Pedro Ovelar, abogado del expresidente de la República Horacio Cartes requirió la aplicación de sanciones contra los repre­sentantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolabo­radores ante el bombardeo de chicanas con el afán de para­lizar la causa conocida como “filtración de datos financie­ros confidenciales manejados por la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)”.

“El interés es que el caso no avance, y esto debe pararse a través de las sanciones a los abogados. La justicia no puede permitir ni tolerar este tipo de conductas. Este tipo de conductas procesales lo que demuestra es que ellos no tienen absolutamente nin­guna posibilidad de discutir el fondo de la cuestión por­que quedan descubiertos, evidenciados de ser parte de un terrorismo de Estado con el uso de las institucio­nes públicas para perseguir a un adversario”, manifestó en una entrevista con el pro­grama “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Mario Abdo, Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espí­nola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por el Ministerio Público por los hechos puni­bles de revelación de secre­tos de servicio, revelación de secretos privados por funcio­narios o personas con obliga­ción especial, inducción a un subordinado a un hecho puni­ble, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpa­ción de funciones públicas y asociación criminal.

La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecu­ción política de la cual fue víc­tima el expresidente de la Repú­blica, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones gene­rales del año 2023.

En la causa ya fueron acusa­dos los miembros de su gavi­lla, quienes deberán enfren­tar un juicio oral y público. Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pen­diente de tratamiento el desa­fuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de Espínola, actual diputado.

Reconocidos abogados del foro, que con legítima atribución representan a sus defendidos, se pasaron bombardeando el proceso presentando innumerables chicanas contra los fisca­les, contra la jueza, contra el tribunal de alzada y hasta contra el fiscal general del Estado. Las acciones de estos abogados, que sin ninguna duda actúan con mala fe, solo sirvió para paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que tra­ben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.

Siguiendo esta misma línea dilatoria, otro que tampoco pre­tende echar luz sobre el proceso fiscal es el expresidente Abdo Benítez, quien el fin de semana aseguró que no acudirá a la con­vocatoria hecha por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para exponer argumentos sobre el desafuero que solicita la justicia (tanto suyo como de su escudero, el diputado Mauricio Espínola).