El abogado Ricardo Preda dijo que el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, no puede desentenderse de las publi­caciones realizadas res­pecto a las filtraciones de informaciones confiden­ciales que se dieron desde la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como garrote político para per­seguir a los críticos del gobierno saliente.

“Lo que debe evaluar la Fiscalía es si las informa­ciones publicadas en los medios tienen la entidad y el soporte en evidencias. Lo que yo logré ver es que se hacen afirmaciones en los medios que van acom­pañadas de las evidencias, fotos de correos, entre otros que denotan que hay una evidencia mínima que sustentan esas informa­ciones”, afirmó Preda en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN/Nación Media.

Las declaraciones de Preda surgieron tras las afirma­ciones del fiscal general del Estado (FGE), quien afirmó el pasado jueves que las informaciones publica­das en los medios “no tie­nen la fuerza para abrir un proceso judicial”, razón por la cual requirió que se pre­sente una denuncia formal, rechazando de esa manera actuar de oficio. “Todo esto (las publicaciones en medio de prensa) puede ser consi­derado como una informa­ción suficiente para iniciar una investigación”, mani­festó Preda.

De acuerdo con un trabajo investigativo realizado por los periodistas Jorge Torres y Cinthia Mora para el programa “La caja negra”, emitido por Unica­nal, luego de la “denuncia” del exministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra el exman­datario Horacio Cartes, coincidentemente, salta­ron las mayores filtracio­nes de información confi­dencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institu­ción manejada por Carlos Arregui era la que proveía información seleccionada dirigida a los enemigos políticos del Gobierno.

Al respecto, la viceministra Carmen Pereira figura como la prin­cipal operadora que ordenaba la inclusión de personas en la lista a ser investigadas en total violación a los procedimientos inter­nos, ya que ni siquiera se habían generado reportes sospecho­sos ni pedidos de instituciones como la Fiscalía o la Contraloría General de la República. Pese a los escándalos por las filtracio­nes, la Seprelad nunca aplicó un protocolo, ignorando las reco­mendaciones de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica).

“Todo tipo de información financiera es confidencial, sola­mente el titular de esa información puede autorizar su divul­gación. En el caso particular de Seprelad, la Ley 1015 y las modificaciones posteriores a esa ley que es la que regula la Seprelad establecen específicamente el deber de guardar secretos sobre toda información que se maneje en esa ins­titución. El deber de guardar secreto es dirigido específica­mente a las personas que tienen esa cualidad (funcionarios de Seprelad)”, remarcó el abogado Preda.