Durante su presiden­cia, Mario Abdo Benítez vivió en un país muy distinto al que batallan miles de paragua­yos que sobreviven con lo justo. Así lo sugieren los lujos que se pegaron el mandata­rio y su familia, con inversio­nes de millones de dólares, reparto de cotizados inmue­bles y una empresa creada por el mismo con un meteó­rico ascenso, Aldia SA, gra­cias a rutas impulsadas por su gobierno.

Las extraordinarias ganan­cias de Aldia SA se acrecen­taron durante la pandemia de covid-19, cuando la ciu­dadanía soportó una ola de denuncias de corrupción y, coincidentemente, Marito le heredaba (2020) una lujosa casa a los hijos de su primer matrimonio, valuada en USD 2 millones, según referentes del sector inmobiliario.

Nuestro diario confirmó que de una ganancia anual de G. 6.665 millones en 2013, la empresa de asfalto en la que Abdo puso al hijo en su reemplazo subió a G. 92.647 millones en 2021, siendo los años de pandemia los más dorados en facturación.

En el cierre del ejercicio 2021, duro año de pande­mia, en medio de una crisis generalizada por el covid- 19, Aldia SA experimentó un crecimiento de factura­ción de 1.290 % con relación al cierre del ejercicio 2017. Solo una investigación pro­funda, seria, responsable, como destacan a nuestras instituciones, hará llegar a la verdad de los hechos, si hubo o no tráfico de influencias, si se digitaron licitaciones, si hubo sobreprecios, etc.

Quedaron demasiados hechos que escandalizaron a la ciudadanía y que gene­raron enorme perjuicio. Los que intentaron negociar el acta entreguista de Itaipú, el acuerdo secreto extra­judicial para pagar USD 7 millones a un proveedor argentino cuando no había razones válidas, que se frenó gracias a filtraciones de la prensa, son parte de la serie de intentos de despojo que alguna maniobra adminis­trativa tuvo que haber gestio­nado desde el poder público.

Hubo otros daños más sensibles, como el dinero entregado como anticipo de vacunas que no llegaron. Recordemos el pago adelan­tado de USD 6,8 millones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para com­pra de vacunas anticovid a través del mecanismo Covax para traer 4.279.800 dosis; sin embargo, solo recibió 1.093.200. Alguien debe hallar explicaciones del dinero perdido y quiénes asumirán la responsabili­dad de los USD 5,6 millones no recuperados.

La pasarela de ñandutí y los responsables del sobrepre­cio de G. 3.142 millones. La inconclusa conectividad de escuelas por un malogrado proyecto de USD 62 millo­nes que fue lanzado en 2020, con el objetivo de crear una red de telecomunicaciones para provisión de internet a instituciones educativas; sin embargo, el Mitic hasta noviembre de 2022 solo logró completar los proce­sos de instalación, conexión y activación de servicios en 119 instituciones de las 1.538 seleccionadas.

Las comisarías móviles “de oro” de Juan Ernesto Villa­mayor, que incluían compra de muebles a precios exor­bitantes con hasta dieciséis veces por encima del monto que se cotizaba en el mer­cado. Los pagos a los plani­lleros vip de la Caminera, con un grupo de 15 inspecto­res de la Patrulla Caminera beneficiados con una licen­cia especial para cobrar sin trabajar, alevoso hecho con­firmado por la Contraloría General de la República, son parte de la negra herencia del gobierno de Abdo.

Festín de licitaciones en varias instituciones, muchas de ellas apuradas y a la bartola en el último tramo del gobierno ante­rior. IPS y el negocio de una rosca cerrada en licitacio­nes de limpieza y varios otros casos no deben que­dar impunes, no tenemos chance de equivocarnos, lo dijo el propio presidente de la República.

No es menos grave ni menos urgente el desman­telamiento del control que hicieron en los puertos pri­vados y las vinculaciones con sindicados narcos de algunos amigos del expre­sidente Abdo, que tuvieron ministerios bajo su domi­nio, también ameritan investigaciones. La libe­ración que hicieron en los puertos exige una auditoría seria para revelar los daños, el perjuicio que se generó al comercio exterior al conta­minar la imagen país con la narcoexportación.

Los exaltos funcionarios, llámese ministros, direc­tores, etc., sospechados de enriquecimiento ilícito como el caso del exminis­tro Arnaldo Giuzzio, con dudoso manejo de infor­mación institucional de carácter reservado que saltó como uno de los gran­des magos de las finanzas durante la pandemia, debe rendir cuentas a la Justicia.

La única salida para no seguir dando tregua a la corrupción es combatir la impunidad, y que los respon­sables del intento de mano­tazo a la cosa, como aquellos que les metieron mano a los bienes del Estado, paguen por sus actos.

La Contraloría General de la República, el Ministerio Público y los demás orga­nismos de control deben encontrar la clave de cómo la empresa de la familia del expresidente Abdo amasó fortuna de manera camu­flada detrás de grandes lici­taciones de rutas, principal foco de acción de su gobierno.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas debe, por su parte, dicta­minar la necesidad de esos llamados a grandes contra­taciones públicas que tie­nen como insumo básico el asfalto que tenían como importante proveedor de las contratistas del Estado a la mencionada empresa del expresidente Abdo.

Pese a los innumerables casos de corrupción donde al menos como responsable del Poder Ejecutivo, aparece vinculado el expresidente Mario Abdo Benítez, el diario Abc color expuso datos de su decla­ración jurada, donde hace constar un aumento patrimonial de G. 4.272.061.372 durante los cinco años de su periodo.

Esta cifra, que ronda los USD 593.000 si tomamos el cam­bio actual de la moneda norteamericana, deja la sensación de un intento de blanqueo a la persona a quien Zuccolillo cuidó durante su mandato.

Independientemente a estas declaraciones juradas de Marito, la Contraloría General de la República está obligada a iniciar tam­bién examen de correspondencia y eso incluye a familiares del declarante, en este caso el expresidente.

El monto que “bombos y platillos”, Abc color intenta instalar desde una declaración formal de ganancias de su aliado político, es a todas luces, ínfimo, si se tiene en cuenta los siderales mon­tos que se manejaron en las diversas licitaciones principalmente en infraestructura.