Un grupo de cuatro conceja­les de la ciudad de J. Augusto Saldívar denuncia a la admi­nistración del intendente liberal Diego Alonso, porque desde hace 21 meses no están percibiendo sus dietas y gas­tos de representación. Seña­lan que el problema se inició tiempo atrás cuando la Junta Municipal no le había apro­bado el balance de su gestión ni la del intendente anterior y eso generó un altercado con los ediles.

En comunicación con el pro­grama “Tarde de perros”, que se emite por Universo 970AM/Nación Media, la edil colorada Mart Ferrari explicó que cuando se dio ese altercado en ese momento les había amenazado de que no les iba a pagar sus dietas, por cuestionar su ejecución. Indicó que posterior a esto formaron una bancada opo­sitora, señalando que le acom­pañan igualmente dos colegas liberales y un febrerista.

“Nosotros llegamos a denun­ciar en el Tribunal de Cuen­tas. Justamente esta mañana estuvo una actuaria y el inten­dente no le respondió las notas que ellos enviaron. La Contraloría también ya se pronunció con un dictamen, que realmente en cobro de dietas y gastos de representa­ciones nosotros cuatro esta­mos discriminados”, precisó.

Mencionó que conforme a la Ley 6784, modificada en 2021, que establece en uno de sus artículos que al no pagar las dietas de los concejales, se bloquean los fondos royal­ties. Es decir, que el inten­dente, en este momento, no está recibiendo ese fondo. “Nosotros enviamos al Tri­bunal de Cuentas los pedidos de informes donde consta­tan que los concejales oficia­listas sí están percibiendo sus cobros al día y nosotros no. Por eso, procedieron al secuestro hoy”, acotó.

Mencionó, que la Junta Muni­cipal está conformada por 12 concejales, de los cuales, 3 son colorados, 6 liberales y 3 que ingresaron por la Alianza, pero solo ella (colorada) es la que no está cobrando su salario, mientras que los otros dos colorados sí, por­que mantienen afinidad con el ejecutivo municipal. “En mi caso, sí todas las irregu­laridades las he denunciado, formé una banca opositora y por eso es que nos están dis­criminando”, precisó.

Finalmente, señaló que con el dictamen de la Contralo­ría General, que confirma que estos cuatro concejales no están percibiendo sus dietas y gastos de representación, este documento les sirvió para presentar una denun­cia en el Ministerio Público en la Unidad de Delitos Eco­nómicos.

“También hemos presentado denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos, por más de 3.000 millones de guara­níes de faltante, que tampoco estamos teniendo respues­tas. Por ejemplo, encima de un asfaltado, supuestamente hicieron un enripiado. Es decir, totalmente incohe­rente sus documentos tam­bién”, mencionó.