Relato cronológico de la mentira de Abdo: tergiversación, conjeturas y filtración y cómo su equipo fraguó el contenido del informe confidencial, según Fiscalía; además, cómo Giuzzio se munió de información confidencial y construyó escenarios hipotéticos.

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El acta de imputación de la Fiscalía revela cómo en el gobierno de Mario Abdo Benítez las autoridades y funcionarios de instituciones de inteligen­cia fueron armando una his­toria ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines proselitistas.

De acuerdo con la impu­tación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, enton­ces ministro de la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepre­lad), junto con los funciona­rios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introdu­ciendo información tergiver­sada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la ins­titución.

Dichos funcionarios habrían proporcionado el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación, lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación. Asi­mismo, este informe de inte­ligencia filtrado a los medios de prensa habría sido presen­tado por Arregui en calidad de denuncia en contra del expre­sidente Horacio Cartes ante el Ministerio Público.

En ese sentido, según la Fisca­lía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia finan­ciera del ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, comisio­nado recién a partir de junio del 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces minis­tro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador que sirvió para hacer el poste­rior informe confidencial fil­trado a la prensa.

Tal es así que Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTE­LIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confi­denciales en dicho documento Word habrían sido utiliza­dos por autoridades nacio­nales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

(Página 12) Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces pre­sidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio. En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boi­danich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secreta­rio privado adjunto del presi­dente de la República, Mau­ricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los sala­rios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que el archivo elaborado presunta­mente por Farías y Fernández habría tenido un doble propó­sito, por un lado, servir de base para la filtración de datos con­fidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa y, por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

(Página 7) En el acta de imputación se expone ade­más que el equipo de Abdo Benítez filtró a la prensa un pedido de carácter confiden­cial realizado por la Fiscalía de Panamá a través de la pla­taforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG).

En el mes de enero del 2022, Arregui y Giuzzio habrían filtrado a los medios perio­dísticos el formulario de pedido de informe de carác­ter confidencial del Minis­terio Público, Fiscalía Segunda Especializada con­tra la Delincuencia Orga­nizada de la República de Panamá remitido por la fiscal Lizzie Bonilla en el marco de un expediente sobre Horacio Cartes.

Asimismo, en la elabora­ción de la contestación del pedido realizado se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado a cabo con relación al expre­sidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá.

La filtración, efectuada por Arregui y Giuzzio con el único objetivo de desa­creditar políticamente al exmandatario, se concretó cuando el diario Última Hora publicó que la “FIS­CALÍA DE PANAMÁ ESTÁ INVESTIGANDO A HORA­CIO CARTES, REVELA GIUZZIO” y cuando el diario Abc Color emitió la publicación periodís­tica titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORA­CIO CARTES EN CASO LAVADO DE DINERO”. Este último medio incluso incluyó en su artículo el formulario de pedido rea­lizado por la Fiscalía de Panamá a través de la pla­taforma electrónica.

También llamó la atención que, por más que la Seprelad tenía acceso a la plataforma para bajar el formulario de solicitud peticionado por la Fiscalía panameña, Arregui solicitó al punto de contacto de la Policía Nacional, comi­sario principal Luis López, la entrega física del pedido de informe de carácter con­fidencial de la Fiscalía de la República de Panamá. Y que el 14 de enero del 2022, día en que el entonces ministro Arnaldo Giuzzio habría fil­trado a los medios de prensa la solicitud del Ministerio Público panameño; Arregui y Carmen Pereira se comu­nicaron con el comisario Luis López a fin de recabar información con respecto a si la Policía Nacional con­testó o no a la fiscal extran­jera, sin explicar el motivo para querer conocer dicha información. Según los investigadores, aparente­mente ambos habrían bus­cado atribuir al punto de contacto de la Policía la fil­tración hecha por el propio gobierno de Abdo.