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La Defensoría del Pueblo sigue recibiendo denuncias de víctimas de la dictadura, quienes buscan un resarci­miento económico por los daños sufridos durante ese periodo. Sin embargo, tam­bién existen aquellos aviva­dos que quieren cobrar sin ser realmente víctimas.

En entrevista con el canal GEN, Rafael Ávila, defensor del pueblo, informó que desde el año 2002 hasta la fecha, el Estado paraguayo desem­bolsó cerca de 95 millones de dólares en concepto de indemnización por ser vícti­mas de la dictadura.

La autoridad recordó que, al asumir el cargo, recibió casi 14.000 expedientes rela­cionados con estos casos. Durante dos años y medio de gestión se revisaron cerca de 9.000 expedientes, de los cua­les una parte significativa fue aceptada y enviada al Minis­terio de Economía para su tramitación. Sin embargo, muchos otros expedientes fueron descartados por estar incompletos o carecer de sus­tento suficiente para otorgar el beneficio.

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El defensor explicó que el control de estos casos es muy estricto, ya que muchas per­sonas intentan presentar soli­citudes sin la documentación requerida o con información insuficiente. Los expedien­tes que cumplen con los crite­rios son derivados para su ges­tión, mientras que aquellos que presentan inconsisten­cias son rechazados o envia­dos a caducidad.

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