“Mi objetivo se basa en reivindicar los intereses y derechos del Estado”, expresó, agregando que prontamente se podrán recuperar más tierras pertenecientes al ministerio.
González manifestó que ningún otro ministro de Defensa asumió un férreo compromiso para reivindicar los derechos que tiene el ministerio sobre las tierras en Villa Hayes. Por ello, él afirmó que su gestión se basará en el respeto de la propiedad paraguaya y la priorización hacia los intereses nacionales.
“Con el resto de los inmuebles del Estado observarán que siempre apostaremos por el beneficio de todos los paraguayos, en contra de cualquier desafectación. Además, haremos cumplir la Ley n.° 5387/14, la cual estipula que las desafectaciones queden a título oneroso y a precio de mercado”, indicó.
Por otra parte, recordando que el Estado ya tomó la posesión de una parte de sus inmuebles ubicados en Villa Hayes, el ministro de Defensa Nacional adelantó el procedimiento que podrá desplegarse para continuar con las disposiciones legales sobre la zona, en beneficio del Estado paraguayo.
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Estado recibió USD 282 millones de Itaipú por el Anexo C
En los primeros seis meses del 2024, el Estado paraguayo recibió un total de USD 282 millones, transferidos por la Itaipú Binacional en el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo C del tratado de Itaipú. La Binacional anunció que los desembolsos corresponden a los conceptos de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional (Ande).
De enero a junio de 2024, las transferencias fueron de USD 138 millones en concepto de royalties; USD 102 millones por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas, y para la Ande un total de USD 42 millones en carácter de utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión, de acuerdo al reporte a la Dirección Financiera de la Entidad.
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El informe señala también, que en lo correspondiente solo a los desembolsos de Itaipú realizados en el sexto mes, USD 22 millones corresponden a los montos de royalties, USD 17 millones inyectados por cesión de energía, y la Ande recibió USD 1,6 millones, un total de USD 41 millones de transferencias al Estado por parte de la binacional en junio de este año.
Una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), y otra al Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales. En cuanto a la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y otro porcentaje es distribuido a municipios y gobernaciones; según establecen las legislaciones nacionales.
En lo que respecta a la Ande, los pagos de Itaipu, en tiempo y forma, le permiten a la misma tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.
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Paraguay refuerza derechos de personas con discapacidad
Paraguay ha dado un paso crucial en la protección de los derechos de las personas con discapacidad al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Este compromiso implica que el Estado paraguayo debe adoptar medidas para crear políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la convención.
La Ley n.º 4934 de “Accesibilidad al medio físico para las personas con ciscapacidad” busca asegurar la igualdad de oportunidades en accesibilidad para las personas con discapacidad. Esta ley pretende eliminar barreras físicas que limitan la movilidad y la integración social de estas personas, promoviendo un entorno inclusivo.
Complementando esta legislación, la Ley 5136 establece un modelo educativo inclusivo. Esta ley remueve barreras que impiden el aprendizaje y la participación de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, facilitando su accesibilidad a través de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal. Así, se promueve una educación equitativa para todos.
Otro aspecto importante es la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública, que garantiza que la información del Gobierno sea accesible de manera amplia y fácil. Esta obliga a las fuentes públicas a organizar y difundir la información de forma sistematizada y permanente, asegurando la transparencia y el acceso a la información para todos los ciudadanos.
Sin embargo, un estudio de 2020 reveló que las páginas web de los ministerios del Gobierno paraguayo no son accesibles para personas con discapacidad, evidenciando una brecha entre la normativa y la realidad. Es esencial que el Gobierno aborde estas deficiencias para cumplir con los estándares internacionales de accesibilidad digital.
Por último, el Viceministerio de Transporte, mediante la Resolución 62/14, obliga a que el 15 % de la flota de buses en el Área Metropolitana de Asunción esté equipado con rampas para personas con discapacidad. Esta medida es fundamental para garantizar la movilidad e inclusión de las personas con discapacidad en la vida cotidiana.
La ratificación de la Convención y las leyes mencionadas es un paso significativo hacia la inclusión, pero es vital que estas normativas se implementen efectivamente para mejorar la calidad de vida en Paraguay.
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Rechazan multimillonaria demanda contra el Estado presentada por excombatientes del 1989
La justicia resolvió a favor del Estado paraguayo en una demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, contra la Procuraduría General de la República y el Estado paraguayo por responsabilidad extracontractual, con lo que se consiguió evitar el desembolso del millonario monto superior a los G. 291.335 millones, equivalentes a USD 40 millones.
El juez civil quien rechazó la demanda, Guillermo Trovato, resolvió hacer lugar a las excepciones de falta de acción y prescripción presentadas por la Procuraduría General en representación del Estado paraguayo, y en consecuencia; rechazar la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo, e imponer las costas a la parte actora.
Según los antecedentes, en fecha 3 de agosto del año 2022, se presentaron ante el juzgado los abogados Francisco Rene y Hector Rehnfeldt, invocando la representación de la Asociación de ex combatientes del 2 y 3 de febrero del año 1989, a fin de promover demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra el Estado paraguayo, solicitando el pago a sus asociados, -942 según planilla- de 3.000 jornales mínimos para cada uno de ellos, es decir, aproximadamente G. 309.273 que multiplicados por la cantidad de sus asociados asciende a la suma total de G 291.335.166.000.
Ahora los asesores jurídicos de la referida Asociación tienen la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación en lo civil y comercial que deberá estudiar si corresponde ratificar la resolución de primera instancia.
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Gobierno de Peña apunta a reivindicar labor policial
El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que el gobierno de Santiago Peña apunta a reivindicar la labor de los efectivos policiales con la introducción de mayores beneficios sociales y el aumento de inversiones para las fuerzas de seguridad y defensa. Como ejemplo, reiteró el acompañamiento del Poder Ejecutivo al proyecto de modernización de la Policía Nacional, que ya cuenta con la media sanción del Senado y se prevé próximamente su estudio en la Cámara de Diputados.
La iniciativa reorganiza a la institución policial y establece garantías para los agentes, entre ellas, que toda promoción y ascenso sea a través de concursos públicos. “Cuando haya promoción, ascensos, se harán concursos públicos. Se blindará como lo estamos haciendo ahora a la institución policial de la influencia política, que es una práctica muy vieja, muy usada. Hoy no entra ni sale nadie de la policía sin el visto bueno de la Comandancia, haciendo que se respete su liderazgo”, indicó.
BENEFICIOS SOCIALES
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron en una entrevista emitida este sábado por la Vocería de Gobierno. “Probablemente la parte más importante de la ley es una reivindicación a la Policía Nacional en relación a los beneficios sociales”, refirió.
Riera detalló que mediante la propuesta los agentes tendrán posibilidad de cobrar por desarraigo cuando son enviados lejos de su residencia, también tendrán bonificaciones, gratificaciones y rubros para la compra de uniforme, de armas y de municiones.
Asimismo, manifestó que desde el Gobierno se apuesta a una fuerte inversión para dotar de equipos a los policías, como chalecos antibalas, equipos de comunicación, unas 500 patrulleras más y motocicletas.
SEPA MÁS
Triplican agentes motorizados de Lince
Cabe destacar además que el gobierno de Santiago Peña continúa potenciando el sistema de seguridad en Paraguay, tras concretarse el pasado miércoles el egreso de una nueva camada de 507 agentes Linces que se incorporarán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional.
Con esto se está triplicando el número de agentes motorizados, con lo que se logra unos 4.000 uniformados que estarán vigilantes en las calles brindando mayor seguridad a las familias, según informaron desde la Comandancia de la Policía Nacional.
“De buenas a primeras vamos a estar distribuyendo en el departamento Central, donde precisamos mayor cantidad de Linces, consideramos por la cantidad de habitantes, el flujo comercial, eso es un factor determinante para que podamos distribuir en el departamento Central”, indicó el jefe del Grupo Lince, Gustavo Ruiz Díaz, en entrevista a la 1020 AM.