Para el senador Martín Arévalo es fundamental acceder a los documentos que detallen los alcances del acuerdo a través del cual Paraguay terminó cediendo su postura ante Brasil con la tarifa energética de Itaipú. El martes pasado, las autoridades paraguayas informaron la baja del valor anterior de US$ 22,60 kilowatt/mes hasta US$ 20,75 kW/m, que se aproximó al planteamiento brasileño de US$ 18,90 kW/m.
Arévalo sostiene que si hubo una actitud entreguista se debe investigar quiénes fueron los implicados. “Nosotros tenemos que tener el acuerdo que se firmó, ver los alcances de ese acuerdo porque de buenas a primeras algunos técnicos han manifestado que hubo una actitud entreguista, debería haber una investigación del porqué se ha firmado y si hay responsables tienen que pagar por sus actos por esta actitud entreguista”, dijo a La Nación/Nación Media.
Considera que “el Ejecutivo debe brindar un informe y si no lo tiene correspondería invitarle al director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres Cardozo, y a las personas involucradas para que expliquen los alcances de esta negociación y cuáles fueron los criterios”, expresó.
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Biden intenta tranquilizar a los donantes tras la debacle del debate
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistió el sábado a tres actos de recaudación de fondos de campaña, buscando asegurar a los donantes más pudientes que aún puede lograr la reelección a pesar de su caótica actuación en un debate contra su predecesor Donald Trump.
“No tuve una gran noche, pero Trump tampoco”, evaluó el mandatario en uno de los mitines del sábado en Nueva York y Nueva Jersey, donde estuvo acompañado de su esposa, Jill Biden, quien lo defendió ferozmente frente a los llamados para que dé un paso al costado. “Joe no es sólo la persona adecuada para el cargo; es la única persona para el cargo”, aseguró.
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El presidente de 81 años se enfrenta a una ola de dudas tras el debate del jueves por la noche contra su rival republicano, donde titubeó, dejó frases inacabadas y pareció perder el hilo de su pensamiento, exacerbando los temores sobre su edad y agudeza mental.
Muchos comentaristas políticos pidieron que Biden dimitiera tras ese evento, incluido el consejo editorial del New York Times, el periódico más influyente de Estados Unidos. Mientras tanto, el consejo editorial del Washington Post lo instó a hacer un examen de conciencia durante el fin de semana después de que su “calamitosa” actuación en el debate planteara “dudas legítimas sobre si está preparado para otros cuatro años en el trabajo más duro del mundo”.
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Ningún demócrata electo de alto rango se ha sumado todavía al llamado, y los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton le reiteraron públicamente su respaldo el viernes. Jennifer O’Malley Dillon, presidenta de la campaña de Biden, dijo en un memorando público el sábado que las encuestas internas posteriores al debate mostraron que “las opiniones de los votantes no cambiaron”.
E incluso aseguró que hubo un aumento del apoyo, con 27 millones de dólares recaudados el viernes por la noche. “Entiendo la preocupación después del debate”, dijo el mandatario en un mitin de Nueva Jersey junto al gobernador demócrata del estado, Phil Murphy. “Lo entiendo. No tuve una gran noche, pero voy a luchar más duro”, prometió.
Fuente: AFP
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Pagar la deuda heredada y hacer más inversiones darán un fuerte empuje al país
El Gobierno está empeñado en terminar lo más rápido posible con los estorbos financieros existentes para encarar con toda la fuerza las nuevas inversiones tanto en el campo de la infraestructura como en otras áreas de importancia económica y social.
La enorme deuda con entidades viales y farmacéuticas que la administración anterior dejó como herencia a las nuevas autoridades se terminará de pagar en los próximos días. Ese es el anuncio realizado desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que pone de buen humor a numerosas empresas que ya están pensando en realizar nuevas inversiones. Aparte de cumplir con el compromiso financiero de cerrar el gran agujero legado por la administración Abdo, el reparto de fondos ayudará fuertemente a la creación de nuevos puestos de trabajo para los miles de personas que aguardan salir de la postración económica. Muestra la seriedad que tienen las autoridades que asumieron en agosto para manejar el país cumpliendo las obligaciones existentes y hacer posible nuevos proyectos.
La deuda flotante que se terminará de pagar a las farmacéuticas y constructoras asciende a 500 millones de dólares, con lo que se sacará el Gobierno un gran peso y dará posibilidades para encarar más inversiones tanto en obras viales como en otros sectores fabriles. Ese monto era de 600 millones de dólares, que esta administración fue cubriendo por parte en febrero, con fondos provenientes de las recaudaciones fiscales a los que se suman los obtenidos últimamente en la colocación de bonos del Estado.
Fuentes del sector de la construcción hicieron una evaluación muy positiva de la cancelación de las deudas por parte del Gobierno. Señalaron que uno de los principales efectos que tendrá en la situación general del país será la creación de nuevas fuentes de trabajo.
En un reciente encuentro entre los responsables del Ministerio de Economía y las empresas del sector privado, referentes del Gobierno anunciaron que se desea realizar inversiones anuales de 1.000 millones de dólares durante la actual administración estatal. Cosa que si se llega a concretar, significará un impulso extraordinario en la vida del Paraguay.
Los proyectos que tiene anunciado el Gobierno son proseguir con obras de infraestructura en general que aparte de rutas y caminos, incluye la construcción y reparación de escuelas, ampliación de hospitales, nuevas penitenciarías y obras de saneamiento ambiental.
Los entendidos de la economía consideran que, si se cumple el plan de realizar inversiones anuales de 1.000 millones de dólares, el país alcanzará los altos niveles que han conseguido otras naciones más adelantadas. En la actualidad, el Paraguay es una de las más atrasadas en infraestructura y servicios como consecuencia de la crónica falta de inversiones que caracterizó su historia, debido principalmente a la pobreza financiera y la falta de visión política adecuada de gobiernos anteriores. Lo que se está empezando a corregir con las realizaciones y los proyectos que se han planeado ejecutar desde el Gobierno que asumió en 2013 y por el de Santiago Peña en la actualidad.
Hay una situación muy relevante para el país que no se puede dejar de señalar. Si se llega a concretar el plan de inversiones anuales por 1.000 millones de dólares, aparte de la importancia de las nuevas obras, demandarán miles de nuevos puestos de trabajo para los paraguayos. Hecho que constituirá uno de los logros de mayor importancia para el país. Porque al fin de cuentas, lo más importante en la marcha de una nación es que su población pueda vivir mejor. De nada servirían concretar pomposas realizaciones para exhibirlas como logros si en último término no ayudan a que disminuya la pobreza y la gente mejore su calidad de vida.
Teniendo en cuenta esa filosofía fundamental, que tiene una importante carga humanista, es que el presidente Peña se ha puesto como meta la creación de 500.000 nuevos puestos de trabajo durante su administración. Esa propuesta no es solo el condimento de su discurso político para hacerlo atractivo a los oídos de la gente. Es parte fundamental de su preocupación política y el motor de su propuesta económica, para hacer que nuestro país alcance los niveles de bienestar que se merece la ciudadanía paraguaya, para que todos puedan vivir mejor.
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CGR no puede pagar el salario a quien hace política activa
La Contraloría General de la República (CGR) resolvió abrir sumario a José Luis Torales, funcionario de la institución que fue comisionado al Senado para fungir como asesor de la senadora Kattya González, al tiempo en que también presidía el Partido Encuentro Nacional (PEN). Desde el ente contralor aseguraron que pese a que Torales estaba comisionado, su actuar como funcionario de la entidad es reprochable.
“No podemos ser cómplices de las conductas, estamos nosotros reprochando, si yo le habilito a que se traslade a otro lugar, estoy siendo cómplice de que la Contraloría esté pagando el salario de una persona que se está dedicando a hacer política de forma activa. Ser candidato o presidente de un partido es la forma más prohibida de nuestro reglamento interno”, expresó el contralor Camilo Benítez.
El ente contralor modificó su reglamento interno en marzo de 2023, en el cual quedó taxativamente prohibido que los funcionarios activen en política, ya sea como miembros de comité, seccionales, convencionales o presidiendo organismos políticos, esto teniendo en cuenta que la Contraloría es una institución técnica cuya función es velar por la buena utilización de los recursos públicos.
Benítez indicó que la decisión de revocar el comisionamiento de Torales al Senado se debe a que le parece reprochable que a funcionarios de la Contraloría que prestan servicios en otras instituciones puedan activar en política al tiempo en que el ente contralor es el que paga su salario, hecho que sucedió con el asesor de Kattya.
“La Contraloría no puede pagar la campaña política de nadie. Torales fue comisionado y después fue candidato, fue presidente de un partido, pero se le paga su sueldo dentro de la Contraloría y esa conducta es reprochable. El contribuyente paga sus impuestos para que la Contraloría sea rigurosa en el custodio del gasto público y no puede estar financiando la campaña de nadie”, ratificó ante la 1020 AM.
DESMIENTEN A KATTYA
Kattya González intentó defender a Torales argumentando que este estaba “ocioso” en la Contraloría. Esta afirmación fue desmentida por el contralor Camilo Benítez, quien sostuvo que en la institución no existen planilleros, sino que todo lo contrario, cada día existe más trabajo debido a las nuevas leyes que se sancionan y que exigen un control de parte de la institución.
“La senadora dijo él fue comisionado porque estaba ocioso en la Contraloría, eso no es cierto, lo que no tenía era un cargo, pero la mayoría de los funcionarios no lo tienen. Los cargos de confianza son de directivos, que una porción ínfima, el resto son auditores, funcionarios que hacen el trabajo jurídico, procuración de expediente, pero todos tienen asignados un trabajo”, aseguró.
El contralor indicó que el caso de Torales marcará un precedente en la institución, dado que el sumario determinará si él estaba sujeto o no a la normativa de la Contraloría. Este comisionamiento irregular del asesor de Kattya representa el caso más grave que ha tenido a la fecha la institución con relación a funcionarios que activan en política partidaria.
“Unos funcionarios que firmaron una nota de una coordinadora colorada de la Contraloría y el escándalo fue generalizado, todos los medios se agarraron de la cabeza, esta conducta de José Luis es mucho peor que eso porque fue candidato a diputado y fue hasta hace poco presidente de un partido político”, sentenció.
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Sectores más denunciados por no pagar aguinaldo
Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) informaron que prosiguen las fiscalizaciones a las empresas denunciadas por no pagar aguinaldo. Ya habían llegado a 286 los casos y más de 200 las patronales afectadas.
Llama la atención la cantidad de casos que salieron de esta forma a la luz, en especial en empresas de los rubros de la construcción, de transporte y de servicios de limpieza entre las más denunciadas por el incumplimiento de pagar del décimo tercer salario del año. La lista de sectores con mayor cantidad de denuncias por incumplimiento del pago del aguinaldo continúa con los rubros de comercio, gastronomía y de seguridad, conforme al reporte de la cartera laboral.
Los primeros procedimientos de inspección y fiscalizaciones a empresas se realizaron con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos laborales y asegurar que los trabajadores reciban los beneficios correspondientes conforme al Código de Trabajo.
La institución explicó que la orden de fiscalización se emite luego de que la empresa no haya comparecido a la instancia de conciliación entre las partes, en la que se busca el cumplimiento de la remuneración complementaria. En caso de no lograr la conciliación, el proceso puede culminar en una multa administrativa a la patronal denunciada, que va de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado.