El diputado Hugo Meza, pre­sidente de la Comisión de Asuntos Económicos y vice­presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, se refirió acerca del estudio sobre el proyecto “Hambre cero en las escuelas”, desta­cando el compromiso y el con­senso entre cada uno de los actores políticos, en torno a la importancia de materia­lizar el plan. En el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, garantizó que existe un acuerdo ampliado para la aprobación en gene­ral del proyecto.

“Hay un amplio acuerdo, solo faltan ajustar algunas modifi­caciones que se estarían plan­teando. Nos interpela a todos los actores de la clase política la posibilidad de dar de comer por primera vez, en la transi­ción democrática, a 1.300.000 niños y niñas de nuestro país. En la audiencia pública reali­zada, hemos consultado a la ministra Lea Giménez cuánto alcanzaría el proyecto y nos dijo USD 300 millones, que apuntará a la universaliza­ción, la cual no será inme­diata, sino gradual”, detalló.

Puntualizó que el Gobierno nacional cuenta con la capa­cidad de invertir un monto como el estipulado, lo cual saldría directamente del Fondo Nacional de Inversión Pública y el Desarrollo (Fona­cide). Manifestó que el dinero no es un factor a ser ajustado en el plan, sino el cuidado de la distribución de los fondos, buscando anteponer la idea de que la alimentación esco­lar no constituye la caja chica de autoridades municipales y gubernamentales.

Meza indicó que una de las prioridades en torno al pro­yecto “Hambre cero” se cen­tra en el control absoluto a ser ejercido sobre la finan­ciación y el desembolso del plan. Enfatizó en que no se permitirá dilapidar los fon­dos, por lo cual se desarro­llará un acompañamiento constante sobre la manera en que son distribuidos. Apuntó a la necesidad de contar con una Contraloría más activa y que no solo se pronuncie ante hechos con­sumados, sino que realice un seguimiento constante de la distribución.

“Se crea un gran oligopolio de empresas que lucran con el estómago de la comida de los niños y niñas. Otro factor es el castigo a la impunidad, que existan verdaderas reaccio­nes sobre quienes tienen una mala gestión y se devuelva el dinero malversado; este es el gran desafío del proyecto”, refirió el parlamentario.