El planteamiento fue aprobado de manera general, avanzando el estudio de la iniciativa legislativa, capítulo por capítulo, con 27 senadores presentes. El proyecto fue aceptado con modificaciones claves como en el artículo 31, de la protección legal en la adecuación e intervención, no permitiendo que los funcionarios de la superintendencia e interventores estén exentos de juicios. Esto, aparte de garantizar que los fondos jubilatorios no sean prestados al Estado, lo cual constituía algunos de los cuestionamientos realizados contra el organismo de control.
De este modo, la propuesta de la superintendencia de jubilaciones y pensiones pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente aprobación o rechazo. Los parlamentarios enfatizaron en la necesidad de materializar el organismo de supervisión, para controlar los fondos de las ocho cajas de jubilación y pensión existentes, garantizando el retorno efectivo de las mismas y que sean mal utilizados en términos de inversión.