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El Ministerio Público paraguayo solicitó informes a los Esta­dos Unidos en el caso del lavado de dinero del exdi­rigente deportivo Nicolás Leoz. En nuestro país se investiga el esquema uti­lizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

Según publica el dia­rio digital El Observador y recogido por el portal Hoy.com.py., los fiscales que investigan el lavado dinero que involucra a Nicolás Leoz y la Conme­bol solicitaron en marzo pasado una asistencia jurí­dica a las autoridades de los Estados Unidos.

Los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solici­taron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias reali­zadas desde las cuentas de la Conmebol a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemen­cia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o suje­tos vinculados.

Además de enviar los informes, correos, con­versaciones y memorán­dum que detallen envíos de dinero o transferen­cias desde las cuentas de la Conmebol a las cuen­tas o a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez, que se correspon­dan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.

Los fiscales solicitan que EE. UU. remita cualquier otra información exis­tente a su investigación que se encuentre vincu­lado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conme­bol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.

La semana pasada, la Con­mebol presentó un urgi­miento a los investigado­res para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado seis años de la denuncia presentada por las operaciones sospe­chosas entre Leoz y el banco Atlas.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.

El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.

Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.

La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.

El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.

“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó Martínez y reiteró que el trabajo de las tres instituciones está vinculado.

El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, logró la detención de Miguel Ángel Cáceres López, quien contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado a locales comerciales de Biggie de Asunción. Pese a que intentó huir, los efectivos lograron capturarlo y fue puesto a disposición de la Fiscalía.

La detención se produjo alrededor de las 16:30 de este martes 30 cuando agentes de la Policía Nacional, luego de una tarea de investigación, se trasladaron hasta la calle India, en el barrio tablada de la ciudad de Asunción donde lograron ubicar al hombre. Los efectivos policiales además incautaron una motocicleta. Con apenas 19 años, Cáceres López cuenta con ocho antecedentes por robo agravado, todos ellos a locales comerciales de Biggie ubicados en Asunción.

Una mujer que se encontraba en estado grave de salud en Fuerte Olimpo fue trasladada hasta Itauguá en una avioneta. El tiempo ahorrado permitió salvarle la vida. La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada. Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta, como debiera darse siempre.

Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá. La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).

Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.

“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.

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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.

Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.

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La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.

A través de su abo­gado, Claudio Lovera, la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia pre­sentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudame­ricano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgi­miento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.

“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompaña­dos en su oportunidad, así como los que fueran recopi­lados en el marco de la acti­vidad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministe­rio Público emita un pro­nunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el docu­mento presentado ante el Ministerio Público.

Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allana­mientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superinten­dencia de Bancos ante la negativa de estas institu­ciones en proveer infor­mación. En estos proce­dimientos se incautó una serie de documentos.

Estas diligencias realiza­das en el pasado dan cuenta que el órgano investiga­dor sostiene que en deter­minados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.

Pese a esas primeras medi­das, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cual­quier otra iniciativa ten­diente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La pri­mera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.

Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alca­raz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.

La Conmebol quiere recu­perar los fondos que le per­tenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confede­ración en administraciones anteriores; ya se recupera­ron USD 128 millones gra­cias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.

El banco de la familia Zuc­colillo se expone a sancio­nes penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.