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Que la Corte disponga una medida sobre el proceder que debe adoptar el Poder Legislativo es algo que debe acatarse, según quién se vea beneficiado con la decisión.

Esto lo da a entender la oposición, que ayer estuvo de acuerdo con desacatar el juramento de dos senadores, pero hoy pide oír un dictamen de la Fiscalía sobre la destitución de Kattya González.

En las elecciones generales de 2018, Horacio Cartes se candidató a senador de la nación. Para el efecto, el 11 de abril de ese año, la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a su candidatura, al declararla constitucional.

Con este aval, Cartes participó de esos comicios, cuyos resultados lo ubicaron como el senador más votado. El expresidente fue senador electo y proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, requisitos indispensables para el juramento.

Aquel 1 de julio de 2018, el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo, decidió desoír al TSJE y a la Corte y optó por no convocar a Cartes. En su lugar, corrió unilateralmente la lista y llamó a Rodolfo Friedmann, pese a no haber sido electo ni proclamado.

El exobispo, máximo referente de la oposición en ese tiempo, hizo una interpretación de la Carta Magna y se tomó las atribuciones de la máxima instancia judicial, la única habilitada para la interpretación de la Constitución.

Del mismo modo obró con Nicanor, a quien también ninguneó y en su lugar convocó a Mirta Gusinky, quien ocupó ilegítimamente una banca para la cual no fue electa. Este había sido el segundo rebote de Nicanor.

Antes, el extitular del Congreso Tito Saguier (otro referente opositor) tampoco llamó a Nicanor Duarte Frutos, también expresidente, pero finalmente habilitado para su candidatura y posteriormente electo y proclamado por el TSJE. En vez de él, llamó a Jorge Antonio Céspedes, quien juró en su lugar.

Posteriormente, Nicanor recurrió a una acción de inconstitucionalidad para acceder a la banca que ganó a través de los votos. El resultado fue a su favor, sin embargo, la Corte fue olímpicamente ninguneada.

“Se incurrió en un procedimiento no ajustado a la Constitución que hoy nos rige, habida cuenta que se obvió convocar a un senador electo y proclamado para ser sustituido por un ciudadano que no fue ni electo ni proclamado”, expresaba parte del argumento de la resolución del 31 de agosto de 2010.

Hoy, en 2024, algo similar salta a la palestra. La senadora Kattya González fue destituida el 14 de febrero pasado por el pleno, a través del procedimiento de la pérdida de investidura, donde se discute cuál era el reglamento vigente, el original que exigía una mayoría simple, o el modificado en diciembre, que elevaba la cantidad de votos requeridos.

La legisladora recurrió también a la Corte a través de una medida cautelar que le fue rechazada y también a través de una acción de inconstitucionalidad que sigue en curso.

La Corte hizo correr el pedido a la Fiscalía, que se pronunció con un dictamen a favor de la exsenadora, al concluir que la destitución fue inconstitucional, por no ajustarse al reglamento de la mayoría requerida para la expulsión. Todavía queda pendiente el pronunciamiento de la máxima instancia judicial.