Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores han presentado, hasta el momento, dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial.
La Sala Penal está integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia debe expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
Luis María Benítez Riera ha emitido su voto y faltaría la decisión de los demás magistrados para finalmente destrabar la causa. Ahora, el expediente se encuentra en el gabinete del ministro Diesel y por último deberá pronunciarse Ramírez Candia.
No se descarta la posibilidad de que ambos magistrados ya se expidan sobre el caso en el transcurso de este lunes. Si esto se concreta en la fecha, ya se destrabaría parcialmente la causa contra el exmandatario y su gavilla por la filtración de información de inteligencia.
El abogado Felino Amarilla, representante del extitular de Seprelad Carlos Arregui, uno de los imputados en la causa que pesa contra Abdo, fue quien presentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, lo cual está pendiente de resolución.
El Ministerio Público había imputado al expresidente, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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“Seprelad fue utilizada como garrote político”, afirma senador Zacarías
El senador Javier Zacarías afirmó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fue utilizada como un garrote político por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. El legislador sostuvo que no existe ninguna duda de que los fines de esa secretaría eran meramente atacar políticamente a algunos sectores.
“Seprelad fue utilizada para un garrote político, no existe ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, y se tienen que ir presas las personas que estuvieron manejando la Seprelad”, manifestó en entrevista a la 1020 AM.
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Agregó que incluso él fue una de las víctimas de los ataques y del garrote de la Seprelad en su momento, con persecuciones en su contra, por lo que puede confirmar el esquema que se llevó adelante desde esa institución del Estado.
“Soy testigo del tema de la Seprelad y compañía, era manejada políticamente. Por esta casa (su vivienda) Seprelad hizo un informe en mi contra de que yo pagué, si mal no recuerdo, 8 mil millones de guaraníes cuando esta casa es herencia de mi papá y de mi mamá y yo pagué cero guaraníes. Esta era la casa de mi mamá y de mi papá”, señaló.
Apuntó a María Epifania González, exministra de Seprelad y mamá de Joselo Rodríguez (envuelto en el polémico hecho del acta bilateral), como la que inició la persecución y los ataques con tinte político, que luego continuaron con René Fernández. “Ella fue la que empezó toda esta persecución y continuó después René Fernández”, sentenció.
Así también, afirmó que todo el esquema fue por órdenes del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. “Claro que había órdenes, lógico, no hay ninguna duda”, puntualizó el parlamentario.
Llamadas a Sandra Quiñonez
En otro momento, el senador Zacarías señaló que las llamadas de “apriete” del entonces presidente Abdo no se limitaba a la Seprelad, sino que también en varias ocasiones llamó a presionar a la exfiscal General del Estado Sandra Quiñonez exigiéndole que el Ministerio Público lo imputara.
“Pregúnteles a las personas de alta jerarquía de la administración de la Fiscalía de ese entonces, y les van a certificar lo que yo les digo”, aseguró el legislador al hablar del tema.
Ratificó que el propio Mario Abdo era el que llamaba a la exfiscal Quiñonez “y le decía: ¿Qué esperas que no le imputas? Yo hablaba muy poco con él, claro que le encaré, le dije todo eso, él por supuesto no va a admitir nunca, pero yo no soy burro ni tonto”, sostuvo Zacarías Irún.
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Filtración Seprelad: contradicciones en denuncia de Felino Amarilla delatan chicana
El escrito de la denuncia de Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, sobre supuesta alteración del sistema Judisof tiene varias contradicciones, que evidencian que es al solo efecto de chicanear y dilatar el proceso penal que enfrentan el expresidente Mario Abdo Benítez y su leales en la causa que investiga la filtración de Seprelad.
El documento presentado por Amarilla refiere que al revisar el sistema Judisof se percató de que supuestamente el Ministerio Público contestó el pedido de informe que solicitó la Sala Penal de la Corte sobre la acumulación de dos denuncias contra el diputado Mauricio Espínola, investigado junto a su cliente por la filtración de información.
De acuerdo a Amarilla, el informe fue contestado el 30 de mayo, pero se fechó el 31 del mismo mes, fue entregado al medio del grupo Cartes y se ha escondido a las partes y a sus abogados. Pero, el profesional del derecho se olvidó que el Ministerio Público había contestado el pedido de informe el 21 de mayo, no el 30 ni el 31 de mayo, hecho que contradice la denuncia de la presunta adulteración del sistema Judisof de la máxima instancia judicial.
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Así se evidencia que la presentación hecha por el defensor de Arregui es al solo efecto de que el proceso no avance y siga trabado en la máxima instancia judicial.
Recusó a Benítez Riera
El abogado Amarilla recusó al presidente de la Sala Penal de la Corte y titular de la máxima instancia judicial Luis María Benítez Riera. Argumenta que Benítez Riera supuestamente mantiene vínculos con el empresario José Ortiz, socio comercial y exasesor ad honorem del expresidente Horacio Cartes, sujeto de las filtraciones.
Imputación
El expresidente Mario Abdo Benítez y otros 7 leales de su gobierno, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene, y Mauricio Espínola, fueron imputados por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Instan a clarificar el nexo de Tío Rico con Senad de Abdo
“Me parece que las instituciones deben funcionar, están funcionando y tienen que cumplir su rol de clarificar”, manifestó el asesor político de la Presidencia, José Alberto Alderete, al referirse sobre la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak, que dejó al descubierto la vinculación del supuesto narco Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba la institución.
A partir del descubrimiento del esquema de complicidad entre Tío Rico y un hombre de confianza de Giuzzio, que ocupada el cargo de director de inteligencia técnica dentro de la entidad que debía luchar contra el tráfico de drogas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, es propicio investigar los vínculos desde el más bajo cargo hasta el de mayor jerarquía, a criterio de Alderete.
“Es muy bueno que en este momento la Senad o cualquier órgano de control o investigación del Estado paraguayo funcione y que se haga justicia”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El también vicepresidente tercero de la Asociación Nacional Republicana (ANR) acotó: “Esto es importante para que los inversionistas paraguayos como los extranjeros tengan la tranquilidad de que pueden venir a generar fuentes de trabajo en el Paraguay”.
Por otra parte, Alderete consideró importante que los poderes del Estado puedan brindar total respaldo a las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, dentro del marco y respeto a la autonomía del órgano extrapoder.
La acusación del Ministerio Público se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para zafar de los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Tío Rico se encuentra procesado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py, la mayor operación contra el crimen organizado en Paraguay, la cual desmanteló una megaorganización de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, en base a la cooperación nacional e internacional.
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Arco libre al narcotráfico
“Ahora empiezan a caer las fichas, todo empieza a cerrarse. No hay más que rendirse ante las evidencias”, dijo el ministro del Interior, Enrique Riera, al referirse sobre el supuesto vínculo entre un hombre de confianza de Arnaldo Giuzzio con Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, procesado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza Py.
Asimismo, Riera recordó la serie de ataques políticos propiciados durante el gobierno de Mario Abdo contra sus adversarios políticos, a través de la Comisión Bicameral de Investigación, creada desde el Congreso Nacional, lo que a su criterio desvela que estaban desviando la atención para permitir el arco libre al narcotráfico y crimen organizado.
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El pueblo mexicano donde los cárteles buscan votos con balas
“Te bajas o te bajas”, ordenaron a Margarita Galán, quien no tuvo más remedio que abandonar su candidatura a la alcaldía de Maravatío para no correr la suerte de otros tres aspirantes asesinados en ese municipio mexicano. Como en varias poblaciones del país, en Maravatío (Michoacán, oeste) el crimen organizado depura listas de candidatos a bala o con amenazas para asegurarse el control de cargos locales que serán elegidos el 2 de junio simultáneamente con el nuevo presidente de México.
“No puedes participar”, advirtieron con insultos los hombres que telefonearon a esta chef de 27 años, según cuenta en su modesta casa de Las Joyas, comunidad rural que se vacía de jóvenes porque migran a Estados Unidos por la violencia y la pobreza. Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso electoral, fueron asesinados 28 políticos que aspiraban a cargos electivos en México, según la oenegé Data Cívica. Maravatío, poblado agrícola de 80.000 habitantes, ha puesto la mayor cuota.
El 26 de febrero, con tres horas de diferencia, fueron asesinados el médico Miguel Reyes y el transportista Armando Pérez, ambos de 58 años, que disputaban la alcaldía. En noviembre fue hallado muerto Dagoberto García, quien también buscaba ser alcalde. Reyes y García pertenecían a Morena, partido del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador; Pérez, al conservador PAN, y Margarita contendía por Movimiento Ciudadano (centro). Cinco siguen en contienda.
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Régimen de terror
Los crímenes hundieron a Maravatío en el miedo. Dos hombres en un auto rondan desde hace horas los mítines del nuevo candidato de Morena, Mario Pérez. Ya de noche se detienen, bajan la ventanilla y observan fijamente la reunión, sin un solo policía. “Ese carro no es normal”, suspira un miembro de campaña. “Esas son las cosas que nos ponen nerviosos. Nunca nos había pasado”, añade pálido.
El mitin finaliza y Pérez se rodea de simpatizantes para tomarse fotos. Los sospechosos desaparecen en la penumbra. El candidato, un dentista de 34 años que busca derrotar un cacicazgo de casi un cuarto de siglo del PRD (socialdemócrata) en Maravatío, elude el tema de la inseguridad en público. Tampoco ha pedido protección de autoridades, como sí lo han hecho 96 candidatos en Michoacán.
Comenta a la AFP que su objetivo es ofrecer oportunidades a los jóvenes “para que no anden en otra cosa”. Durante una asamblea en una calle polvorienta, una de sus seguidoras, la profesora Liz Monroy, de 45 años, reconoce que le “da miedo participar” pues para ella la política es sinónimo de “inseguridad”.
No exagera. El 10 de mayo, cerca de la casa de Margarita, escoltas de dos aspirantes a la alcaldía del vecino Senguio se enfrentaron a tiros al cruzarse en el camino, al parecer debido a una confusión. “No hay condiciones para hablar”, dice un integrante de la campaña de Óscar Vidal, candidato a la alcaldía que busca prolongar la hegemonía del PRD en el pueblo.
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“¡Ay donde no gane!”
Maravatío está en medio de la guerra que libran cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación o Los Correa. Sin un grupo dominante, la violencia tiene derivas anárquicas en Michoacán, pujante estado agroindustrial donde unas 14 bandas se pelean el tráfico de metanfetaminas y la extorsión. Pero “no se conformaron” con eso y cada vez más buscan “imponer candidatos”, señala el fiscal de delitos electorales, Víctor Serrato, quien refiere 39 denuncias de aspirantes a cargos electorales, en su mayoría por amenazas y extorsión.
El modus operandi es similar: “Los criminales eligen un candidato” y dicen a los otros “no tienes permiso”. “En un municipio la célula delictiva convocó a todos los partidos, menos a uno, y les hizo saber: aquí va a ganar tal. ¡Ay de ustedes donde no gane!”, cuenta Antonio Plaza, de 47 años y aspirante a diputado estatal por Michoacán Primero, que retiró diez candidaturas a alcaldías.
Solo en ese estado han sido sustituidos 500 aspirantes, según el Instituto Electoral regional. Michoacán es una de las regiones más violentas de México. Desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas, la tasa nacional de homicidios casi se triplicó hasta 23 casos por 100.000 habitantes, y los desaparecidos desde entonces suman más de 100.000. En ese estado el crimen se lucra además de la tala de bosques que albergan a las mariposas Monarca, fijan precios de alimentos y hasta fechas de corte de frutas, denuncian dirigentes locales.
Aunque me maten
La criminalidad roza lo insólito. En la subregión michoacana de Tierra Caliente, adonde han sido enviados cientos de soldados para vigilar las elecciones, el cartel Los Viagras montó antenas con equipos robados para cobrar el servicio de internet, según la fiscalía. Además, existen grupos de WhatsApp donde supuestos criminales alardean y cruzan amenazas. La AFP constató que autoridades integran también estos grupos, pero no interactúan.
“Ya no les falta mucho para su día perros”, dice un usuario, a lo que otro responde: “sigan soñando jajaja”, observó la AFP. Videos de jovencitos armados hasta los dientes se suman a los textos. Pese a las amenazas, candidatas como María Salud Valencia no renuncian.
Maestra de 60 años y con protección oficial, reconoce que tiene “miedo, pero también valor” para disputar la alcaldía de Nuevo Urecho. “Si me van a matar, que sea por defender a mi gente”, afirma durante una visita a Morelia, capital de Michoacán, donde esa mañana asesinaron a tiros a cinco hombres.
Fuente: AFP.