El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 apro­bado por la Cámara de Dipu­tados asciende a G. 132,9 billo­nes, lo que representa unos USD 17.560 millones. Según explicó la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, el objetivo fue dar una inyección a las áreas sensibles.

“Tiene cuatro ejes principa­les que son educación, salud, seguridad y toda la parte social. Lo que hay que des­tacar es toda la inyección al Ministerio de Salud para el tema de asegurar todas las partidas presupuestarias para mantener el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y también las cargas horarias que bene­ficiarán a 1.000 médicos a par­tir de julio del año que viene”, detalló.

En contacto con Universo 970 AM-GEN/Nación Media, la legisladora detalló que tam­bién se destinarán recursos para el pago de bonificacio­nes por insalubridad para los hospitales de Acosta Ñu, de Trauma y el Incan, institu­ciones en las que desde hace tiempo se hace el reclamo por parte de los profesionales.

“Lo que se refiere a seguridad contemplamos la incorpo­ración de nuevos policías, la compra de las tobilleras elec­trónicas. También el tema de educación, todo lo que es la merienda escolar, los salarios docentes para ir ajustando el escalafón docente”, señaló la parlamentaria de la bancada de Honor Colorado.

Asimismo, indicó que la deuda del Estado al Instituto de Previsión Social (IPS) que data de la pandemia no fue una cuestión abordada para el próximo plan de gastos. No obstante, indicó que se han iniciado conversaciones con el presidente de la previsio­nal, el doctor Jorge Brítez, lo que podría ser el princi­pio para saldar este compro­miso pendiente. “Creo que es el comienzo de diálogos entre todas las bancadas para que de esta manera se puedan ir generando las posibilidades de que conozcamos mucho más la realidad del IPS”, sos­tuvo Villalba.

El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

La Cámara de Diputados sancionó ayer martes en su sesión ordinaria el proyecto de ley que establece el régi­men nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción.

Este proyecto hace parte del pacto entre los tres pode­res del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ade­más del Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR) y fue impulsado con el objetivo de prevenir y estandarizar los criterios en todos los pode­res del Estado en materia de integridad y prevención, donde existe una disparidad de acuerdo al contralor.

La propuesta crea el Con­sejo Nacional Anticorrup­ción y dispone que los bie­nes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pasen a integrar la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR). Este consejo estará conformado por integrantes de los tres poderes; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Con­greso Nacional; el Gabi­nete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la Contraloría.

“La lucha contra la corrup­ción y la impunidad requiere el compromiso de todos, de los diferentes sectores. Eso es algo que se entendió con claridad y con base en eso se planteó un gran acuerdo, el compromiso de fortale­cer las capacidades en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, al argumentar la iniciativa ante el pleno.