La “Comisión bicameral de investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos” del Congreso, encabezado por el senador del Frente Guasu (FG) Jorge Querey, mantiene un llamativo silencio sobre la denuncia hecha por los Estados Unidos contra el segundo del Ejecutivo, Hugo Velázquez, y el ex asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá Juan Carlos “Charly” Duarte Martínez, quienes fueron acusados por actos de corrupción y soborno.
Al respecto, el vicepresidente del organismo legislativo, el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, dijo que los integrantes de la comisión aún no analizaron las acusaciones que llevaron a tumbar el proyecto de gobierno del movimiento Fuerza Republicana y obligar a Velázquez a presentar su renuncia.
En comunicación con el diario La Nación, del grupo Nación Media, el diputado intentó justificar el silencio de la comisión al responsabilizar exclusivamente a Querey de organizar o definir quiénes son aptos para ser convocados ante la instancia de investigación legislativa.
No obstante, cualquier integrante de la comisión bicameral tiene la facultad constitucional de decidir y analizar la denuncia del país norteamericano en contra de Velázquez y Duarte, y tomar la decisión para que ambos acudan a dar explicaciones.
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Banco Atlas: titular de Conmebol presentó segundo urgimiento para avanzar en caso lavado
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó el segundo urgimiento a la fiscalía paraguaya para que se pronuncie sobre el caso de presunto lavado de dinero dinero que involucra a Nicolás Leoz y al banco Atlas SA. Así publicó el titular de la Conmebol en sus redes sociales.
Domínguez señaló que el Ministerio Público tiene la oportunidad de enviar un mensaje contundente contra este delito y contra la impunidad. “No se detiene nuestra lucha contra los poderosos y en defensa del fútbol sudamericano”, remarcó el titular de la Conmebol.
En el mes de mayo, el presidente de la Conmebol se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández para conocer el proceso de la investigación que involucra al banco Atlas sobre lavado de dinero.
Según fuentes, el Ministerio Público tiene muy avanzada la investigación contra los responsables de la mencionada entidad bancaria por lo que se podría tener novedades en días más.
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ANTECEDENTES
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de USD 200 millones) que se esfumaron de la institución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. En su artículo 4.°, sanción penal, señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Defienden gestión de la Fiscalía ante el cuestionamiento opositor
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, junto con una comitiva de agentes fiscales brindó detalles sobre el proceso de la investigación que busca descubrir quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen de Marcelo Pecci, registrado en la isla de Barú, Colombia, el pasado 10 de mayo de 2022. “Hoy estamos en la nebulosa. Nosotros dependemos en muchos aspectos de la gestión de la justicia colombiana porque, en verdad, el hecho punible ocurrió en Colombia. Quiero descartar absolutamente y con énfasis que la Fiscalía no haya puesto de sí todo lo que se debe. Este es un caso emblemático y todos tienen un afecto especial por el caso”, sostuvo el titular del Ministerio Público.
Actualmente, el desempeño de la Fiscalía es fuertemente cuestionado por la oposición, quienes califican de negligente a Rolón Fernández y argumentan la falta de avances, razón por la cual incluso plantean la existencia de suficientes méritos para someterlo a un juicio político.
ENFATIZAR COMPROMISO
“Nosotros queremos enfatizar nuestro compromiso institucional y del equipo de trabajo en dilucidar este complejo caso, ya que el escenario del crimen está distante y de alguna manera forma parte del eje central. Es difícil porque dependemos de engorrosos trámites que son de orden de relacionamiento de países soberanos, porque aún no tenemos un equipo conjunto de investigación que nos permita un acceso directo a tantas informaciones”, añadió.
Por otra parte, acompañado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Alejandro Cardozo, Alicia Sapriza, Giovanni Grisetti, Manuel Doldán y Cristian Ortiz, requirió una mayor “reciprocidad” de las nuevas autoridades del Ministerio Público colombiano, quienes asumieron sus funciones en febrero, para intercambiar informaciones y avanzar en las investigaciones.
SEPA MÁS
Condena a Correa en Colombia
Autoridades de Justicia de Colombia emitieron ayer la condena contra Correa que se suma así a los demás condenados por el crimen del fiscal paraguayo. El portal de El Tiempo, de Colombia, informó que en la tarde ayer un juez “dio el visto bueno al preacuerdo al que llegó la Fiscalía General con Francisco Luis Correa, el llamado cerebro en el plan para asesinar al fiscal Marcelo Pecci. Tras ello, emitió una condena contra el procesado por los delitos de porte ilegal de armas en concurso con amenaza a funcionarios públicos”. La resolución señala que “en mérito de lo expuesto, el Juzgado 4 Penal de Conocimiento de Cartagena resuelve condenar a Francisco Luis Correa Galeano como autor del delito de porte ilegal de armas con funciones agravadas, en concurso heterogéneo y sucesivo con amenazas contra servidor público a la pena principal, en virtud del acuerdo, a seis años y seis meses de prisión, lo que daría lo mismo a 78 meses”.
El Tiempo señala que la decisión del despacho tiene que ver con que el 5 de mayo de 2022 el llamado cerebro del crimen se reunió con otras personas involucradas en este caso. El punto de encuentro fue la Plaza Minorista de Medellín, Antioquia, y el plan fue cuadrar todo el accionar criminal que contó con la entrega de un arma y celulares por parte de Galeano al resto del grupo, el cual ejecutó varias acciones en Cartagena, donde se cometió el homicidio. Por este caso ya fue condenada en la justicia colombiana Margareth Lizeth Chacón, quien fue sentenciada por una juez a 39 años y 10 meses de cárcel por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.