El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, presentó ayer una denuncia penal contra personas innominadas ante el Ministerio Público tras constatar el intento de cobro irregular de indemnizaciones como supuestas víctimas de la dictadura. Comentó que mediante revisiones internas se comprobó la existencia de resoluciones apócrifas que fueron entregadas por personas, tratando de darle trámite para su cobro.
El abogado comentó en comunicación con radio 1000AM, que presentaron la denuncia formal ante el Ministerio Público. Señaló que una resolución hace a una indemnización de 1.000 jornales y otra equivalente a 2.000 jornales. “Las resoluciones que se agregaron al expediente son falsas, nos dimos cuenta, porque no coinciden los números, verificamos y nos dimos cuenta que fue un burdo montaje”, refirió.
Explicó que se hicieron las investigaciones pertinentes y se llegó a identificar a un abogado que habría realizado el trámite, aunque no reveló la identidad del profesional. “Empezamos a investigar y llegamos a estos dos expedientes, uno fue presentado por un profesional, hasta la fecha él no se presentó y creímos conveniente denunciarlo”, acotó.
