Las denuncias por presuntos fraudes electorales siguen copando los reclamos de diferentes actores políticos en la oposición, principalmente dentro del acuerdo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) con otras nucleaciones. La actual parlasuriana liberal Blanca Lila Mignarro, candidata a diputada por Capital, sentenció que “en varios comités, el fraude electoral es demasiado evidente, no me van a tomar el pelo”, dijo manifestando de manera tajante que ese despropósito electoral quedó expuesto para toda la ciudadanía.
“La persona que hace trampa debe saber que al día siguiente queda la constancia de ese fraude. Hay comités que nunca han registrado una participación de más de 70 votos y a mí no van a tomarme del pelo, teniendo en cuenta los constantes recorridos políticos que hago hace muchos años y la trayectoria que tengo; en un comité me llevé solo dos votos, mientras otro precandidato contó con más de 200″, manifestó Mignarro para el programa “Dos en la ciudad” por Universo 970 AM/Nación Media.
El distrito denunciado por la candidata corresponde al de Ykua Satî, donde históricamente los afiliados liberales no han tenido una participación que sobrepase los 80 votos, hasta que en las internas partidarias pasadas, sorpresivamente, han llegado a superar incluso los 200 votos. Ante esto, la aspirante a una banca en la Cámara de Diputados alegó que el escenario registrado constituye un verdadero escándalo electoral, más aún con los votos tan desproporcionados observados.
Mignarro reiteró que el fraude no se puede negar y esto no solo se puede comprobar en el distrito de Ykua Satî, sino también en la zona de barrio Chiquito.
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Payo recurre a su caudal electoral ante las críticas
Si bien en el espectro opositor todos coinciden en iniciar ya la carrera por las municipales de 2026 e incluso las presidenciales de 2028, las grietas existentes entre partidos y facciones son acentuadas.
El líder de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, avanza con su programa personal, desafiando al resto de las agrupaciones, a las que “insta” a someterse al escrutinio del mercado electoral de oposición.
“Va a ser difícil construir la unidad, yo solo aquí tengo más votos que todos ustedes juntos”, le respondió Cubas a la senadora Esperanza Martínez, en una mesa de debate en el programa de la periodista Mina Feliciángeli (Telefuturo) y recogida por el portal digital hoy.com.py.
En la mesa compartían, además de ambos, los diputados Raúl Benítez y Johana Ortega. Para Payo, el caudal electoral de sus interlocutores estaba muy por debajo del suyo.
El roce entre los opositores no hace sino continuar en un nivel de intensidad creciente. Días atrás, referentes del liberalismo, de distintos movimientos, se enfrascaron en una fuerte discusión. Un sector partidario sostiene que la unidad opositora no puede excluir a Cubas. El otro, en tanto, mantiene la acusación de que Payo es culpable de haber decidido romper el electorado en las presidenciales, generando con ello la victoria de la ANR. Esta pelea se extiende, igualmente, a otros partidos del abanico de opositores.
OPOSICIÓN, SIN ESPERANZA
Semanas atrás, la polémica senadora liberal Celeste Amarilla se ratificó en su postura de que la oposición no está en condiciones de ganar la Presidencia en los comicios de 2028. Manifestó que no vislumbra a ningún candidato capaz de vencer al Partido Colorado y señaló que el bloque opositor debería concentrarse en ocupar más espacios en el Poder Legislativo y en las gobernaciones.
“En este momento por más que nos unamos toda la oposición, no percibo un candidato que nos dé la victoria, se van a enojar conmigo, pero no percibo un candidato que nos lleve a la Presidencia”, sentenció la legisladora y manifestó que, pese a que las últimas elecciones mostraron que la oposición logró una mayor cantidad de votos en comparación con la Asociación Nacional Republicana (ANR), estos se encontraban divididos en las múltiples candidaturas que presentó el bloque opositor.
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Shakira se libra de una causa por presunto fraude en España
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la segunda causa abierta contra Shakira por presunto fraude a Hacienda. En un auto consultado por Europa Press ayer jueves, la jueza archiva la causa provisionalmente y lo remite a Hacienda y la Agència Tributària de Catalunya para que “puedan realizar las actuaciones procedentes en la vía administrativa” si corresponde una sanción.
Shakira aceptó en noviembre una condena de tres años de cárcel por fraude fiscal, que no le comportó entrar a prisión, y la Fiscalía había pedido a la jueza de Esplugues de Llobregat que archivara esta segunda causa, que se abrió por una querella de la acusación pública semanas antes de su juicio por la causa anterior.
En la querella que abrió la causa, Fiscalía reclamaba 6,6 millones de euros a la artista, y tras investiga el caso todas las partes estuvieron de acuerdo en archivar la vía penal. En concreto, el fiscal valoró que no hay “indicios suficientes” de un supuesto delito contra Hacienda por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de 2018.
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Sin “ánimo de defraudar”
En el auto que archiva el caso, la jueza instructora afirma que “comparte” los argumentos del fiscal, y recuerda que las irregularidades en la declaración de Shakira de 2018 ya se señalaron en su momento y que, para que sean delito, se deben haber hecho “con ánimo de defraudar a Hacienda”, y la jueza considera que no hay ningún indicio en este sentido, ni tampoco de que hubiera omitido información y documentación. En otro caso, puede ser que le corresponda una sanción administrativa, por lo que la jueza ha trasladado el caso a Hacienda y la Agència Tributària de Catalunya para que puedan valorarlo.
Tras conocerse la decisión, el abogado de Shakira, Pau Molins, ha expresado en un comunicado: “Nuestra cliente está totalmente satisfecha con que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí”. Para Molins, el archivo de la causa “demuestra que nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante”, y la abogada Miriam Company, que también participa en la defensa, ha valorado que era más que evidente que Shakira no tenía intención de defraudar.
El abogado fiscalista de la cantante, José Luis Prada, ha recordado que en la Audiencia Nacional (AN) sigue abierta una causa contra Shakira por presunto fraude en 2011, algo que ha tachado de inconcebible porque ese año la artista estuvo de gira mundial y “era imposible que la cantante fuera residente fiscal” en España.
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Fuente: Europa Press.
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Brizuela, electo por unanimidad presidente del Tribunal Electoral
En la reunión de la fecha se designó por unanimidad como presidente de este organismo al doctor Santiago Brizuela, quien ya había ocupado este mismo cargo y administró las elecciones internas presidenciales de 2022 y otras elecciones internas municipales y en esta ocasión contó nuevamente con el respaldo unánime de sus pares.
Al término de la primera reunión, Brizuela, en compañía de Mónica Seifart y Félix Ferrer Ortellado, ofrecieron una conferencia de prensa. Allí agradecieron el respaldo que tuvo de la convención partidaria y el apoyo del presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, y los líderes partidarios, para volver a ocupar este organismo electoral.
Brizuela destacó que trabajarán intensamente para ofrecer un mejor servicio a los correligionarios en los procesos electorales y que todo el proceso se pueda digitalizar.
Brizuela destacó que el mandato de los miembros del TEP va desde 2024 hasta 2029. Adelantó que mientras no haya convocatoria de nuevas elecciones van a aprovechar el tiempo para adecuar las normativas reglamentarias, trabajando siempre en forma coordinada y con mucho respeto.
Destacó que también fue confirmado nuevamente el Dr. Rubén Rolón como secretario ejecutivo del TEP, al igual que todos los funcionarios del organismo electoral. “Estoy muy orgulloso y agradecido y lo tomo con responsabilidad esta nueva designación”, concluyó Santiago Brizuela.
Por su parte, Mónica Seifart, quien ocupa por primera vez esta función, destacó que realmente esta es una designación muy honrosa. “Para mí representa un orgullo, una satisfacción y vamos a llevar adelante esta labor con el mayor profesionalismo, con igualdad, equipo y justicia”, destacó.
En tanto, el Dr. Félix Ferrer Ortellado, quien vuelve a ocupar un lugar como miembro titular del TEP, acotó que hace más de 7 años está en el Tribunal Electoral y agradeció la confianza que tuvo nuevamente.
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Oportunismo electoral
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político
Desde que saltaron los supuestos casos de nepotismo se vio un intento de cierto sector de la oposición y medios de comunicación de darle un uso electoral. Se aguardó que la campaña de los medios llegue al pico para aprovechar el momento y que se dé un relanzamiento de algunas figuras repetidas como la excandidata a vicepresidenta de Efraín Alegre, Soledad Núñez (cualquier mal pensado creería que una cosa vino de la mano de la otra). Todo lo que vino después fue una muy estética campaña de reposicionamiento de la exministra de la Vivienda. Bien de agencia publicitaria, como nos tiene acostumbrados.
La plataforma usada fue la de la iniciativa popular con un eje discursivo bastante simple: “La ciudadanía pide”. Sin embargo y como suele suceder, cuando se prioriza demasiado el marketing o el decorado, se termina menospreciando la sustancia. Que en este caso es el texto del proyecto de ley propuesto. Vayamos a algunos de los artículos del mismo que plantean interrogantes.
Se plantea la retroactividad de la ley. El artículo 7 dice que se deben revisar “las contrataciones, designaciones, nominaciones, comisionamientos o cualquier acto jurídico realizado en los últimos 24 meses”. O sea, aplicar una ley nueva a hechos que sucedieron en el pasado. El artículo 14 de la Constitución señala: “Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado”. El artículo 9, del Pacto de San José, dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Según el artículo 5 del Código Penal, las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho. El artículo 11 del Código Procesal Penal acota que las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean más favorables para el imputado o condenado.
En el artículo 4 del proyecto se crea un nuevo delito. No solo establece una sanción para el que “realiza actos de nepotismo”, sino también para el “beneficiado y la autoridad con la que esté vinculado”. Crea un delito sin describir la conducta particular. No está puntualizada la acción que al ser realizada se convertiría eventualmente en delito. Se plantea que lo que hiciera uno, sea una acción que meta a todos en una misma bolsa sin juzgar caso por caso, sino en general. Una especie de condena colectiva por conducta individual.
En el artículo 2 el proyecto define al nepotismo como actos de vinculación de personas “que obliguen al Estado paraguayo a pagar cualquier tipo de remuneración”. Esta definición es al menos problemática en términos de administración financiera. ¿Habrá que probar la obligación? ¿Cuándo un vínculo no acarrea la obligación de remunerar? Agregan un elemento adicional. Hoy por hoy, nepotismo es vincular a una persona que está prohibida. Y acá salta la pregunta obvia: ¿Quiénes son las personas prohibidas? Como esos exámenes de la primaria cuando le piden a los niños que completen la frase. Graves problemas de redacción. Todo vínculo obliga una remuneración, es pura lógica. Si se sigue lo propuesto en el proyecto de ley, el Estado, o sea el contratante, podría renunciar a la remuneración.
Por último, en el artículo 6 convierten en delito de “declaración falsa” la omisión de brindar cierta información. Si se quiere utilizar dicha figura penal para castigar otras conductas, que hoy no están previstas, habría que modificar el Código Penal. No se puede decir que algo constituye un delito, cuando según la ley penal ese algo no constituye tal delito. Es una ley y es legal hasta que se resuelva lo contrario, si se hace una ley que dice lo contrario, deja de ser legal o se convierte en legal algo ilegal.
Las leyes no son una cuestión estética. Implican un poco más de seriedad. No deberían ser parte de un oportunismo electoral o un lavado de cara. Si la señora Núñez quiere ser candidata a intendenta de Asunción, que lo diga con todas las letras, está en todo su derecho. Eso no se consigue reclamando a otros proyectistas de propuestas similares o incluso mejores (como dicen que sucedió), autopercibiéndose como la única ungida de la oposición o con acceso a financistas.