Tras la desestimación por parte del Ministerio Público a la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), desde la propia previsional manifestaron que sorprendió la decisión de la Fiscalía General del Estado, no obstante, anunciaron que buscarán la forma de reabrir la causa, puesto que esto genera un mal precedente en la administración pública.

“La desestimación no implica que no se pueda reabrir la causa el día de mañana cuando existan hechos nuevos, como podría ser el caso de la auditoría interna dependiendo de los hallazgos que se encuentren, pero sí nos sorprendió, ya que denunció el IPS, también la Contraloría además de algunos parlamentarios”, expuso José González, asesor jurídico del instituto.

Como consecuencia de la denuncia de los legisladores, el Consejo de Administración del IPS, había resuelto realizar una auditoría externa donde se encontraron hechos relevantes, recordó el asesor ante la 650 AM e indicó que llama la atención que el Ministerio Público no haya recurrido a su laboratorio forense para realizar pericias contables para determinar si hubo o no perjuicio patrimonial.

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“Yo creo que con ese elemento debería contar la Fiscalía para eventualmente confirmar su desestimación o presentar la imputación que corresponda. Tiene que haber sanciones, sino no hay nadie que asuma ninguna responsabilidad y se deja un mal precedente para la administración pública”, aseveró.

Igualmente, manifestó que están confiados en que el juez que dará trámite a la desestimación, se opondrá a la misma y esperan que en caso de que ocurra eso, el Ministerio Público rectifique su dictamen. González advirtió que, caso contrario, impugnarán lo que resuelva el juzgado, pero mientras tanto, queda aguardar la decisión del Poder Judicial

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Desde la Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Dario Ortega, sostienen que el Ministerio Público evadió profundizar sobre los reportes de indicios de hechos punibles que fueron detectados en la gestión del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia. El caso judicial guarda relación con el supuesto daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

“El panorama no está completo. Hay hechos de relevancia penal que no fueron investigados por la Fiscalía, entonces como consecuencia no se puede concluir en la desestimación de la causa. Existe un montón de circunstancias que pueden derivar a otros hechos punibles que no solamente sea un daño patrimonial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Ortega surgen tras cuestionar el pedido de desestimación de la denuncia contra Bataglia y sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina investigados por lesión de confianza y estafa.

El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez.

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Ortega indicó que la conclusión final del Ministerio Público se limita solo en las investigaciones sobre el préstamo relacionado a los fondos obtenidos por la Ley 7037 que establece el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del IPS.

“Varias de las observaciones de la Contraloría versaban sobre lo que se obtuvo como préstamo en virtud de la ley 7037, pero nuestra auditoría financiera y cumplimiento no se basó solo en estos fondos, sino que era más general. Hago esta aclaración porque cuando concluyen los fiscales pareciera ser que ellos pensaron que esta auditoría solo se refería a los fondos obtenidos en virtud a esta ley consistente para cubrir los gastos del programa de maternidad y enfermedad, es decir, para pagar a los proveedores”, mencionó.

El director jurídico de la Contraloría detalló además que si se toma por concluida la investigación, los fiscales solo se limitaron a indagar sobre un préstamo de G. 350.000 millones.

“Si asumimos como completo el trabajo de la Fiscalía en esta conclusión de desestimación, entonces quiere decir que solamente los fiscales pudieron verificar los pagos realizados por 350.000 millones, sin embargo, la deuda según el propio IPS era de 1 billón. La Fiscalía dejó de averiguar más o menos alrededor de USD 80 a 90 millones sin tener documentación a quién, por qué, cuánto se le debe. Esto representa no solo un riesgo, sino un peligro eminente de un daño que se le puede causar al ente”, lamentó.

Ortega acotó: “Ya hemos escuchado las declaraciones de los representantes de la Fiscalía que no le dan la relevancia e importancia al trabajo de la Contraloría. Los fiscales dejaron de averiguar exactamente por qué el Instituto de Previsión Social no tenía a la fecha que la Contraloría le requirió los documentos respaldatorios de esta deuda”.

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En un documento de apenas 20 páginas, un grupo de fiscales solicitó de manera exprés la desestimación de una denuncia por daño patrimonial de más de G. 1 billón cometido durante la administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, puesto en el cargo por el expresidente Mario Abdo. Debían usar dinero de los asegurados para construir hospitales que nunca se hicieron, y con el desistimiento podrían sentar un blanqueo sin precedentes en el que el principal beneficiado es el extitular del ente.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

Un giro inesperado ha causado indig­nación en Para­guay: el equipo de fiscales Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitó al Juzgado Penal de Garantías la desesti­mación de una denuncia por el presunto desfalco de G. 1 billón de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Esta deci­sión, tomada sin esperar una auditoría en curso, deja en el aire serias sos­pechas de corrupción y malversación en uno de los casos más graves en la his­toria del sistema de salud paraguayo.

La denuncia contra Vicente Bataglia, exadmi­nistrador del IPS, y varios colaboradores se inició en setiembre de 2023 tras la presentación de tres informes de la Contralo­ría General de la Repú­blica, dirigidos al IPS y al Ministerio Público, que alertaban sobre un posi­ble perjuicio patrimonial masivo. Los documentos detallan irregularidades en el manejo de fondos des­tinados a infraestructura hospitalaria y reportan el desvío de grandes sumas para obras inexistentes o inconclusas en varias loca­lidades del país.

La solicitud de desestima­ción por parte de los fisca­les sorprende no solo por el monto involucrado, sino también por el momento en que se presenta, sin tomar en cuenta los resultados finales de la auditoría en proceso, que son claves para esclarecer los hechos.

Una vez más se ha revelado la opacidad en la gestión de fondos públicos durante el gobierno anterior. Durante la administración de Vicente Bataglia, un fidei­comiso con el banco Atlas fue creado para financiar proyectos de infraestruc­tura en salud. Parte de estos fondos, aproxima­damente G. 828 mil millo­nes, debía destinarse a la construcción de un hospi­tal oncológico que nunca se concretó y se ha convertido en símbolo de la presunta corrupción en el IPS.

De acuerdo con un informe preliminar de auditoría, la administración de Bataglia realizó múltiples desem­bolsos bajo el pretexto de mejoras y construcciones en centros de salud. No obstante, al verificar la ejecución de las obras, se constató que muchas son ficticias o están incomple­tas, y que el dinero desti­nado a ellas ha desapare­cido.

La auditoría interna del IPS, detallada en un informe de 448 páginas, documenta 21 hallazgos de obras inexistentes y 16 proyectos inconclusos, con pagos injustificados y certificaciones de obras no ejecutadas. Las inspec­ciones en centros de salud de localidades como Pedro Juan Caballero, Concep­ción, Encarnación y San Juan Bautista revelaron que las supuestas mejoras y ampliaciones, en muchos casos, simplemente no existían.

Por ejemplo, en el Hospi­tal Regional de Pedro Juan Caballero se detectó una diferencia de G. 280.819.500 entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado. Situaciones similares se observaron en el Hospi­tal Regional de Concep­ción (G. 28.268.172), en la Agencia Administrativa de Caaguazú (G. 24.672.948) y otros centros de salud en el país. Las discrepancias totales alcanzan cifras alarmantes, lo que cues­tiona el control del banco Atlas, encargado de ges­tionar los fondos del fidei­comiso.

Los auditores del IPS hallaron un panorama desolador en los centros de salud donde, en teoría, se había invertido el dinero del fideicomiso. Las insta­laciones presentan techos dañados, paredes con fil­traciones, ventanas rotas, caños deteriorados y siste­mas de desagüe incomple­tos. Además, existen áreas inoperativas que en los pla­nos originales figuraban como operativas.

En algunos casos, los cen­tros apenas están en con­diciones de prestar servi­cios básicos, lo que pone en riesgo tanto a los pacientes como al personal médico. Esta situación ha impac­tado directamente en la calidad de atención a los asegurados del IPS, quie­nes ven su acceso a una atención digna y oportuna seriamente afectado. La promesa del hospital onco­lógico, que habría benefi­ciado a pacientes con cán­cer, sigue siendo solo una ilusión.

La desestimación de esta denuncia podría tener un efecto devastador en la confianza pública en el sistema de justicia para­guayo. Los asegurados del IPS, quienes depen­den de una cobertura médica eficiente y de cali­dad, han sido los princi­pales afectados por este desfalco, ya que los fondos malversados estaban destinados a mejorar la infraestructura de salud y construir un hospital oncológico que nunca se llevó a cabo.

Familiares de pacientes oncológicos, indignados por la situación, han exi­gido justicia y demandan explicaciones sobre el des­tino del dinero que podría haber salvado vidas. La omisión de la Fiscalía en este caso plantea la posi­bilidad de que los respon­sables queden impunes, lo cual sería un duro golpe a la lucha contra la corrup­ción en Paraguay.

Ante la presión social y política, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de revisar la solicitud de desestimación y evaluar todos los elementos proba­torios, incluidos los resul­tados finales de la audito­ría pendiente. Este caso, que muchos han califi­cado como “la corrup­ción del siglo” en Para­guay, subraya la urgencia de fortalecer los mecanis­mos de control y transpa­rencia en el uso de fondos públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la salud.

El destino de los fondos del IPS no solo representa una cifra en un informe financiero; es un sím­bolo del derecho de los paraguayos a una salud digna y un recordatorio de la responsabilidad de las autoridades en prote­ger el bienestar de los ciu­dadanos.

José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), junto con Alicia Ola­zar, directora de Auditoría del IPS, coincidieron en “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, en que el Ministe­rio Público no tenía falta de pruebas para proceder con la imputación a Vicente Bataglia, extitular de la pre­visional.

“Estamos sorprendidos por la actitud prematura del Minis­terio Público. Nosotros con­sideramos que estaban dadas las condiciones para que se formule una imputación, no solo contra las autoridades pasadas del instituto, sino también con aquellas perso­nas que ejercieron cargo de gerente”, sentenció.

González puntualizó que la Fiscalía debió haber aguar­dado los resultados de la auditoría interna del IPS, así como también de la audito­ría externa. Recordó que se habían elaborado una serie de investigaciones, entre ellas se encuentra lo referente al fideicomiso y si se hicieron o no las obras proyectadas con el mismo.

“Confiamos en el juez penal de Garantías, que de trámite de oposición, agotar la instancia y ver si los fiscales se ratifican o rectifican”, indicó, aparte de aclarar que el Ministerio Público ni siquiera contó con un perito contable para llegar a la conclusión de desestimar la denuncia contra Bataglia.

“El requerimiento de des­estimación contiene cinco puntos, que hablan sobre diferencias en saldos presu­puestarios, diferencias entre registraciones, etc. Entiendo que la Fiscalía calificó que los hechos corresponderían a diferencias administrati­vas y no a hechos punibles”, remarcó.

No obstante, hay un informe pendiente por la auditoría sobre uno de los puntos, el cual trata de los préstamos adquiridos por el IPS. Rati­ficó la importancia de que el Ministerio Público espere primeramente a los resulta­dos del mencionado informe, los cuales podrían darse a conocer en 30 días.

Entre algunas de las irre­gularidades detectadas se encuentra la verificación de un préstamo sacado por la previsional, el cual supera el presupuesto cuando esto está prohibido por ley. Se hablaría de un perjuicio patrimonial, sin mencionar la falta de iden­tificación sobre la utilización del préstamo.

“La auditoría corresponde a causas abiertas. Líneas de crédito sindicadas, su utiliza­ción, saldo inicial de caja, son cuestiones conexas”, señaló Olazar, con respecto al con­tenido del proceso llevado adelante desde la Dirección de Auditoría del IPS.