De enero a diciembre de 2024, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) recaudó un total de G. 175.768 millo­nes, equivalentes a unos USD 22,4 millones, lo que repre­sentó un incremento del 11 % en comparación al 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al respecto, el presidente de la comisión, Carlos Lise­ras, manifestó que la Conaj­zar, al pasar a depender de la Dirección Nacional de Ingre­sos Tributarios (DNIT), las condiciones están dadas para que este año puedan triplicar las recaudaciones del 2024, es decir: estiman recaudar más de G. 500.000 millones.

“La DNIT tiene la infraestruc­tura y logística para enfrentar el flagelo de los juegos clan­destinos de azar. En diciem­bre cerramos con más de G. 175.000 millones, y con la fusión a la DNIT, esa recauda­ción se va a triplicar”, afirmó Carlos Liseras a la 920 AM.

En enero reciente, el presi­dente de la República, San­tiago Peña, promulgó la Ley 7438, que modifica varios artículos de la ley 1016/97 que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar. Con esta ley, la Conajzar pasó a depender directamente de Ingresos Tributarios.

El fundamento para esta reestructuración fue que la DNIT cuenta con la opera­tividad y personal técnico e infraestructura a nivel nacio­nal para cumplir a cabali­dad lo que establece la ley, es decir, que se trata no solo de una actualización organiza­cional, sino de una apuesta clara por la modernización, la transparencia y la eficiencia.

A través de esta ley, la DNIT tendrá la potestad de incautar toda explotación clandestina de juegos de azar, materiales, enseres, implementos, docu­mentos, tecnología que esté siendo utilizado para explo­tación y se podrá disponer el bloqueo de todas las seña­les clandestinas de juegos de azar. En horas de la tarde de ayer, Carlos Liseras expuso que el presidente estaría fir­mando el decreto reglamen­tario de la ley, para oficiali­zar esta dependencia. Con estas modificaciones no solo se moderniza la estructura regulatoria, sino que la adapta a las demandas del mercado actual. Un órgano regulador más profesional, más estable y más solvente, con un marco jurídico a la altura de los nue­vos tiempos.