“Nuestra visión es transparencia, no punición”, sostuvo el senador Gustavo Leite al indicar que no existe intención de castigar, sino transparentar, ante la posición reacia de sectores en proveer informaciones sobre la utilización del dinero público a la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos.
“Si no quieren dar información, están en su derecho, pero nosotros tenemos la obligación de conseguirla y lo haremos con medios legales. El artículo 195 de la Constitución Nacional nos faculta a requerir informes a cualquiera”, sostuvo en una entrevista con la 780 AM.
Las afirmaciones del vicepresidente de la Comisión Antilavado surgieron tras la negativa del estudio jurídico Colab Abogados EAS en negarse a rendir cuentas del uso de los fondos que recibieron de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El pedido de informe guarda relación con el proyecto que consistió en el uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que regularmente tienen atraso en la Justicia, lo que demandó un presupuesto de USD 500 mil.
OBLIGACIÓN COMO SENADORES
“Como senadores tenemos la obligación de saber qué se gastó, por qué, para hacer qué y cuáles son los resultados, porque de lo contrario seríamos malos legisladores. Jamás haremos algo fuera de la Constitución y la ley ¿Por qué debería molestarse un estudio jurídico de contarle a la gente qué es lo que hicieron de bien para la Corte Suprema de Justicia y cuánto cobraron?”, indicó.
Mediante un comunicado, el estudio representado por los abogados Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro Mezgolitz instaron a otras organizaciones a “no ceder ni un centímetro” y no “doblegarse ante un pedido inconstitucional”, que atenta contra la democracia.
“Sus argumentos son falaces, no se puede pedir la inconstitucionalidad de la Constitución. Hablan de una donación, cuando es un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Paraguay. Ambos países pusieron la plata. Le pedimos informes a todas las organizaciones que recibieron dinero dentro de este acuerdo, sean oenegés o no”, sostuvo el congresista.
RATIFICAN ROL DE LA CBI
El senador Dionisio Amarilla ratificó que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), la cual preside, posee facultades constitucionales, por lo cual puede solicitar informes. Esto atendiendo a la negativa de determinados sectores para rendir cuentas ante la comisión. “Nos parece un despropósito que se plantee una inconstitucionalidad, atendiendo a lo estipulado en el artículo 195 de la Carta Magna que otorga facultades a esta comisión para solicitar comparecencia de particulares y que suministren informaciones”, expresó ante los medios de prensa en el Senado.
Amarilla dio a conocer la nómina a la que accedió la CBI, en la cual se especifican todos los beneficiarios de los fondos de Usaid. Con esto en cuenta, manifestó la intención de la comisión de dar a conocer la manera en la cual han sido utilizados esos desembolsos. “Ya tenemos documentos que confirman que parte de los fondos fueron a parar como remuneración para algunos incursores en la política. Hay sospecha de injerencia para afectar a ciertas personas y se ha pretendido relativizar la soberanía paraguaya”, subrayó el presidente de la CBI.
Detalló que se siguen analizando determinados datos, adelantando que se darán a conocer informaciones brindadas por la propia Cancillería en torno a organizaciones y consultoras, las cuales han recibido altos montos de dinero. “Volveremos a someter esto a debate”, señaló.