De acuerdo al análi­sis de los legislado­res, esta modifica­ción a la Ley n.° 6980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Segu­ridad, Inteligencia y Orden Interno, de hecho reco­mendó el rechazo de la ini­ciativa.

“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operacio­nes para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efec­tos de neutralizar la ame­naza inminente si fuere necesario, sin comprome­ter la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.

El legislador mencionó una serie de motivos por los cua­les consideraron que la apli­cación de la propuesta legis­lativa no era viable. En esta línea, indicaron que la reco­mendación de rechazar el proyecto se debe a una con­clusión remitida por el pro­pio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tra­tados internacionales y con­venios a los que se encuen­tra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.

“Cualquier derribo de avio­nes que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vin­culada a la potencialidad de las aeronaves ante una posi­ble acción hostil que consti­tuya una amenaza a los inte­reses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comi­sión de delito”, explicó.

El Ministerio de Defensa alegó que consideran los prin­cipios y garantías constitu­cionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aero­naves civiles en vuelo.

Por otra parte, la Conven­ción Americana sobre Dere­chos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territo­rial en el espacio aéreo nacio­nal. “Por lo tanto, es innece­saria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, explicó el motivo de su postura y la de varios de sus colegas de la bancada colorada al no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los dipu­tados. La normativa se reim­pulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros avio­nes Super Tucano desde Bra­sil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nues­tros principios constitucio­nales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio con­tra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Agregó que “el plantea­miento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El destaque fue publicado ayer a través de la red social X de la representación diplomática norteamericana en Paraguay.

La Embajada de los Esta­dos Unidos en Paraguay resaltó el compromiso del Gobierno paraguayo con las recientes adquisiciones de los aviones Super Tucano, así como próximos rada­res, para la protección del espacio aéreo. El destaque fue publicado este martes a través de la red social X de la representación diplo­mática norteamericana en Paraguay.

“Acompañamos al Para­guay en su compromiso con la protección del espa­cio aéreo y adhesión a los estándares internaciona­les, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organi­zado”, expresa la publica­ción de la embajada.

La misma responde a una publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien señaló que la adquisición de estas herramientas se da en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por parte del gobierno de Santiago Peña.