo­ración de sectores privados, que proveían los alimentos básicos a las familias de los soldados combatientes que no tenían otros recur­sos para subsistir. La Cruz Roja Paraguaya, liderada por el Dr. Andrés Barbero, donó un avión ambulancia, así como también realiza­ron varias actividades para recaudar fondos, como el partido de fútbol en Buenos Aires en el que jugó Arse­nio Erico, que finalmente fue fichado por el Indepen­diente de Avellaneda”, citó Caballero Campos.

En el contexto de una guerra con fuertes bajas para ambos bandos, la vía diplomática no estuvo clausurada. Esto a pesar de que Paraguay fue sancionado por la Sociedad de Naciones (antecedente de las Naciones Unidas) por haber sido declarado país agresor.

“El grupo mediador lide­rado por el gobierno argen­tino del general Juan B. Justo fue el impulsor de abrir una negociación con el apoyo de los demás gobier­nos de la región, pero el último actor clave en sumarse y muy nece­sario fue el gobierno del Brasil, cuyo presidente Getulio Vargas visitó Buenos Aires en mayo de 1935, dando su acuerdo para que se impulse un alto al fuego en el infierno verde del Chaco”, comenta Caballero.

“De una posición defensiva en los primeros meses del conflicto, Paraguay pasó a la ofensiva en 1934 logrando recuperar territorios que los bolivianos fueron ocupando. Para 1935 ya había cruzado el río Parapití. Sin embargo, no debemos olvidar que todo esto significó sacrificios humanos de padecimientos por sed, pestes, heridas, traumas emocionales, muerte y angustia por la distancia de los seres queridos. Para 1935 los recursos se extremaron. Cada día de combate repre­sentaba un gran costo para el país, por lo que la gestión diplomática también fue ardua”, apunta González.

En este sentido, fue des­tacado el rol del canciller argentino Carlos Saave­dra Lamas en el contexto de las negociaciones diplo­máticas, quien fue reco­nocido con el Premio Nobel de la Paz en 1936 por su mediación en este conflicto y por haber inspirado un tratado antibélico que lleva su nom­bre.

“Las nego­ciaciones comenzaron en mayo de 1935. Primeramente, el grupo mediador se reunía con cada canciller por sepa­rado. El Paraguay desde un principio estaba conteste en general con los términos del documento propuesto por los mediadores, pero Bolivia pretendía esperar el resul­tado de su contraofensiva, que fue detenida exitosamente por el Ejército para­guayo en la batalla de Ingavi, el 8 de junio de 1935. En ese sentido, ya el 11 se anunciaba en los medios de prensa asun­cenos que se había acordado entre los países un alto al fuego, pero se estaban aún ultimando los detalles del documento final”, explica Caballero Campos.

De su parte, González subraya que el pro­tocolo se firmó en un momento en el que ya no se podía continuar con la guerra por la dificultad para obtener recursos y el agotamiento de los combatientes. Por ello, de alguna forma la firma del protocolo de paz del 12 de junio era el camino obli­gatorio.

“Ya en los últimos meses de la guerra, el cansancio, la hos­tilidad de la naturaleza en el alto Chaco, el revés en las estribaciones andinas hicie­ron que la mayoría de la tropa paraguaya ya se encuentre agotada y agobiada, según se puede deducir de varios tes­timonios. Además, las arcas del Estado paraguayo ya esta­ban exhaustas luego de casi tres años de guerra. Por ello, el alto al fuego al mediodía del 14 de junio de 1935 (día en que se festeja la Paz del Chaco en Bolivia) fue celebrado por todos los combatientes, pues era algo que se anhe­laba en ambos ejércitos ”, agrega Caba­llero Cam­pos.

En agosto de 1935 se rea­lizó el desfile de la victoria en Asunción, pero el país estaba con una economía extenuada, con la producción mayormente a cargo de ancianos, niños y mujeres. Todo esto fue terreno fértil para que afloren de nuevo las des­avenencias, los golpes de Estado, revoluciones, per­secuciones e inestabilidad política.

El Tratado de Paz, Amis­tad y Límites definitivo se rubricó el 21 de julio de 1938. El documento final fue fir­mado por Cecilio Báez y José Félix Estigarribia por Paraguay, y Eduardo Díez de Medina y Enrique Finot por Bolivia. El acuerdo fue refrendado por un referén­dum, que se realizó el 15 de agosto de ese año y tuvo una aprobación del 91 %.

En octubre de 1938, en cum­plimiento de una de las cláu­sulas del tratado, se abrió una Comisión Mixta Demarca­dora de Límites para señali­zar la frontera en el terreno, que dio por concluidas sus tareas en 2007.

Por ello, recién en abril de 2009, con firma de Evo Morales por Bolivia y de Fernando Lugo por Para­guay, se oficializó el acta de cumplimiento y ejecución del mencionado tratado.

A poco de cumplirse el cente­nario de esta epopeya, la más grande del siglo pasado en el continente, que dejó cerca de 100.000 bajas, el vínculo entre ambos países sigue en parte separado por aquel territorio hostil.

“Evidentemente el Chaco hasta hoy en día es una barrera para que se dé ese relacionamiento más cercano entre bolivianos y paragua­yos. Hoy la ruta Bioceánica es una oportunidad para mejo­rar esa integración, pero el Chaco aún hoy es un territo­rio despoblado, con muchas carencias y una necesidad de recibir políticas públi­cas que aseguren la edu­cación, la salud y la movi­lidad a las poblaciones chaqueñas, tanto origi­narias como a las demás que habitan dicho terri­torio”, concluyó Caba­llero Campos.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitaron canales de comunicación para los paraguayos que se encuentran en zona de conflicto bélico en Israel, tras el contraataque de Irán. Irán respondió con misiles en el marco de la escalada de la región luego de que las fuerzas israelíes hayan realizado bombardeos en varios puntos militares iraníes.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la Embajada del Paraguay en Israel ha tomado las medidas de seguridad para resguardar a los funcionarios y está en permanente contacto con los compatriotas residentes para asistirlos”, refiere el comunicado emitido por la Cancillería paraguaya.

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Para los contactos de connacionales que requieran de asistencia de la representación diplomática, fueron habilitados números telefónicos para comunicar la situación o el pedido de asistencia. “Para situaciones de emergencia se habilitaron las líneas: +972 50 354 2379 (Israel) +595 985 848 852 (Paraguay)”, señalan desde RR. EE.

En este momento, una delegación de intendentes paraguayos se encuentra en Israel a la espera de una alternativa para regresar a Paraguay. Se trata de los intendentes Felipe Salomón (San Lorenzo),Cinthia Cabañas (Paso Horqueta), Fernando Ramírez (Pilar), José Resquín (Independencia), y Claudio González, miembro de la Junta Municipal de Saltos del Guairá.

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El diputado Rodrigo Gamarra también se pronunció ante el pedido de la Fiscalía de desestimar la causa en contra del expresidente Horacio Cartes, impulsada por el exministro abdista, Arnaldo Giuzzio. El legislador sostuvo que finalmente la verdad sale a la luz luego de años de mentiras y persecución del sector político liderado por Mario Abdo Benítez.

“La verdad no necesita gritar. Solo espera su momento. Hoy, la Fiscalía confirmó lo que el tiempo ya había dejado claro: no hubo delito, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado, ni nada. Persecución política en solitario”, afirmó Gamarra a través de su cuenta de red social X.

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Así mismo, indicó que este sector por años llevó adelante un show mediático, con el apoyo de algunos medios de comunicación para atacar, tanto al actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, como al movimiento que lidera, Honor Colorado.

“La causa contra Horacio Cartes se cae por falta de pruebas. Después de años de show mediático, denuncias sin sustento, tapas y titulares comprados y mentirosos, la Justicia empieza a limpiar lo que sicarios ensuciaron”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra.

Por otra parte, refirió que el “narcoministro”, en referencia a Arnaldo Giuzzio, “debería pedir perdón en cadena nacional, y varios sicarios mediáticos tendrían que bañarse con agua bendita”. Finalmente detalló que, con la postura de la Fiscalía, se puede constatar que la Justicia no encontró pruebas.

“Pero nosotros sí encontramos una vez más: los verdaderos mentirosos; los que usaron al Estado como garrote político; los que hoy se tragan su propio veneno. Hoy ganan como siempre la verdad, el tiempo, y Horacio Cartes”, sentenció Gamarra.

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