La agente fiscal María Estefanía González, de la sede 1 de Asunción, formuló acusación y solicitó juicio oral y público en el marco de la causa caratulada “Ramón Jiménez Gaona y otros s/ lesión de confianza”.
El Ministerio Público estima que la investigación se halla suficientemente agotada, por lo que, en fecha fijada por el juzgado, se presenta el requerimiento conclusivo.
La acusación es en contra de los ciudadanos Ramón Jiménez Gaona, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaráz Reisinger, por la comisión del hecho punible de lesión de confianza, previsto y penado en el art. 192 inc. 1.º y 2.º en concordancia con el art. 29 inc. 1.º y 2.º del Código Penal, solicitando en consecuencia la aplicación de la sanción prevista para el tipo penal respectivo, remitiendo con la misma las actuaciones, solicitando la admisión de las mismas, y en consecuencia disponga la apertura al correspondiente juicio oral y público.
Igualmente, se tengan por ofrecidas y presentadas las pruebas periciales, testimoniales e instrumentales que fueron citadas por esta representación fiscal en el presente requerimiento a objeto de que dichas pruebas y declaraciones sean producidas en el eventual juicio oral y público.
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Justicia norteamericana levanta parcialmente a Trump orden de silencio
El juez Juan Merchan levantó parcialmente la orden de silencio impuesta a Donald Trump antes de su juicio penal, en el que fue condenado por fraude documental, debido a un “cambio” de circunstancias, según un documento judicial publicado este martes.
El juez instructor del histórico juicio al magnate en Nueva York le había prohibido hablar en público de los miembros del jurado, los testigos, los fiscales y el personal del tribunal. Posteriormente amplió la prohibición para incluir a su propia familia y a la del fiscal.
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Merchan, que tiene previsto dar a conocer la sentencia al aspirante republicano a las elecciones del 5 de noviembre próximo, dijo que “las circunstancias han cambiado. La parte del juicio de este procedimiento terminó cuando se emitió el veredicto y el jurado se despidió”, alega.
La decisión del juez significa que Trump, el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un delito penal, puede ahora hablar públicamente de los testigos que declararon en su juicio, así como del jurado y el veredicto. Sin embargo, Merchan ha mantenido las medidas que prohíben revelar la identidad de los miembros del jurado.
Trump fue multado con 10.000 dólares por el juez por violar dicha orden de silencio en 10 ocasiones. Incluso le amenazó con meterle en la cárcel si la infringía de nuevo.
Antes de la orden de silencio, el expresidente había arremetido repetidamente contra los testigos y la fiscalía en su plataforma Truth Social.
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Un jurado lo declaró culpable el pasado 30 de mayo de 34 cargos por falsificar documentos contables para esconder el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de una exactriz de cine porno por una relación extramatrimonial con el fin de que no interfiriera en las elecciones de 2016, que ganó frente a Hillary Clinton.
Fuente: AFP
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Fiscalía rendirá cuentas sobre casos de corrupción e investigación penal
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público encabezará la segunda audiencia de “Rendición de Cuentas en la Lucha contra la Corrupción” donde se abordarán casos emblemáticos y buenas prácticas en investigaciones penales. Esta presentación se da en el marco del programa de fortalecimiento de esta unidad.
“Son tres los casos emblemáticos que son abordados desde la perspectiva de buenas prácticas en la investigación penal. La segunda audiencia se realizará este martes 18 de junio en el Hotel del Paraguay, sobre la condena a Roberto Cárdenas y las escuelas de Lambaré, con los agentes fiscales intervinientes”, informaron desde la Fiscalía.
Asimismo, la institución apunta a explicar el impacto de los casos en las comunidades afectadas, especialmente en las poblaciones vulnerables y de esta forma fomentar la participación ciudadana, en el marco del diálogo abierto entre las autoridades y la sociedad.
El objetivo principal de este encuentro es informar a la ciudadanía sobre algunos resultados obtenidos por el Ministerio Público en la persecución de hechos de corrupción. Además, presentar de manera detallada los resultados de la investigación y las condenas obtenidas en casos emblemáticos de corrupción pública, según informó la institución.
Esta presentación de la Fiscalía es realizada con el apoyo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) del gobierno de los Estados Unidos y la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público.
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Vence plazo para que Fiscalía actúe en caso Miguel Prieto
Unidad de Investigación Nación Media (investigacion@nacionmedia.com)
Este miércoles vence el plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo en el caso de los kits alimenticios fantasmas entregados por la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por Miguel Prieto.
En enero pasado, un tribunal de apelaciones había decidido ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos en una de las causas contra el intendente esteño, Miguel Prieto, y otros procesados por lesión de confianza.
El plano inicial para la presentación del requerimiento conclusivo estaba previsto para el 19 de enero de 2024, según una providencia firmada por el juez José Delmás, con respecto a Prieto y a los demás procesados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.
Tras la resolución de la cámara, el agente fiscal debería finalizar su investigación el 19 de junio, es decir este miércoles.
Entre las diligencias pendientes a realizar y que motivaron la prórroga figuraban pedidos de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entidades financieras, Contrataciones Públicas, exigencia de libros contables a las empresas vinculadas, pericia contable y declaraciones testificales.
A partir de los informes tributarios se pretendía obtener en forma cuantitativa y cualitativa los ingresos obtenidos y los egresos realizados durante el periodo investigado a fin de determinar la adquisición de los productos de los kits alimenticios, los desembolsos para su posterior entrega a la Municipalidad de Ciudad del Este en tiempo y forma.
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La causa
Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron en julio de 2023 una imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la Resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inmediata. Tía Chela SRL tampoco disponía de la capacidad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licitación de tal magnitud. Según las sospechas de la Fiscalía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje documental, con el propósito de defraudar a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cuales la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000. Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.
La investigación ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que implican tanto la falta de inventario como la ausencia de capacidad logística y financiera por parte de la empresa adjudicada, lo que ha resultado en un grave daño económico para la municipalidad y ha cuestionado la integridad de los procesos administrativos bajo la gestión de Miguel Prieto.
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Comiso y destrucción de prendas requisadas
El fiscal Ysrael Villalba, de la Unidad Especializada en Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, allanó un local comercial el fin de semana pasado y requisó una gran cantidad de prendas de vestir de marcas internacionales.
El procedimiento fue en el local denominado Be Shop, en el kilómetro 4,5 de Acaray, en Ciudad del Este, mediante el mandamiento judicial firmado por la jueza de Atención Permanente, María de Fátima Burró. Entre las prendas incautadas están mayoritariamente camisetas de las marcas Tommy Hilfiger, Burberry, Polo, Lacoste, Valentino, Fendi, Prada y Carolina Herrera, entre otras.
La intervención del Ministerio Público se produjo tras una denuncia promovida por la abogada Fátima Argüello, de la Dirección de Lucha contra la Piratería y la Falsificación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). Los responsables del local intervenido por la Fiscalía serán investigados por la presunta comisión del hecho punible de violación de la ley de marcas, según el fiscal Villalba.
Como resultado de otro operativo similar, el Ministerio Público procedió a la destrucción de productos falsificados que fueron incautados durante un allanamiento, en cumplimiento de una disposición emanada del Juzgado de Garantías n.º 7, a cargo de la magistrada María de Fátima Burró.