Hoy, 22 de junio, se cumplen 11 años del juicio político a Fernando Lugo, quien dejó la Presidencia de la República a poco más de un año de concluir su mandato. Pese al tiempo transcurrido, aún existen opiniones dispares sobre lo ocurrido.

• Por Nadia Denis
• nadia.denis@nacionmedia.com

Tras la tragedia de Curuguaty el 15 de junio, en la que 17 paraguayos perdieron la vida (11 campesinos y 6 policías) en consecuencias todavía consideradas como inexpli­cables, se produjo en Para­guay la crispación política que llevó al fin del mandato de Lugo. Su gestión “perdió la confianza” de los diferen­tes partidos, según manifes­taron los protagonistas de esa época.

El 20 de junio de 2012, el entonces diputado colorado Luis Gneiting presentó ante la Cámara Baja una moción para someter al presidente de la República a juicio político, que fue respaldada por otros partidos, incluso por los alia­dos de Lugo. La moción quedó y fue aprobada con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias.

Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se solicitó a los militantes de la organización política que formaban parte del gabinete de Lugo que renuncien a sus cargos. De esta forma, se dio la renuncia de los titulares de Justicia y Trabajo, Industria y Comercio, Deportes, Edu­cación y Cultura, y Agricul­tura y Ganadería.

Con la confirmación inmi­nente del sometimiento a Fernando Lugo a un juicio político, que quedó en ser reglamentado por la Cámara de Senadores, el entonces mandatario se manifestó públicamente, afirmando que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría el proceso.

En la tarde del 22 de junio, el Senado, que estaba presi­dido en ese entonces por Jorge Oviedo Matto, encontró cul­pable a Lugo, quien fue des­tituido con 39 votos a favor y cuatro en contra. Minutos más tarde, asumió como man­datario quien hasta entonces fungía como vicepresidente, el liberal Federico Franco.

Los fiscales acusadores para el juicio fueron Carlos Lise­ras, José López Chávez, Jorge Ávalos Mariño, Clemente Barrios y Óscar Tuma. Este último, en conversación con La Nación/Nación Media, aseguró que hubo pleno cum­plimiento del debido proceso y explicó que la celeridad de los plazos establecidos fue con la finalidad de evitar generar una crisis política prolongada en el país.

“Para que exista debido pro­ceso una persona debe tener el derecho de conocer el motivo por el cual se lo está enjuiciando, debe tener la oportunidad de ejercer su defensa, oportunidad de ges­tionar sus pruebas, presen­tar sus alegatos y debe exis­tir una sentencia, todo eso se respetó”, detalló Tuma.

El abogado precisó que en el 2012 se vivía una situación de desconfianza hacia la capaci­dad de gestión de Fernando Lugo, dado que se produ­cían invasiones, muertes en enfrentamientos, siendo la confrontación en Curuguaty el detonante de todo lo suce­dido posteriormente.

“Él fue destituido porque todos los partidos políticos percibían que la gestión que estaba llevando adelante no reunía las características necesarias para un presi­dente de la República”, ase­guró Tuma y calificó el desen­lace del juicio político como exitoso, puesto que no des­encadenó en más muertes de compatriotas ni en un perjui­cio para la economía.

“No se puede otorgar den­tro de un proceso de juicio político los mismos plazos que existen dentro de un juicio ordinario, eso es un absurdo, porque lo que se busca es que la afectación de una crisis dentro de un país sea la menor posible. Prueba de que todo funcionó bien es que a Fernando Lugo se lo destituyó y al día siguiente el país siguió funcionando, no hubo una sola persona que perdió la vida o un comercio que cerró”, aseguró.

Tras el suceso en Curuguaty y la destitución de Fernando Lugo, Paraguay fue expul­sado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Estas posibilidades fueron tenidas en cuenta en el Congreso, afirmó el exsena­dor y analista político Mar­celo Duarte, quien en conver­sación con La Nación/Nación Media afirmó que la continui­dad de Lugo como mandata­rio era insostenible.

“El riesgo de mantenerlo en el poder, teniendo en cuenta la forma en que estaba con­duciendo su gobierno, ponía en peligro ciertamente el nor­mal desenvolvimiento de los principios democráticos con­sagrados en la Constitución”, sostuvo Duarte, quien mani­festó que el exmandatario ins­taba al crecimiento de línea ideológica desde su cargo.

“Cada quien puede tener su punto de vista, pero eso no es ni puede ser la función de un presidente de la República, sino la que establece la Cons­titución, ser administrador de la República, no promotor de ideologías a nivel nacional e internacional. Esto es lo que desvirtuó en gran medida su gestión a criterio nuestro, en ese momento”, refirió.

Desde el sector del Frente Guasu sostienen que no exis­tieron causales para una des­titución a Fernando Lugo, dados los resultados que tuvo a lo largo de su gestión en materia económica, sani­taria, educativa, entre otras. “Lugo fue un gran estadista, con sus luces y sombras. Rei­vindicó la soberanía energé­tica, Paraguay se integró en la región; entonces, uno se pregunta por qué la desti­tución”, lamentó el senador Sixto Pereira en diálogo con La Nación/Nación Media.

El senador cuestionó a los referentes opositores que en su momento votaron a favor de la destitución de Fernando Lugo, pero que en la última campaña elec­toral se valieron de su ima­gen, tal como el titular del PLRA, Efraín Alegre.

“Ahí está clarísimo, por eso nosotros siempre hemos denunciado en campaña, para que nadie utilice su figura, que se respete su proceso de recuperación y nos referíamos a Efraín, que era el responsable del juicio político, así como usó en com­plicidad con otros políticos, incluso del Frente Guasu”, criticó el senador.

En las pasadas elecciones generales, celebradas en abril de este año, Fernando Lugo no revalidó su puesto en el Senado y su partido apenas logró un puesto, el de Espe­ranza Martínez.