El Tribunal Superior de Justicia Electoral informó a través del director de Financiamiento Político, Cristian Ruiz Díaz, que el pasado 17 de febrero finalizó el periodo para presentar la exclusión de candidatos dentro de los diferentes partidos políticos y/o alianzas de cara a las elecciones del próximo 30 de abril.
En ese orden, Ruiz Díaz recordó que para ejecutar una exclusión deben darse tres causales, que son: la renuncia propia del candidato, la inhabilidad (debe reunir las tipificaciones dadas en los artículos 197 y 198 de la Constitución Nacional) o la muerte del mismo.
El director de Financiamiento Político fue consultado sobre el tema en la 650 AM por la reciente expulsión del candidato a diputado por Asunción Diego Oliver, de la Alianza Encuentro Nacional. Al respecto, Ruiz Díaz confirmó que Oliver sigue formando parte del software de votación en el TSJE y que de contar con los votos suficientes, ocupará una banca en Diputados, independientemente a la decisión de la alianza.
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No existen causales para juicio político al fiscal general, sostiene Silvio Ovelar
El presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, explicó que para plantear cualquier pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, debe haber causales porque de lo contrario se cae en una imagen de poca seriedad en los planteamientos. El legislador se refirió a este tema ante la insinuación de una minoría opositora, que insiste en el tema sin tener causales concretos.
El legislador fue abordado por un grupo de trabajadores de la prensa que le realizaron la consulta respecto a la invitación que la presidencia del Senado cursó al titular del Ministerio Público, a asistir a una reunión de la Mesa Directiva y líderes de bancada. Al respecto, confirmó que la reunión prevista para mañana a las 8:00 será de carácter reservado a fin de dilucidar todas las dudas con relación a la investigación del caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
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“Para plantear un juicio político debe haber causales, porque de lo contrario caemos en una imagen de poca seriedad en los planteamientos. En este momento en el que el descrédito hacia el Congreso es bastante fuerte, no le vamos a hacer favor al cuerpo colegiado haciendo planteamientos de este tipo”, enfatizó Ovelar.
Agregó que en lo personal, prefiere que el órgano investigativo tenga la independencia necesaria para llegar a la conclusión final, porque todo lo que se quiere saber es quién o quiénes son los autores intelectuales. Es así que remarcó que no ve causales para llevar adelante un juicio político. “Un juicio político implica la posibilidad de destitución de un fiscal general del Estado, en medio de un proceso tan complejo y tan importante como este caso”, remarcó.
Sesión reservada
Asimismo, el titular del Senado remarcó que el fiscal general es un hombre muy bien formado en Derecho, que conoce a profundidad los alcances de las relaciones exteriores. No obstante, indicó que respeta los criterios utilizados en el manejo del citado caso, por ese motivo, insistió que la reunión de la Mesa Directiva y líderes de bancadas será de manera reservada, para que el fiscal general pueda brindar todas las aclaraciones necesarias que necesiten sus colegas.
Afirmó que en lo personal prefiere mantenerse cauto, en lo que respecta al trabajo investigativo, por tratarse de un caso muy particular. “Primero se trata de un magnicidio, este es un hecho importante que conmocionó al país; y yo soy partidario de que los órganos actúen de acuerdo a sus jurisdicciones. Pero hay otros colegas que tienen algunas dudas, o consultas que quieren formular y para facilitar este escenario es que le convocamos al fiscal general”, puntualizó.
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Pérdida de investidura: “Tenemos sobrados argumentos jurídicos”
El senador Derlis Maidana sostuvo que existen argumentos jurídicos para llevar adelante el pedido de pérdida de investidura de la senadora Kattya González por supuesto tráfico de influencia en el ejercicio de sus funciones.
El legislador indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que existen irregularidades con tres funcionarios que cumplen funciones en su despacho, y estos casos están claramente apuntados en el libelo acusatorio.
“Este procedimiento está amparado en las leyes, en el artículo 201 de la Constitución Nacional, y tenemos sobrados argumentos jurídicos, si bien una pérdida de investidura tiene condimentos políticos, porqué negarlo, estamos en un poder del Estado eminentemente político como es el Congreso de la Nación, pero con argumentos jurídicos”, señaló.
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Uno de los casos es el de la funcionaria Soledad Blanco, quien figura en una planilla que se encontraba cumpliendo funciones en el despacho de la legisladora del Partido Encuentro Nacional (PEN); sin embargo, se encontraba fuera del país.
“Comenzando por el caso de Soledad Blanco, que entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre estaba fuera del país, pero se firmó la planilla de que ella supuestamente seguía cumpliendo funciones en el Parlamento Nacional. Eso configura en un delito tipificado en el Código Penal que es la producción de documentos de contenido falso, el artículo 250 del Código Penal”, explicó Maidana.
Caso Torales
También citó el caso de José Luis Torales, funcionario comisionado de la Contraloría General de la República que cumplía funciones en la dirección de bancada partidaria de González, e incluso ocupó la presidencia del PEN en su momento.
“Tenemos también el caso de José Luis Torales Servín que hay una disposición de la Contraloría General de la República que él no puede hacer política partidaria, no solamente fue candidato a diputado, sino también se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional y director de la bancada del Encuentro Nacional en Cámara de Senadores”, expresó el senador.
En este caso, también se puede comprobar que existió un tráfico de influencias de acuerdo al parlamentario. “Si venía a una Comisión de Legislación, constitucionales, que hacía trabajos objetivos, proyectos de leyes, era magnífico. Ahí también queda demostrado de que se usó indebidamente influencias para favorecer a este señor José Luis Torales Servín”, apuntó.
Policía activo
El tercer caso, que también fue incluido en el libelo acusatorio, es el de un suboficial de la Policía Nacional que también cumplía funciones en el despacho de González. “También tenemos el caso del suboficial Portillo que, siendo suboficial del cuadro activo de la Policía Nacional, en política activa, se desempeñaba en el gabinete mismo de la colega en cuestión, así también es otra causal más”, sentenció.
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Luchar contra el hambre en 30 segundos
Para la mayoría, los 30 segundos de la luz roja del semáforo son una molestia y generan impaciencia. Pero para otros, son la diferencia entre un día de hambre o uno de un plato de comida. Enfrentar la exclusión diariamente sin caer en la delincuencia, en una ciudad en la que predomina la indiferencia hacia los más pobres, la criminalización de los vendedores ambulantes y el miedo permanente a ser asaltados, es vivir entre la resignación, la resistencia y la esperanza.
Día de por medio, en la zona del Mercado 4, la miro caminar con pasos inseguros entre los colectivos, los autos y las motos. Bajo el sol, con pañoleta en la cabeza sujeta con un moño, ella sonríe y habla suave a los conductores. Les ofrece caramelos de dulce de leche, miel y café. La presentación de sus productos es impecable. Cada paquetito de 5 por G.2.500 ¿Quién no quiere un caramelo a media mañana? Muchas personas de la zona, comerciantes, obreros y estudiantes de centros educativos cercanos, son sus clientes fieles.
¿Qué puedo decir? Sencillamente se la quiere. Pero, esta no debería ser su realidad. Su vida corre peligro cada minuto que pasa en la calle. Con 63 años cumplidos en julio último, Felicita Giménez, después de tomar un poco de cocido, sale cada mañana de su casa ubicada en la Chacarita.
De acuerdo a datos que figuran en el sitio oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) ella forma parte de las 1 millón 817 mil personas cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica y que debe vivir con menos de G. 11.540 al día.
Felicita es de Arroyos y Esteros. Su familia migró hacia Asunción cuando era muy pequeña. Tres de sus hermanos ya fallecieron en Buenos Aires y ella es la única mujer. Tiene 4 nietos y su hija Eduvigis, la acompaña a vender. Desde que le robaron su carrito de frutas y verduras tuvo que dedicarse a esta actividad.
En 30 segundos, Felicita debe tener la habilidad suficiente para convencer a la mayor cantidad posible de conductores de comprarle sus caramelos. La edad le juega en contra, aunque la fuerza de voluntad y el sueño de poner un quiosco o una pequeña frutería en su casa levantan su moral y suprimen cualquier indicio de deserción.
En Paraguay, existe el Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad Social con 290.631 beneficiarios que reciben unos G. 630.000 mensuales. Si bien es una ayuda, el monto no alcanza para cubrir las necesidades básicas de un mes, y mucho menos los gastos de medicinas y buena alimentación.
Felicita, al igual que cientos de mujeres y hombres de edad avanzada, ha perdido numerosos derechos a lo largo de sus vida. El derecho a la educación, que perdió siendo aún una niña; el derecho a la salud, pues no cuenta con seguro social y en los hospitales nada es gratis y el derecho a ser protegida de toda injusticia y desigualdad que son una realidad de discriminación social contra ella y todas las personas en situación de pobreza.
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Piden excluir a funcionarios públicos para elecciones de representantes ante CM
El Colegio de Abogados del Paraguay solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se mantenga la postura ya asumida por la máxima instancia judicial de excluir del padrón de electores a todos los funcionarios públicos para las próximas elecciones de representantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM).
Desde el gremio refieren que los funcionarios públicos con título de abogado no pueden ejercer la profesión por inhabilidad, por lo que no deben integrar el padrón para las futuras elecciones, ya que su incorporación, como en años anteriores, viola los artículos 254 y 262 de la Constitución Nacional.
“El Consejo de la Magistratura está compuesto por (…) dos abogados de la matrícula nombrado por sus pares en elección directa (…) Art. 262. Es decir, la Constitución otorga representación a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. En sentido contrario, impide al abogado no habilitado no solo la representación, sino la legitimidad activa y pasiva para participar en la elección”, seña parte del documento emitido a la CSJ.
Además, recuerda que en el año 2020 la Corte Suprema de Justicia dispuso la exclusión de los funcionarios públicos del padrón para elección de dos representantes del gremio de abogado ante el Consejo de la Magistratura.
Retroceso
Ante esa situación, el Colegio de Abogados del Paraguay considera que cambiar de postura para las próximas elecciones de abogados a ser convocados por la Corte Suprema de Justicia implicaría un grave retroceso en el proceso de transparencia, legitimidad y sobre todo la independencia del sistema de justicia.