El Ministerio Público no solicitó aún informes sobre la gestión del destituido ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, que fue apartado del cargo tras las denuncias periodísticas de hechos que lo vincula­rían a las investigaciones en el marco del megaope­rativo A Ultranza Py contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

Roa fue removido del cargo el jueves pasado, luego de que se hicieran públicos a través del diario La Nación sobre sus presuntos vínculos con el detenido Alberto “Beto” Koube, señalado como un miembro principal de la orga­nización regional que mueve la mayor cantidad de cocaína a Europa.

El ahora ex ministro adqui­rió en el 2018 un yate de Tapyracuai SA, empresa de Koube, tiempo en el que la SEN firmó contratos con la misma firma para contrata­ción de servicio de camiones de carga. En total, la SEN adjudicó contratos por G. 3.000 millones a Koube, a quien Roa describió como un amigo en una entrevista con la 730 AM.

Su vínculo de amistad, la compra del yate y los con­tratos que la SEN firmó con Tapycuarai SA son indi­cios llamativos de posibles hechos punibles que deben ser investigados por el Minis­terio Público, según coinci­dieron, en su momento, los abogados Óscar Tuma y José Cañas Levi.