El titular de la Direc­ción Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, dijo que solicitó a los inter­ventores de las municipalida­des de Asunción y Ciudad del Este que informen los proce­sos licitatorios suspendidos, cancelados y en curso.

“Nosotros enviamos una nota a los interventores Ramón Ramírez y Carlos Pereira para que nos men­cionen cuáles de los procesos iniciados por las intenden­cias en los últimos meses van a quedar suspendidos, cance­lados y seguirán sus cursos”, comentó Encina, ayer miér­coles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emi­tido por el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El alto funcionario se refirió sobre el uso de la figura de la excepción para las adjudica­ciones licitatorias: “No hay un límite, pero se puede hacer únicamente si los intenden­tes lo justifican en forma. Como su nombre lo dice, es un proceso especial excep­cional que solamente puede salirse de los procesos ordi­narios cuando se justifica la emergencia por la cual se están realizando estos procesos”, comentó.

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De acuerdo a los primeros reportes de la intervención, la administración del inten­dente esteño, Miguel Prieto, se caracteriza por el uso exce­sivo de la citada figura, que permite saltar los procesos ordinarios cuando existe una justificación de urgencia o exclusividad técnica.

Este fue uno de los pun­tos que llamó la atención a la Contraloría General de la República para requerir la intervención de la muni­cipalidad. “Si es que se pro­dujo algún hecho punible o alguna situación que merezca una investigación penal, el contralor deberá enviar a la Fiscalía”, puntualizó Encina. Durante una conferencia de prensa realizada el pasado lunes, Ramírez compartió la información de que el líder del movimiento Yo Creo firmó, entre el 27 de mayo y 18 de junio últimos, contratos por más de G. 30.200 millones, y pagó anticipos a las firmas adjudicadas por G. 4.100 millones.

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