El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia se puso a disposición del Ministerio Público tras el lapidario informe de la Contraloría General de la República sobre supuestos casos de corrupción bajo su administración.
La presentación lo hizo a través de una nota remitida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, señalando que se pone a disposición para cualquier investigación de manera voluntaria.
La nota fue remitida al Ministerio Público ayer miércoles 20 de setiembre bajo el patrocinio de los abogados Andrés Casati y Arturo Daniel, quienes ejercerán su defensa ante cualquier proceso judicial.
En la nota firmada por Bataglia y sus abogados, expresa que habiendo tomado conocimiento de las acusaciones en su contra a través de los medios de prensa, la presentación por parte de la Contraloría General de la República remitiera los antecedentes de la auditoría realizada, se pone de manera voluntaria a disposición de la investigación que se pudiera llevar adelante.
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Fiscalía rendirá cuentas sobre casos de corrupción e investigación penal
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público encabezará la segunda audiencia de “Rendición de Cuentas en la Lucha contra la Corrupción” donde se abordarán casos emblemáticos y buenas prácticas en investigaciones penales. Esta presentación se da en el marco del programa de fortalecimiento de esta unidad.
“Son tres los casos emblemáticos que son abordados desde la perspectiva de buenas prácticas en la investigación penal. La segunda audiencia se realizará este martes 18 de junio en el Hotel del Paraguay, sobre la condena a Roberto Cárdenas y las escuelas de Lambaré, con los agentes fiscales intervinientes”, informaron desde la Fiscalía.
Asimismo, la institución apunta a explicar el impacto de los casos en las comunidades afectadas, especialmente en las poblaciones vulnerables y de esta forma fomentar la participación ciudadana, en el marco del diálogo abierto entre las autoridades y la sociedad.
El objetivo principal de este encuentro es informar a la ciudadanía sobre algunos resultados obtenidos por el Ministerio Público en la persecución de hechos de corrupción. Además, presentar de manera detallada los resultados de la investigación y las condenas obtenidas en casos emblemáticos de corrupción pública, según informó la institución.
Esta presentación de la Fiscalía es realizada con el apoyo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) del gobierno de los Estados Unidos y la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público.
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Vence plazo para que Fiscalía actúe en caso Miguel Prieto
Unidad de Investigación Nación Media (investigacion@nacionmedia.com)
Este miércoles vence el plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo en el caso de los kits alimenticios fantasmas entregados por la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por Miguel Prieto.
En enero pasado, un tribunal de apelaciones había decidido ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos en una de las causas contra el intendente esteño, Miguel Prieto, y otros procesados por lesión de confianza.
El plano inicial para la presentación del requerimiento conclusivo estaba previsto para el 19 de enero de 2024, según una providencia firmada por el juez José Delmás, con respecto a Prieto y a los demás procesados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.
Tras la resolución de la cámara, el agente fiscal debería finalizar su investigación el 19 de junio, es decir este miércoles.
Entre las diligencias pendientes a realizar y que motivaron la prórroga figuraban pedidos de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entidades financieras, Contrataciones Públicas, exigencia de libros contables a las empresas vinculadas, pericia contable y declaraciones testificales.
A partir de los informes tributarios se pretendía obtener en forma cuantitativa y cualitativa los ingresos obtenidos y los egresos realizados durante el periodo investigado a fin de determinar la adquisición de los productos de los kits alimenticios, los desembolsos para su posterior entrega a la Municipalidad de Ciudad del Este en tiempo y forma.
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La causa
Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron en julio de 2023 una imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la Resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inmediata. Tía Chela SRL tampoco disponía de la capacidad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licitación de tal magnitud. Según las sospechas de la Fiscalía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje documental, con el propósito de defraudar a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cuales la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000. Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.
La investigación ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que implican tanto la falta de inventario como la ausencia de capacidad logística y financiera por parte de la empresa adjudicada, lo que ha resultado en un grave daño económico para la municipalidad y ha cuestionado la integridad de los procesos administrativos bajo la gestión de Miguel Prieto.
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Comiso y destrucción de prendas requisadas
El fiscal Ysrael Villalba, de la Unidad Especializada en Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, allanó un local comercial el fin de semana pasado y requisó una gran cantidad de prendas de vestir de marcas internacionales.
El procedimiento fue en el local denominado Be Shop, en el kilómetro 4,5 de Acaray, en Ciudad del Este, mediante el mandamiento judicial firmado por la jueza de Atención Permanente, María de Fátima Burró. Entre las prendas incautadas están mayoritariamente camisetas de las marcas Tommy Hilfiger, Burberry, Polo, Lacoste, Valentino, Fendi, Prada y Carolina Herrera, entre otras.
La intervención del Ministerio Público se produjo tras una denuncia promovida por la abogada Fátima Argüello, de la Dirección de Lucha contra la Piratería y la Falsificación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). Los responsables del local intervenido por la Fiscalía serán investigados por la presunta comisión del hecho punible de violación de la ley de marcas, según el fiscal Villalba.
Como resultado de otro operativo similar, el Ministerio Público procedió a la destrucción de productos falsificados que fueron incautados durante un allanamiento, en cumplimiento de una disposición emanada del Juzgado de Garantías n.º 7, a cargo de la magistrada María de Fátima Burró.
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Sectores mediáticos aplauden dictamen de la Fiscalía que antes cuestionaban, dice Tuma
El Ministerio Público emitió un dictamen mediante el cual expresa que el proceso de expulsión de Kattya González del Senado, pasó por alto el reglamento establecido para la pérdida de investidura. Esta posición de la Fiscalía es aplaudida por ciertos sectores que abogan porque la Cámara Alta reincorpore a la exlegisladora, mientras que años atrás, se posicionaban en contra de que el Congreso considere recomendaciones de otros poderes del Estado, señalaron.
“Cuando se defiende una posición que no es la correcta en nombre de la democracia, lo que hacemos es atentar contra las instituciones. La posición del Ministerio Público es la misma que adoptó cuando se planteó esta disyuntiva en torno a Nicanor Duarte Frutos y a Horacio Cartes. La Fiscalía viene manteniendo una misma postura, esta posición es hoy aplaudida y la misma cinco años atrás era escrachada por estos medios”, cuestionó el abogado Óscar Tuma.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el abogado manifestó que ciertos medios de comunicación levantan la bandera de la defensa de la democracia, pero lo que verdaderamente hacen es defender intereses personales o empresariales y muestra de esto es la posición contradictoria que toman hacia una recomendación que hace el Ministerio Público.
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Sectores mediáticos aplaudieron a la Cámara de Alta cuando esta, bajo la presidencia de Fernando Lugo primeramente, no se dejó jurar a Nicanor Duarte Frutos, hecho que se replicó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando el Senado tampoco tomó juramento a Horacio Cartes, pese a las recomendaciones que realizaron otras instituciones en las dos oportunidades para que juren como senadores vitalicios.
Hoy, como el dictamen es favorable para la exsenadora González, han iniciado una campaña con la intención de que el Senado tome en cuenta las consideraciones que hizo la Fiscalía. “Tienen la gran disyuntiva sobre lo que ellos cinco años atrás defendían en cuanto a la independencia del Poder Legislativo de otros poderes del Estado, y ahora esa situación no les agrada. Situaciones como esta son las que terminan rompiendo el Estado de derecho”, cuestionó.
Tuma lamentó que los medios generen opiniones de acuerdo a las cuestiones que les son favorables y recordó que estos mismos grupos, emprenden críticas feroces en contra del Ministerio Público diciendo que no cumple con sus funciones, pero que ahora, aplauden porque se obtuvo un dictamen que resulta de su agrado.
En manos de la Corte
“La Corte Suprema de Justicia es la que debe estudiar la inconstitucionalidad, el dictamen del Ministerio Público no es vinculante. La Cámara de Senadores va a adoptar una posición política, así como lo hizo cuando le tocó entender sobre el juramento de Horacio Cartes y de Nicanor Duarte Frutos, seguramente acá también el Senado va a tomar una posición política”, aclaró Tuma.
A través de sus redes sociales, el abogado y exdiputado expuso esta situación que hoy forma parte de la agenda de los medios, preguntándose cómo actuarán ciertos medios ante este hecho. ¿Qué harán ahora ciertos medios, que antes celebraban la decisión de Senadores de no incorporar a Horacio Cartes como senador a pesar de las resoluciones favorables, ahora que la situación ha cambiado? Este es el problema que generan ciertos medios a la democracia”, advirtió.