De acuerdo a una auditoría realizada por el órgano fiscalizador correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del año 2023, en el ente se detectó un supuesto desfalco equivalente a G. 1 billón. Al respecto, el subcontralor Augusto Paiva puntualizó que la presentación de la acusación fue realizada en el transcurso de la siesta.
“Me tocó hacer la remisión al Ministerio Público de los reportes e indicios de hechos punibles que están señalados. Son cuatro actividades de control culminadas con todas las pruebas documentales para que la Fiscalía realice en el ámbito de su competencia la investigación de esta denuncia”, puntualizó.
Entre los indicios más relevantes, Paiva detalló que el órgano de fiscalización detectó 9.355 bienes de la previsional; equipos de salud, laboratorio e informática catalogados como “faltantes” y que totalizan la suma de G. 42.915 millones.
Paiva detalló que otra de las irregularidades se centra en la aprobación de un préstamo por el Consejo administrativo de la previsional en una entidad bancaria por la suma de G. 50.000 millones. Señaló, además, que en el IPS hallaron una falta de gestión para la reparación o baja de bienes por valor de G. 2.000 millones.
“Se ejecutaron cuatro auditorías al IPS durante la gestión de Vicente Bataglia que revelaron irregularidades en la construcción del Hospital Ingavi, el manejo de los bienes patrimoniales, el consumo de combustibles y lubricantes, así como la gestión financiera administrativa”, sostuvo en una entrevista con NPY.
Por otra parte, dijo que no se detectaron documentos de rendición de cuentas del consumo de combustible para los generadores por la suma de G. 705 millones. En cuanto al parque automotor, expresó que se detectó que el consumo de combustible superó el promedio por cada 100 km, por un valor de G. 947 millones.
“Las pesquisas arrojaron, por ejemplo, que un funcionario realizó cargas de combustible en varios vehículos en forma simultánea, por un valor de G. 1.059 millones, esto todo en un solo día”, expresó el subcontralor.
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Roban elementos explosivos de una cantera en Itapúa
Autoridades de Seguridad informaron sobre el robo de una gran cantidad de explosivo en el departamento de Itapúa. Precisaron que serían más de 10.000 metros de cordones detonantes; que según el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, es un alto explosivo que se utiliza para conectar los pozos de las canteras.
En conferencia de prensa que se realizó desde Mburuvicha Róga, el ministro de Defensa, Oscar González, indicó que cuentan con serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas, por lo que inmediatamente ya se ha comunicado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para el control pertinente. Igualmente, descartó que estos artefactos e insumos terminaran en manos del crimen organizado.
El ministro González indicó que ni bien se tomó conocimiento del hecho, el presidente de la República, Santiago Peña, tomó una decisión rápida y contundente, suspendiendo la venta de todos estos materiales, que son de uso comercial. Desde este jueves, se ha normalizado la comercialización de vuelta.
“Atendiendo esta situación y la intervención oportuna de la Dimabel, se pudo constatar, ya que tenemos serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas. Con estas evidencias tenemos la certeza de que no fueron a parar al crimen organizado, que era la mayor preocupación que teníamos”, expresó.
Mientras que la vocera de Gobierno, Paula Carro, explicó que el supuesto robo o sustracción se registró en una cantera que estaba habilitada para operar, se produjo hace unos días atrás, y reportó el robo de esos materiales explosivos en el departamento de Itapúa.
“Este hecho, por las derivaciones que pudieran tener, generó una reacción inmediata de los órganos del Gobierno, atendiendo que se trata de un negocio de alta sensibilidad, por lo que obliga a que la regulación y el control sean altos. Teniendo siempre como objetivo la seguridad del Estado y la seguridad de las personas. Está aún en curso esta investigación y se han logrado verdaderos avances para neutralizar el eventual peligro que pudiera representar”, destacó Carro.
Uso en canteras ilegales
A su turno, el director de la Dimabel explicó que gracias a la trazabilidad de estos materiales, difícilmente una cantera habilitada podrá hacer uso de esos materiales explosivos, en forma irregular y sin el control de la Dimabel. Indicó que existe la sospecha de que estos materiales están siendo utilizados en canteras irregulares, no habilitadas para la explotación.
Melanio Servín indicó que será el Ministerio Público el que finalmente deba determinar si la presunción que la Dimabel logró constatar confirma que los materiales fueron distribuidos y utilizados en esas canteras ilegales.
“Nosotros como institución coadyuvante tenemos esa premisa, basada en las declaraciones de estos receptores, de estos materiales explosivos por parte de la Cantera La Roca, sita en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa”, precisó.
Finalmente, indicó que la Dimabel llevó adelante un sumario administrativo que concluyó en primer lugar con la incautación total de los materiales explosivos que dispone esta cantera. Así como la aplicación de una importante y elevada multa de 180 jornales. Mencionó que existe una presunción de la violación de la Ley 4036, se derivó el caso a la Fiscalía y comunicaron el hecho al MOPC y al Mades.
“Nosotros como institución tenemos una alta presunción de que fue una autodenuncia, que quedará a cargo del Ministerio Público y los órganos investigativos determinar si es así. La presunción es que la propia empresa es la que habría vendido esos productos a canteras clandestinas y que luego realizaron la denuncia del supuesto robo. Esto fue confirmado con algunos de los usuarios que están operando de manera ilegal en canteras que se encuentran en los alrededores”, acotó.
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Ahorro y capacidad de gestión en el IPS
- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
Directivos de la institución señalaron que se vieron obligados a tomar una serie de medidas impopulares, a fin de preservar el Fondo de Jubilaciones que les permita ir generando una mayor racionalización en los gastos corrientes, orientados a revertir la delicada situación financiera por la que vienen atravesando, pues el objetivo primario debe ser preservar los recursos a ser destinados a los aportantes activos (hoy suman 900.000) cuando se acojan a los beneficios de la jubilación.
El señor Brítez, presidente del Consejo de Administración, señaló que dentro de la estructura de los fondos jubilatorios históricamente se ha observado superávit, permitiendo a la entidad tener dentro de dicho rubro USD 2.350 millones, los que en función a lo estipulado en su carta orgánica, van siendo colocados en instrumentos financieros dentro del sistema (siendo en su mayoría certificados de depósitos de ahorros a plazo fijo, CDAs), que les van redituando intereses.
Es prioritario para la institución ir generando rentabilidad, que les permita capacidad de ahorro.
Dijo Brítez que cuando se hicieron cargo de la administración del IPS, se encontraron con una total desprolijidad en el manejo de los recursos, puntualizando que durante el periodo presidencial anterior, la institución ha incorporado a unos 10.000 nuevos funcionarios contratados, además de otras decisiones como elevar el haber mínimo jubilatorio, sin que en contrapartida se cuenten con fuente de financiamiento.
Estamos a casi 10 meses de la actual administración, lapso en el cual se pudieron haber ya tomado en forma proactiva decisiones drásticas para poder lograr una disminución y racionalización de la montaña de gastos rígidos mensuales en concepto de sueldos y otros beneficios.
Los 10.000 funcionarios contratados en los últimos 5 años es de suponer que la Dirección de Capital Humano ya tuvo que haber hecho un análisis y evaluación global caso por caso de cada uno de ellos, dado que todos los contratos tienen fecha de expiración y el empleador tiene la potestad de poder renovarlo o rescindirlo a su vencimiento.
Hace poco también uno de los miembros del Consejo había dicho que se estima que el IPS tendría no menos de 1.000 funcionarios comisionados a otras entidades, lo cual también están insumiendo mes a mes montos millonarios en concepto de sueldos que afectan en forma directa a su gestión económica.
El IPS cuenta dentro de su activo con inmuebles valiosos ubicados estratégicamente que son arrendados, pero precisándose actualizar sus tasaciones para determinar la viabilidad o no de mejorar los ingresos por renta en concepto de alquiler.
Cálculos actuariales señalaban que recién para el 2038 la institución podría estar en una negativa situación financiera, lo cual se adelantó, puesto que según su presidente, desde el año 2020 se han venido “echando mano” a las rentas generadas para el fondo de jubilaciones.
La entidad adeuda a empresas del sector farmacéutico aproximadamente USD 450 millones, ascendiendo la deuda global a unos USD 850 millones, ya que también se incluyen otros tipos de acreedores dentro de su pasivo.
Sus directivos están buscando alternativas financieras que les permitan ir regularizando este elevado nivel de endeudamiento, pero hasta ahora lamentablemente no se han podido materializar como hubiera sido de esperar, a pesar de que se cuenta con instrumentos financieros como la emisión de bonos de renta fija de largo plazo en guaraníes, que pudieron haberlo diseñado y aplicado a la amortización/repago, en función a su capacidad actual/proyectada generadora de fondos, pues van acumulando intereses moratorios que incluyen los sábados, domingos y feriados.
El descalce financiero actual técnica y profesionalmente tiene alternativas de solución.
No es posible que hayan transcurrido varios meses desde agosto de 2023 y hasta ahora siguen buscando alternativas de solución, puesto que en la medida en que no pongan en práctica una reingeniería financiera global, el uso del 28 por ciento de las rentas de sus reservas en el peor de los escenarios podrían seguir utilizándolos, lo cual hace necesario encontrar una solución a través de una buena capacidad de gestión, con profesionalismo, idoneidad, innovación y creatividad.
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Consejo de IPS acuerda solicitar ampliación presupuestaria
Este martes se llevó a cabo una reunión conjunta entre la Comisión de Salud del Senado y los miembros del Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), en el marco de la creación de una comisión especial transitoria, encargada de considerar la problemática de la institución.
El presidente del IPS, Jorge Brítez, detalló ante los medios de prensa en el Senado que uno de los puntos analizados en medio de la reunión fue el pedido de un aumento presupuestario, entre USD 1 millón a USD 2 millones, para responder con una base mejor constituida las falencias institucionales.
“En principio sería para una cobertura total, pero mayoritariamente iría al área de salud y un porcentaje pequeño estaría dirigido a jubilaciones, por los pagos a ser realizados”, explicó Brítez. Sobre la falta de medicamentos, indicó que se impulsa un convenio con el Ministerio de Salud para dar abasto.
El titular del IPS también explicó que la deuda sigue vigente porque se paga menos de lo que va ingresando. Puntualizó que siguen en esa disyuntiva, buscando alternativas económicas y financieras para tratar de honrar el déficit existente, sin dejar de resaltar las labores colaborativas del Legislativo.
Por su parte, el titular de la Comisión de Salud, Antonio Barrios, indicó que se presentará una reforma del IPS a través del Ministerio de Economía. Se trataría de tres proyectos: uno referente al tiempo de aporte, sobre la recuperación de las inversiones del IPS y acerca de la adecuación de las deudas.
“Estos proyectos están pendientes de llegar al parlamento y lógicamente nosotros brindaremos el apoyo y acompañamiento necesario para que esta institución pueda salir adelante, a pesar de las grandes dificultades de la administración, por el mal manejo de la gestión anterior”, dijo.
El senador señaló además que la reunión realizada fue aprovechada para conocer otras problemáticas que afectan a la previsional, como el pedido de aumentos en la institución sobre los haberes jubilatorios, durante la administración de Abdo Benítez, pese a advertencias al respecto.
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Villarrica: abogado denuncia que sede de la Fiscalía está en deplorable estado
La sede del Ministerio Público en Villarrica se encuentra en deplorable estado, según denunció un abogado de esta ciudad. El edificio acumula una gran cantidad de basura y algunos muebles en desuso están tirados en el patio de la oficina departamental.
El abogado José David Bogado, miembro del Colegio de Abogados de Villarrica, describió las condiciones en que opera esta filial de la Fiscalía. “Es verdaderamente vergonzoso. Es una situación donde no puede desarrollarse bajo ningún punto de vista la labor tan importante y delicada del órgano investigador”, lamentó.
Explicó que el gremio hace mucho tiempo que viene reclamando e inclusive se ha entregado la inquietud al propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“El pedido que nos hacía él era que tengamos un poco de paciencia que las cosas se irían poniendo en orden y se irían resolviendo. Pero pasaron aproximadamente siete meses y las soluciones no se avizoran. Al contrario, el estado del edificio es cada vez peor”, afirmó el profesional.
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Aseguró que los funcionarios ni siquiera cuentan con insumos de oficina para ejercer sus labores. Tampoco cuentan con elementos de limpieza y entre ellos deben organizarse en pequeños grupos para asear las dependencias. Aparentemente, ni el sanitario funciona, según imágenes socializadas por un medio digital.
“Ellos tienen que comprar sus hojas y sus tintas para tratar de paliar un poco toda la situación para poder dar respuestas a las incesantes requisitorias que a diario recaen ante el Ministerio Público de Villarrica”, remarcó.
Según el denunciante, la información que se maneja en la zona es que el edificio se encuentra en ese estado porque el Ministerio de Economía y Finanzas supuestamente no transfiere los recursos presupuestarios a esta institución.
“Yo no sé si esa puede ser la razón de la ausencia de recursos, pero no existen cupos para combustible, no existen rubros para viáticos. Uno necesita un perito porque debe trasladarse, pero no cuentan con el rubro para el traslado”, se quejó.
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