Relato cronológico de la mentira de Abdo: tergiversación, conjeturas y filtración y cómo su equipo fraguó el contenido del informe confidencial, según Fiscalía; además, cómo Giuzzio se munió de información confidencial y construyó escenarios hipotéticos.

El acta de imputación de la Fiscalía revela cómo en el gobierno de Mario Abdo Benítez las autoridades y funcionarios de instituciones de inteligen­cia fueron armando una his­toria ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines proselitistas.

De acuerdo con la impu­tación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, enton­ces ministro de la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepre­lad), junto con los funciona­rios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introdu­ciendo información tergiver­sada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la ins­titución.

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Dichos funcionarios habrían proporcionado el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación, lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación. Asi­mismo, este informe de inte­ligencia filtrado a los medios de prensa habría sido presen­tado por Arregui en calidad de denuncia en contra del expre­sidente Horacio Cartes ante el Ministerio Público.

En ese sentido, según la Fisca­lía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia finan­ciera del ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, comisio­nado recién a partir de junio del 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces minis­tro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador que sirvió para hacer el poste­rior informe confidencial fil­trado a la prensa.

Tal es así que Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTE­LIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confi­denciales en dicho documento Word habrían sido utiliza­dos por autoridades nacio­nales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

BASE PARA LA FILTRACIÓN DE DATOS

(Página 12) Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces pre­sidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio. En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boi­danich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secreta­rio privado adjunto del presi­dente de la República, Mau­ricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los sala­rios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que el archivo elaborado presunta­mente por Farías y Fernández habría tenido un doble propó­sito, por un lado, servir de base para la filtración de datos con­fidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa y, por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

OTRA FILTRACIÓN CONFIDENCIAL

(Página 7) En el acta de imputación se expone ade­más que el equipo de Abdo Benítez filtró a la prensa un pedido de carácter confiden­cial realizado por la Fiscalía de Panamá a través de la pla­taforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG).

En el mes de enero del 2022, Arregui y Giuzzio habrían filtrado a los medios perio­dísticos el formulario de pedido de informe de carác­ter confidencial del Minis­terio Público, Fiscalía Segunda Especializada con­tra la Delincuencia Orga­nizada de la República de Panamá remitido por la fiscal Lizzie Bonilla en el marco de un expediente sobre Horacio Cartes.

Asimismo, en la elabora­ción de la contestación del pedido realizado se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado a cabo con relación al expre­sidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá.

ÚNICO PROPÓSITO

La filtración, efectuada por Arregui y Giuzzio con el único objetivo de desa­creditar políticamente al exmandatario, se concretó cuando el diario Última Hora publicó que la “FIS­CALÍA DE PANAMÁ ESTÁ INVESTIGANDO A HORA­CIO CARTES, REVELA GIUZZIO” y cuando el diario Abc Color emitió la publicación periodís­tica titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORA­CIO CARTES EN CASO LAVADO DE DINERO”. Este último medio incluso incluyó en su artículo el formulario de pedido rea­lizado por la Fiscalía de Panamá a través de la pla­taforma electrónica.

También llamó la atención que, por más que la Seprelad tenía acceso a la plataforma para bajar el formulario de solicitud peticionado por la Fiscalía panameña, Arregui solicitó al punto de contacto de la Policía Nacional, comi­sario principal Luis López, la entrega física del pedido de informe de carácter con­fidencial de la Fiscalía de la República de Panamá. Y que el 14 de enero del 2022, día en que el entonces ministro Arnaldo Giuzzio habría fil­trado a los medios de prensa la solicitud del Ministerio Público panameño; Arregui y Carmen Pereira se comu­nicaron con el comisario Luis López a fin de recabar información con respecto a si la Policía Nacional con­testó o no a la fiscal extran­jera, sin explicar el motivo para querer conocer dicha información. Según los investigadores, aparente­mente ambos habrían bus­cado atribuir al punto de contacto de la Policía la fil­tración hecha por el propio gobierno de Abdo.

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