Tal como lo habían adelantado los medios del grupo Nación Media, el caso de las supuestas cuentas offshore del expresidente Mario Abdo Benítez tuvieron el desen­lace diseñado por la manio­bra artera de sus abogados. En menos de 15 días, una declaración del Gobierno de la nación insular –que no reviste carga legal ni consti­tuye un dictamen jurídico– daba cuenta que el exmanda­tario no era titular de cuentas bancarias.

“Según la información de que disponen actualmente las autoridades competentes de la República de Seychelles, no existe constancia ni indi­cio de que las personas nom­bradas, ni ninguna entidad identificada en los citados informes como asociada con ellas, posean fondos, cuen­tas bancarias o intereses corporativos, inmobiliarios o financieros de otro tipo en Seychelles”, indica el docu­mento exhibido ayer por el exmandatario.

Inmediatamente, luego se montó otro show: primero el propio Abdo Benítez en sus redes sociales, luego sus aliados en los medios ami­gos y siguiendo sus adláteres políticos en cuantas emisoras eran convocados. El empre­sario del asfalto se declaró inocente de un cargo que nadie le acusó ni le endilgó: se sabía que la estrategia era buscar una respuesta “oficial” (más bien un pro­nunciamiento político) de Seychelles para desligarse del embarazoso escándalo de cuentas offshore en un paraíso fiscal. El mecanismo era “solicitar” información que señale si la expareja pre­sidencial poseía una cuenta a su nombre. Lógicamente, la respuesta fue negativa. La publicación del perio­dista argentino Luis Gasulla nunca atribuyó que las cuen­tas estuvieran a nombre de Abdo y su esposa, sino que eran directos beneficiarios finales de las mismas. Pre­cisamente, el documento enviado por el Gobierno afri­cano, firmado por la secretaria principal de la Presiden­cia de Seychelles, Thereza Dogley, no hace alusión a lo que la filtración publicada por el periodista argentino seña­laba sobre los beneficiarios. En este sentido, la comunica­ción del Gobierno africano no hace ninguna referencia. Sí hace una alusión muy impor­tante que tiene que ver con la fuerza que tiene ese docu­mento.

Según el Gobierno de Seyche­lles “esta declaración” se basa en “la información disponible en el momento de su emisión y no constituye un dictamen legal, certificación o garan­tía”, lo cual abre un resqui­cio para que eventualmente si surge nueva data se pueda indagar sobre la misma. En otro apartado, señala que el documento “no debe inter­pretarse como una conclu­sión legal definitiva”.

El 20 de julio pasado, el portal de investigación argentino Perio­dismo y Punto, de Gasulla, divulgada en el vecino país y al mundo el escándalo sobre las supuestas cuentas offshore, vinculadas al expresidente y su esposa de manera indirecta. Él y su esposa serían beneficiarios finales de dos cuentas en las islas Seychelles: una abierta en 2022 por Star Capital Financial Services (cuando aún era presidente de la República) y otra en 2023 por Exchange Contracts International Finance. Los depósitos, que sumarían alrededor de USD 21 millones, provendrían de transferencias internacionales canalizadas a través de estas sociedades, no a título personal, desde empresas instaladas en zonas como Hong Kong y Dubái. El Ministerio Público paraguayo abrió una investi­gación innominada y ya realizó diligencias en este sentido, rela­cionado a un exhorto vía Seprelad.

Para el abogado Ricardo Preda es inusual que el Gobierno de Seychelles revelara datos sobre cuentas bancarias, pese al secreto reforzado que rige en el Al Salam Bank.

Para el abogado Ricardo Preda es llamativo que una información tan sensi­ble sobre datos bancarios pudiera haber sido revelado por entidades financieras de Seychelles al Gobierno de ese país. Máxime cuando el Al Salam Bank, que sería una de las entidades que abrió una cuenta que tiene a Mario Abdo Benítez como beneficia­rio final, posee secreto ban­cario reforzado, despierta aún más dudas. El secreto reforzado quiere decir que los datos de titulares y bene­ficiarios reales son confiden­ciales y no están disponibles en registros públicos.

“Ni siquiera en Paraguay sería admisible que incluso el presidente del Banco Central emita un certificado diciendo que Ricardo Preda tiene cuenta en el sistema finan­ciero paraguayo”, recalcó el abogado. Según explicó, en nuestro país difícilmente un órgano daría información pública sobre si una persona tiene o no tiene cuentas.

“En ningún caso una autori­dad financiera daría informa­ción ni positiva ni negativa de una persona (sobre cuentas), así como una certificación al público”, señaló Preda, quien agregó que sería siempre en el marco de algún proceso judicial.

Recordó que el pronuncia­miento del Gobierno de Sey­chelles no es en el marco de una respuesta a una coo­peración internacional en materia penal. Insistió que la declaración firmada por Thereza Dogley, del citado Gobierno africano, pudo ser “a pedido de alguien que pidió que se certifique. Acá parece que responde a un pedido de alguien que le hace una con­sulta. Habría que ver el con­tenido de esa consulta”, dijo. Sobre el trabajo investigativo de este caso, Preda aseguró que el trabajo del Ministerio Público debe enfocarse en “investigar las cuentas, las personas jurídicas, no sola­mente las que tienen las cuen­tas en Seychelles, sino las que a su vez hicieron supuesta­mente transferencias a esas cuentas que otras veces eran otras personas jurídi­cas”, señaló en relación a las empresas establecidas en Hong Kong y Dubái, desde donde se hicieron las millo­narias transferencias.