El diputado Basilio “Bachi” Núñez dijo que el proyecto de gobierno del movimiento Honor Colorado, liderado por el economista Santiago Peña y el diputado Pedro Alliana va sumando adherentes en el transcurso de la campaña política con miras a las elecciones internas partidarias del 18 de diciembre del 2022, en comparación con la propuesta del oficialismo comandado por el vicepresidente Hugo Velázquez y Juan Manuel Brunetti, que solo logran retener a simpatizantes con cargos.
“Nosotros tenemos abiertas las puertas del movimiento y en estos días vamos a tener probablemente la suma de otros diputados, se viene un aluvión; desde luego, ellos solamente consiguen adherentes a base de cargos en las binacionales, en las diferentes instituciones, pero en cambio nosotros contamos con un modelo de gobierno que ya fue comprado”, indicó.
Núñez mencionó que las encuestas siguen posicionando a Peña y Alliana en comparación con el segundo del Ejecutivo, a quien calificó como “yunque”. “Ellos están tirando para abajo, incluso hacen proselitismo y no hablan de sus candidatos, saben que van a perder, entonces decirle ancla a Hugo Velázquez es poco”, puntualizó.
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Admisión de postulaciones para cargos en Diputados cierra hoy
El presidente de la entidad legislativa, Raúl Latorre, indicó que se trata de un concurso exclusivamente de mérito y resaltó que los candidatos serán sometidos a exámenes con un sistema diseñado para optimizar la transparencia e igualar las oportunidades.
“Estamos en el penúltimo día. Les recordamos a todos que pueden asistir hoy o mañana desde las 8:00 de la mañana hasta las 16:00 en el Hall Central del Congreso de la Nación para poder inscribirse y participar de este concurso joven de la Cámara de Diputados”, indicó el diputado Latorre. Todas las informaciones se encuentran en el portal web de la Cámara Baja, que hasta el momento ya ha superado 100.000 visitas y más de 1.000 inscriptos para los cargos vacantes.
“Un concurso que va a tener como única medida para el ingreso, para que puedan constituirse en parte del plantel de la Cámara, el mérito. Nosotros hemos eliminado las entrevistas, hemos firmado un acuerdo con la Universidad Nacional de Asunción y el Centro Nacional de Cómputos, el examen lo van a hacer ellos, lo van a tomar ellos, va ser de opción múltiple y corregido por un sistema de lector óptico”, indicó.
“Nuestra confianza está puesta en la Universidad Nacional de Asunción, a través del Centro Nacional de Cómputos y el sistema de concurso está diseñado para la transparencia, la igualdad de oportunidades, está diseñado para que los jóvenes puedan acercarse con sus sueños, sus anhelos, y que puedan participar de esta oportunidad”, puntualizó Latorre.
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La Justicia debe castigar a los que cometen delitos desde los cargos públicos
Una de las bombas noticiosas de la jornada del lunes fue la imputación realizada por dos fiscales contra el expresidente Mario Abdo Benítez y 8 excolaboradores estrechos de su gobierno. Se los acusa de haber filtrado informes de inteligencia para uso político y otros delitos que fueron investigados y ahora deben se probados en el juicio. Como la dura acusación es contra el exmandatario y su entorno cercano, el hecho no fue bien recibido por algunos sectores que prefieren defenderlo, como ciertos medios de comunicación que mostraron su hilacha abdista.
Los hechos existieron y fueron denunciados en su momento con las evidencias del caso. Por lo que no se los puede desconocer como tampoco achicar la gravedad de lo acontecido. Es necesario que los organismos judiciales pertinentes realicen la investigación correspondiente y establezcan las responsabilidades y los castigos que conllevan tales delitos señalados por los fiscales.
De acuerdo con el escrito de la acusación, “durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.
Sin entrar a calificarlos, estos hechos podrían ser entendibles como parte de una lucha partidaria. Pero lo grave de esta situación es que, para este propósito, con fines políticos, se habrían revelado secretos que no corresponde dar a publicidad por parte de los altos funcionarios acusados.
“La filtración realizada habría perseguido el objetivo de desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Cartes”, destaca el texto de la imputación. Y agrega que cada uno de los hechos mencionados en el escrito representan elementos de sospecha suficiente sobre la existencia de lo denunciado y la participación de las personas indicadas. Los fiscales realizaron la acusación e imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez, a Carlos Arregui, extitular de Seprelad; a Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior; a Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; a René Fernández Bobadilla, que fue ministro de la Seprelad. También están imputados el diputado Mauricio Espínola, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
De acuerdo con lo referido por la acusación, las instituciones estatales que dependen de la Presidencia de la República filtraron informaciones secretas a los medios de comunicación para ensuciar el nombre de los enemigos políticos de Abdo. Desde la Senad, Senac y el Ministerio del Interior se pasaban informaciones a la prensa de manera organizada con el propósito de afectar al expresidente Horacio Cartes y sus empresas, según la opinión de su abogado Pedro Ovelar. Este señaló que las denuncias realizadas contra Abdo y sus excolaboradores se basan en hechos reales, como denuncias falsas, simulación de hechos punibles y persecución, que infringen las disposiciones del Código Penal.
El ruido ocasionado por las acusaciones fiscales produjo también una fuerte detonación en el campo político, por las implicancias que tienen en los sectores partidarios involucrados y las consecuencias penales que podrían sobrevenir. Pero al margen de las repercusiones que puedan tener en los diversos campos de la vida nacional, lo importante es que si los delitos se cometieron, corresponde investigarlos de manera adecuada y los responsables tienen que recibir el justo castigo como consecuencia de los hechos que han causado.
No es bueno que en el país continúe la impunidad de los delincuentes, aunque sean grandes personalidades del campo político o social, por el bien de la sociedad paraguaya y la seriedad de las instituciones. Debido a ello, desde el punto de vista de la lógica más elemental, es muy difícil de entender la actitud de algunos medios de comunicación que decididamente salen a defender a los acusados. Parecen no importarles la gravedad de los actos denunciados ni el hecho de asumir la defensa de posibles delincuentes.
Es muy plausible la actitud asumida por los fiscales con base en las denuncias presentadas en su momento contra los imputados. Lo habitual en cualquier sociedad normal es que cuando se cometen infracciones a las leyes, los responsables sean investigados, acusados y, si corresponde, castigados de acuerdo con las normas penales.
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Ordenan arresto domiciliario de imputados por venta de cargos de IPS
La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo decretó el arresto domiciliario de Fátima Patricia Agüero Stelhik y Fátima Adelaida González, imputadas en la causa que investiga la venta de cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS). Ambas estaban privadas de su libertad pero con la resolución judicial las mismas van a abandonar la sede penitenciaria.
La jueza Pedrozo además dispuso la prohibición de salir del país sin previa autorización del juzgado, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado; la obligación de comunicar a este juzgado el cambio de cualquier otro dato relevante de su persona y la obligación de comparecer a la audiencia preliminar.
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Las imputadas están procesadas penalmente por estafa y asociación criminal por supuestamente pedir y cobrar sumas de dinero a cambio de contratos, recategorizaciones y hasta nombramientos dentro de la previsional, que de acuerdo a las investigaciones, afectó a miles de personas.
Además de las dos mencionadas están imputados José Manuel Agüero, Jorge Aquino Riveros, Zulma Villalba y Eduvigis Espínola. Los mismos fueron detenidos e imputados por el Ministerio Público.
En el presente caso se llevó a cabo varios procedimientos donde se incautó de varios elementos de prueba que van a ser analizadas por el Ministerio Público.
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Ley establece existencia de cuatro cargos de confianza
El pasado martes 5 de marzo se llevó adelante la audiencia pública en la que se abordó el proyecto de ley “De la función pública y de la carrera del servicio civil”, donde diferentes gremios sindicales pudieron manifestar sus inquietudes y sus dudas fueron respondidas por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el senador Derlis Maidana.
“La seguridad del trabajador viene dado porque con el proyecto de ley solamente van a existir cuatro cargos de confianza y el resto va a tener que ser accedido mediante concurso de méritos; entonces, ese creo que es uno de los principales aportes del proyecto de ley y la estabilidad”, precisó el procurador.
Respecto a este punto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifestó que esta condición contemplada en la iniciativa permitirá que los funcionarios puedan acceder a los cargos mediante concurso, permitiendo que los más aptos lleguen a cargos de trascendencia y de jefaturas.
“Justamente esta ley lo que va a permitir que el jefe deba tener condiciones para serlo y no va a ser designado a dedo, hay solamente tres asesores y cuatro cargos de confianza, más los tres viceministros son 10 personas que van a poder ser designadas directamente, todos los demás van a tener que estar en la carrera, tener evaluaciones y demás”, refirió.
Otra de las innovaciones de la legislación es que ofrece mayores garantías a los funcionarios de modo de evitar despidos y destituciones arbitrarias, esto debido a que se exigirán mayores requisitos que las simples evaluaciones negativas que actualmente son los parámetros establecidos en la normativa vigente.