El senador colorado Gustavo Leite anunció que junto con otros colegas legisladores estarán recurriendo a la Justicia para exigir a las organizaciones no gubernamentales que han recibido dinero de la Unión Europea en nombre de la educación paraguaya realicen una rendición de cuentas. El objetivo principal es conocer en qué se han invertido unos 17 millones de euros que han recibido dos oenegés en particular.
El parlamentario confirmó en comunicación con 1.000 AM que recurrirán a la Justicia para exigir que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Juntos por la Educación, que son las dos organizaciones que han recibido dinero de la Unión Europea para invertir por una mejor calidad en la educación paraguaya, hasta la fecha se han negado a brindar detalles sobre cómo fueron invertidos esos recursos.
“Vamos a apelar a la Justicia para que tanto la OEI como Juntos por la Educación, como las oenegés que manejaron la plata de la Unión Europea, supuestamente para la educación paraguaya, le cuenten a los paraguayos en qué se gastó, a quién le pagaron, cuánta plata le pagaron, qué resultados hubo, es mucha plata, 17 de millones de euros, en nombre de la educación paraguaya es mucha plata, merecemos saber en qué se usó”, sentenció.
IMPOSICIONES PARA EL MERCOSUR
Por otro lado, Leite dijo estar en desacuerdo con las imposiciones expuestas por la Unión Europea como condición para concretar un acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur). Consideró que el Gobierno de Paraguay debe defender su propio modelo de desarrollo y enfatizó que si esa condición no se respeta, se debe pensar seriamente en la idea de buscar otros mercados. “Por más poderosos que sean, no podemos tomar imposiciones de nadie”, aseveró.
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Centurión está a favor de un mayor control a las ONG
El diputado Daniel Centurión expresó su postura a favor de mejorar el control y la transparencia de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), principalmente teniendo en cuenta que muchas reciben dinero del Gobierno y otras del exterior. Indicó que a pesar de que ya existan leyes para el control en la utilización de los fondos, aumentar estos controles son necesarios.
“Existen normas que abren la posibilidad del control a las distintas ONG, ahora lo que yo no acepto es de que se contamine la posibilidad de ampliar el debate donde se puedan sincerar y se pueda dar mayor transparencia, inclusive de las que ya existen hoy, de la carga que ya tienen hoy estas organizaciones con respecto a leyes existentes”, señaló en entrevista a la 1020 AM.
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Aseveró que al utilizar dinero de los contribuyentes, es necesario el control estricto del uso de estos fondos. “Yo quiero que cuánto más transparencia exista se instale ese debate, en el uso principalmente del dinero del Gobierno, que no es otra cosa que el dinero de los contribuyentes”, apuntó Centurión.
El legislador lamentó que existan sectores que quieran contaminar este debate argumentando un trasfondo político. “Algunos instalan también en el debate no solamente el dinero que destina el Gobierno hacia estas organizaciones, sino también el dinero que reciben desde el exterior”, sentenció.
Por otra parte, el diputado relató que particularmente no tuvo una buena experiencia con una organización. “Yo también tengo una experiencia no muy buena, en algún momento cuando me tocó conocer de cerca algunas organizaciones que reciben dinero del exterior, pero los resultados, por no decir que son absolutamente nulos, son casi nulos en lo que requiere a su misionalidad”, puntualizó.
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Rechazan multimillonaria demanda contra el Estado presentada por excombatientes del 1989
La justicia resolvió a favor del Estado paraguayo en una demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, contra la Procuraduría General de la República y el Estado paraguayo por responsabilidad extracontractual, con lo que se consiguió evitar el desembolso del millonario monto superior a los G. 291.335 millones, equivalentes a USD 40 millones.
El juez civil quien rechazó la demanda, Guillermo Trovato, resolvió hacer lugar a las excepciones de falta de acción y prescripción presentadas por la Procuraduría General en representación del Estado paraguayo, y en consecuencia; rechazar la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo, e imponer las costas a la parte actora.
Según los antecedentes, en fecha 3 de agosto del año 2022, se presentaron ante el juzgado los abogados Francisco Rene y Hector Rehnfeldt, invocando la representación de la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, a fin de promover demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra el Estado paraguayo, solicitando el pago a sus asociados, -942 según planilla- de 3.000 jornales mínimos para cada uno de ellos, es decir, aproximadamente G. 309.273 que multiplicados por la cantidad de sus asociados asciende a la suma total de G 291.335.166.000.
Ahora los asesores jurídicos de la referida Asociación tienen la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación en lo civil y comercial que deberá estudiar si corresponde ratificar la resolución de primera instancia.
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Ejecutivo promulga Ley de Organización Administrativa del Estado
El poder Ejecutivo anunció este viernes la promulgación de la Ley N° 7278/2024 “que regula la Organización Administrativa del Estado”, con la cual se está dando un paso fundamental hacia una gestión pública más eficiente, que ponga más en el centro las políticas públicas y roles misionales de las instituciones al ciudadano y la atención de sus necesidades.
En conferencia de prensa, la vocera de Gobierno, Paula Carro, explicó que con la promulgación de esta Ley permitirá comenzar a transformar la gestión de los ministerios, organismos y entes del Estado.
Esto se hará bajo los principios que ya caracterizan a la gestión del gobierno actual, y que se traduce en un trabajo coordinado entre las instituciones, más eficiente, con una gestión con resultados.
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“Un ejemplo de esto, es el trabajo del Gabinete Social, donde están 26 instituciones que fueron convocados a trabajar con el objetivo fundamental que es la reducción de la pobreza”, comentó la vocera gubernamental.
Explicó que los resultados “están siendo monitoreados de manera permanente. Esta estrategia se va a plasmar dentro del trabajo en equipo que estarán realizando a partir de esta legislación promulgada”, comentó.
Modificación histórica
El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Roberto Moreno, indicó que luego de casi 115 años se está modificando la Ley que organiza al Estado paraguayo.
Explicó que la última vez que se dictó esta legislación fue en el año 1909, desde entonces no se tenía una norma de avanzada como la que se logró ahora. Destacó el apoyo que ha recibido esta legislación presentada por el Ejecutivo, durante su tratamiento en el Congreso.
“Esta ley modifica la organización del Estado, después de un siglo, lo que busca establecer bases racionales y modernas para la regulación del Estado paraguayo, y lograr esa transformación del Estado que tanto se anhela”, indicó.
El asesor jurídico Moreno resaltó otro de los principios que se busca alcanzar con esta legislación; entre ellos el principio de necesidad de creación de entes u órganos públicos, que plantea la creación de aquellos que sean sumamente importantes, creando la excepcionalidad como un principio.
“Es decir que solamente de forma excepcional se creen instituciones, o nuevas reparticiones, cuando estas sean estrictamente necesarias. Buscando la no duplicación de reparticiones, porque hemos visto que nuestro Estado ha crecido de forma desordenada, porque faltaba justamente una ley que organizara”, indicó.
Así también señaló que un hito importante en esta ley en la construcción de un Estado más moderno, que se estableció la gestión pública por resultados. “Ahora, con esta Ley, así como en las empresas privadas, uno tendrá que mostrar resultados al momento de rendir cuentas”, acotó.
Finalmente, resaltó que esta legislación establece una plataforma de transparencia para que la ciudadanía pueda ver cómo se está implementando esta nueva legislación.
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Lanzan sistema de alertas tempranas para combatir la deforestación en Paraguay
El INFONA lidera la creación del Protocolo de Intervención Conjunta, buscando no sólo prevenir y sancionar las infracciones a las leyes ambientales y forestales, sino también fortalecer los mecanismos de gobernanza y aumentar la transparencia en la gestión de los recursos naturales. El Instituto Forestal Nacional ha trabajado en implementar diversas estrategias, buscando abordar de manera efectiva el cambio de uso de suelo ilegal y logrando proyectar un plan de acción para gestionar de forma sostenible la cobertura forestal del país.
En el marco de la ejecución de ese plan de acción, se realizó el lanzamiento oficial del Sistema de Alertas Tempranas de Deforestación, un conjunto de procedimientos, tecnologías y herramientas diseñadas para detectar y reportar las alertas tempranas de cambios de uso de la tierra de bosque nativo. Este sistema corresponde a una fuente de información valiosa y objetiva para la toma de decisiones informadas, así como un mecanismo de acción ágil para frenar posibles actos de corrupción ambiental.
Asimismo, el Gobierno del Paraguay ha desarrollado el Protocolo de Intervención Conjunta como una acción inmediata y decisiva por parte del Estado ante los casos de cambio de uso de suelo, diseñado para ser implementado basándose en el Sistema de Alertas Tempranas y Denuncias. A través de este protocolo, se asegurará el establecimiento de un procedimiento ágil y pertinente, a fin de salvaguardar la integridad de nuestros bosques mediante una gestión efectiva.
Se ha definido al Instituto Forestal Nacional como uno de los entes rectores y como coordinador del Sistema de Alertas Tempranas, según el Decreto 1746, aprobado por el presidente de la república, Santiago Peña. También forman parte de la creación de este Protocolo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y toda institución que se requiera, conforme a las disposiciones legales y la naturaleza del cambio.
Este protocolo se enmarca en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), que representa el compromiso firme del Gobierno del Paraguay para erradicar la corrupción en todas sus formas, promoviendo una administración pública transparente, eficiente y responsable. La ENCC identifica como prioritaria la protección del patrimonio natural del país y la gestión sostenible de sus recursos.
Además, a través de este decreto, se promulga la incorporación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal en la estructura del Instituto Forestal Nacional, el cual representa un logro histórico para el Paraguay, que demuestra el compromiso de este Gobierno con la transparencia hacia una gestión sostenible de nuestros bosques, y apuntala los esfuerzos de lucha contra la corrupción.
Este decreto, a más de incorporar a la estructura orgánica del Instituto Forestal Nacional al Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, de cumplimiento al mandato de la Ley 6676/20 y su decreto reglamentario, eleva sus funciones sumando la generación de información clave orientada hacia una gestión temprana de los incendios forestales.
Por otro lado, este hito genera las condiciones habilitantes para que la información sobre la cobertura forestal y su dinámica en los territorios sea generada y puesta a disposición de la ciudadanía, de forma sostenida en el tiempo, con los más altos estándares de rigurosidad, consistencia, coherencia y transparencia. El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal seguirá generando datos para la ciudadanía y respaldará el proceso de diseño e implementación de políticas públicas sectoriales, dando un seguimiento exhaustivo a la cobertura forestal, facilitando la detección temprana de incendios y cambio de uso de la tierra ilegal.