El contralor general de la República, Camilo Benítez, manifestó que los organis­mos deben ejercer un con­trol exhaustivo en torno a las acciones como la desa­rrollada por el expresidente Mario Abdo Benítez, quien tuvo un crecimiento econó­mico abrupto a través de sus empresas, durante su presi­dencia.

Se determinó que Abdo Bení­tez tuvo un crecimiento expo­nencial durante su mandato como presidente de la Repú­blica, facturando 100 veces más de lo que facturaba antes de su administración, en un rubro vinculado al Estado. “Vendía asfalto a empresas que contratan directamente con el Estado”, sentenció.

“Esto no es una ilegalidad, inmediatamente, pero cla­ramente es una cuestión inmoral. Al ser presidente de la República, debía haber renunciado a las acciones que tenía o no haber permi­tido que sus empresas crez­can tanto”, señaló en “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media.

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El titular de la Contraloría manifestó que incluso reci­bió cuestionamientos por parte de sus homólogos a nivel regional, en torno a la necesidad de contar con una legislación que castigue este tipo de acciones, al conside­rarlo como hechos graves en el servicio público.

Acciones en consecuencia

Por su parte, el gerente gene­ral de impuestos internos de la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT), Éver Otazú, explicó también en “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, el rol de la mencionada institución en torno a las investigaciones sobre el expresidente.

“Tuvimos una participación de colaboración conforme a lo que nos permiten y obligan las leyes actuales de transpa­rencia. Nos solicitan los infor­mes la Contraloría, damos esto como insumo y la Con­traloría consideró que había elementos para presentar el caso a la Fiscalía”, indicó.

En cuanto a la DNIT, como su interés se centra únicamente en la contingencia tributaria, para lo cual si se llega a con­siderar que existe algo a ser analizado, se concluye a la realización de algún control interno, fiscalización o accio­nes similares.

ORGANISMOS INVESTIGATIVOS

“Se debe analizar si la con­ducta esconde alguna ilegali­dad y si sale bien eso, el examen debe volver a concluir. Siendo este caso el de una persona que administró el Gobierno cen­tral, los organismos encarga­dos deben hacer un trabajo exhaustivo, pero estos en su mayoría dependen del Ejecu­tivo”, reiteró el contralor.

Remarcó que, al no existir una independencia palpa­ble, los trabajos no se reali­zan con la legalidad o auto­nomía debida. Por otra parte, garantizó el compromiso existente para trabajar por la verdad en torno a este tipo de casos, logrando la trans­parencia debida.

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