El abogado Pedro Ove­lar, representante legal del expresi­dente de la República y pre­sidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, se refirió a la imputación del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, exti­tular de la Seprelad; Arnaldo Giuzzio, extitular del Minis­terio del Interior; Carmen Pereira, exviceministra de la Seprelad; René Fernández Bobadilla, también exminis­tro de la Seprelad; el actual diputado Mauricio Espínola; aparte de Daniel Farías Kro­nawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.

Explicó que la imputación se da en el marco de la denuncia presentada por Horacio Car­tes a través de su representa­ción legal por una persecución política por las entonces auto­ridades del Poder Ejecutivo.

“Esto es lo que siempre denunciamos”, dijo el profe­sional. “Nos estamos interio­rizando, aún no he tenido la oportunidad de leer, puesto que es un documento bas­tante extenso, pero ya en el inicio de la imputación misma se revela los tipos penales por los cuales están siendo imputados”, indicó al programa “Show de noticias” de GEN/Nación Media.

Apuntó que las causas en esta imputación “se basan justamente en investigacio­nes realizadas por la Fiscalía a partir de la denuncia pre­sentada por el expresidente Horacio Cartes. Nosotros denominamos persecución política en su momento, que ocurrió a través de la comi­sión de varios tipos penales que están listados también en la imputación”.

Aseveró que tanto el expresidente como los integrantes de su gabinete crearon una estructura para perseguir al entonces candidato a la pre­sidencia del Partido Colorado Horacio Cartes, y al también entonces candidato a la Pre­sidencia de la República San­tiago Peña, citando parte de la imputación.

“Mario Abdo Benítez en el año 2021-2022 habría ges­tado un esquema que aspi­raba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado, Santiago Peña y Horacio Cartes, con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”, dicta el acta de imputación.

En este caso, el abogado indicó que “para llevar adelante su objetivo el expresidente Mario Abdo Benítez habría compuesto su gabinete de ministros con personas con experiencia en el ámbito inves­tigativo, exfiscales del Minis­terio Público, entre ellos Car­los Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández, y así se esta­blece el esquema que se ha for­mado con la finalidad de perse­guir políticamente a Horacio Cartes”.

Ovelar indicó que en todo momento desde el Gobierno y con el apoyo de medios de comunicación e incluso acto­res políticos internaciona­les, como la Embajada de los Estados Unidos, se llevó ade­lante un esquema de persecu­ción política.

“Cuando hablamos de per­secución política, hablamos simplemente de un título, pero que está descrito según vemos en la imputación a través de conductas previs­tas en el Código Penal, como revelación de secreto de ser­vicios, revelación de secre­tos privados de funciona­rios con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de fun­ciones y asociación criminal”, sentenció.

Cuestionó, en este sentido, que este esquema también tuvo la participación de los medios de comunicación. “No lo han hecho solos, esto tuvo una gran repercusión a través de medios de prensa, a través de Abc y Última Hora, que no es que hicieron una investiga­ción de estos hechos”, indicó.

Agregó que los medios “han sido parte de la creación de estos hechos para provocar las sanciones, para perjudicar a un líder político y un candi­dato a la presidencia del par­tido y afectándolo también quisieron afectar al candi­dato Santiago Peña, por eso fueron publicados también sus remuneraciones y sus haberes recibidos durante el ejercicio privado”.

Ovelar sostuvo que este tipo de acciones llevadas ade­lante por nada menos que un presidente de la Repú­blica debe tener sus conse­cuencias. “No podemos tole­rar en Paraguay que ningún presidente de la República y subalternos de alto grado de la función pública realicen este tipo de actos, esto debe ser sancionado con todas las fuerzas, con todo el rigor de la ley”, puntualizó.