El juez de Delitos Eco­nómicos, Humberto Otazú, se opuso a des­estimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimo­nial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administra­ción del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fisca­les Jorge Arce, Luis Piñánez y Néstor Coronel habían ale­gado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.

De acuerdo a la determi­nación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que consti­tuirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la pre­sente investigación.

El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales soli­citaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arri­mado un informe al Minis­terio Público sobre la posi­ble existencia de los hechos punibles de lesión de con­fianza y estafa.

Días atrás, el abogado José González Maldonado, direc­tor jurídico del IPS lamentó que la Fiscalía haya pedido desestimar la denuncia con­tra el expresidente de la pre­visional. El mismo fue denun­ciado por la Contraloría General por un supuesto des­falco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.

González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conoci­miento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a dispo­sición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.

Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.

Por otro lado, el director jurí­dico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre nume­rosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la adminis­tración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obliga­dos a tener en cuenta los ele­mentos de cargo y descargo.