En un detallado informe de 22 pági­nas en el que no esca­timó datos sobre las múlti­ples faltas cometidas y en el que se subraya la lenta pro­secución penal por parte del Ministerio Público sobre la serie de irregularidades ya denunciadas mediante audi­torías, la Contraloría General de la República (CGR) pidió ayer y justificó el pedido de intervención a la Municipali­dad de Ciudad del Este, admi­nistrada por el cuestionado Miguel Prieto.

Además de las escandalosas irregularidades detectadas en las compras covid de ali­mentos con contrataciones por urgencia, los hallazgos en el caso de clínica móvil sindicada como “mau”, las disco­tecas de los amigos conver­tidas en constructoras para facturar, entre otras perlas de las 43 denuncias que sacuden al intendente Prieto, existen nuevos hallazgos y el ente de control hace referencia a malos manejos por cifras multimillonarias.

La transferencia a ONG para la organización de una “Navi­dad sustentable” por valor de G. 2.000 millones sin las documentaciones regidas por las normas de la administra­ción pública, empeorándose la situación de que no existen evidencias de actividades que se equiparen a la millonaria erogación municipal, inicia el rosario de fuertes cuestiona­mientos que suma la gestión Prieto, según el dictamen socializado ayer por la CGR.

Otro informe extraído de un “Examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este”, correspondiente a los ejercicios fiscales 2019 a 2022, refiere que la admi­nistración municipal no pre­sentó comprobantes legales que respalden el uso de G. 42.035.930.893, provenien­tes de ingresos tributarios y no tributarios, a ser aplica­dos a inversiones en gastos de capital durante los ejercicios fiscales 2019-2022.

Además, no se aportaron evi­dencias documentales sufi­cientes ni consistentes que permitan verificar que dichos fondos hayan sido ejecutados en obras o adquisiciones de capital. Por el contrario, parte de los recursos habrían sido aplicados a objetos clasifica­dos como “gastos corrientes”.

“El municipio de Ciudad del Este ejecutó G. 27.933.370.178 en gastos de capital predo­minantemente vía Trans­ferencias al Sector Privado. Al utilizar este mecanismo para financiar lo que consti­tuían obras públicas, incum­plió directamente la Ley n.° 3966/10 Orgánica Municipal y eludió los procedimientos de contratación pública exi­gidos. Esta práctica irregular introduce riesgos sustancia­les de ineficiencia, menoscaba gravemente la transparencia y debilita los mecanismos de control sobre los recursos municipales”, señala otra parte del dictamen por la cual la CGR fundamenta el pedido de intervención.

“Nosotros no podemos ser cómplices de la corrupción”, dijo el contralor general, Camilo Benítez, tras anunciar en conferencia de prensa sobre el requerimiento al Ministerio del Interior.

La Contraloría General de la República también solicitó la intervención de la Municipa­lidad de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez.

“Nosotros no podemos ser cómplices de la corrupción”, dijo el contralor general, Camilo Benítez, tras anun­ciar en conferencia de prensa sobre el requerimiento al Ministerio del Interior.

Benítez detalló que existen graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales, que fueron detec­tados a través de los exámenes y controles impulsados por la Contraloría. Mediante un documento remitido a la car­tera de seguridad, el órgano extrapoder solicita que tam­bién sean tenidas en cuenta las “sendas denuncias en el ámbito penal” impulsadas por ciudadanos de las muni­cipalidades afectadas.

Asimismo, Benítez dijo que “es preciso y urgente hallar soluciones necesarias para desnudar las inconductas de los administradores de la cosa pública. Es nuestro debe agotar absolutamente todas las instancias, los recur­sos a nuestro alcance para que de una vez por todas se brinde una respuesta al cla­mor popular contra este mal endémico”.

En lo que respecta a la admi­nistración de Rodríguez detalla supuestas irregu­laridades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contra­lor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millo­nes realizada en el año 2022 para obras de desagüe plu­vial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emi­siones en anteriores admi­nistraciones.

El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que el Poder Ejecutivo no impedirá los controles de transparencia en las municipalidades. El mandatario se refirió de este modo al pedido de intervención solicitado por la Contraloría General de la Repú­blica para las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este.

Durante una charla con varios medios de prensa, el jefe de Estado resaltó que la ley establece que la Contraloría tiene toda la potes­tad con base en sus evaluaciones de pedir la intervención. No obstante, señaló que estarán analizando los méritos de este pedido y actuarán en consecuencia.

“Nosotros hemos sido muy claros que vamos a ser muy riguro­sos en la aplicación de las normas de transparencia, por más de que muchas veces la gente cuestione las prácticas por parte del Ejecutivo. Nosotros hemos dado muestras, todas las veces que pudimos demostrar nuestro compromiso con la transparencia con el acceso a la información pública; y bueno así lo seguiremos haciendo”, remarcó el jefe de Estado. Agregó que finalmente, será una decisión de la Cámara de Diputados que tendrá la res­ponsabilidad de evaluar y analizar los méritos del pedido de inter­vención en ambos municipios.