Mientras el vicepre­sidente de la Repú­blica y pretendiente a la Presidencia, Hugo Veláz­quez, se viste con la toga de la moral para promover el jui­cio político a la fiscala gene­ral del Estado, Sandra Quiñó­nez, el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, con­siguió que la Sala Constitu­cional de la Corte Suprema de Justicia suspendiera los efectos de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 6.763/2021 que permitían a la Controla­ría General de la República auditar los gastos sociales de la entidad.

Gastos socia­les que, es vox populi, son utilizados para encubrir el latrocinio, engordar la clien­tela política, satisfacer delei­tes caros y financiar campa­ñas políticas –como ocurre ahora– mediante el desvío de recursos y la facturación de obras sobredimensionadas y hasta, quizás, trabajos que nunca se hicieron. Todas esas sospechas podrían ser deve­ladas con esa acción de fisca­lización que ahora quedó en suspenso. No es nada raro en este gobierno que se oculte al público el manejo de la cosa pública. Si no hay nada que esconder, tampoco hay nada para temer. Pero el director de la EBY no quiere que nadie entre en su cocina. Donde los platos están sucios, los restos diseminados por todos lados y las huellas de manos graso­sas dejan groseros registros en las paredes.

No son, precisamente, la trasparencia ni la justicia los objetivos de esta cam­paña liderada por el vice­presidente Velázquez. Y aun­que intenten presentarse ante la sociedad como “cru­zados” de la moral, la reali­dad les escupe en el rostro como en este caso concreto de Yacyretá en que violentan los principios más elementa­les del acceso a la información pública. Por lo que nos rea­firmamos en lo que venimos sosteniendo desde hace días: quieren la Fiscalía General del Estado para garantizar impunidad a los cómplices de este proyecto oficialista, especialmente para cuando el próximo gobierno abra las compuertas de las institu­ciones como Yacyretá, hoy blindadas para evitar rendir cuenta al pueblo paraguayo. Tenemos que terminar con la impunidad para que estos actos de corrupción, que le roban el pan a la gente más humilde, no vuelvan a repro­ducirse en el futuro. Y, por el otro lado, insis­timos, quieren la Fiscalía para blan­dir como atemorizante garrote en contra de sus adversarios políticos. Y para ese come­tido cuentan con la gustosa complicidad de los libera­les “velazquistas” lidera­dos por la diputada Celeste Amarilla y los pseudooposi­tores marioabdistas, como la senadora Desirée Masi.

Bastardean las institucio­nes copándolas de perso­nas improvisadas, incom­petentes, por la sola y exclusiva razón de responder al proyecto prohijado por el mismo jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. Ahí tenemos al señor Carlos Jorge Afara Rojas –hermano del sena­dor velazquista, Juan Afara– quien acaba de ser nombrado consejero de la Entidad Binacional Yacyretá. No se le conocen más méritos que los antecedentes mencionados. Son estos gestos concretos, y no las palabras altisonan­tes, los que definen las ver­daderas intenciones de este proyecto político-partidario que participará de las elec­ciones internas de la Asocia­ción Nacional Republicana el próximo 18 de diciem­bre. El sentido hueco de los dis­cursos es rellenado con la evi­dencia irrebatible del manejo arbi­trario y primitivo del Estado.

Para el abogado Ezequiel Santagada, especializado en acceso a la información pública, los miembros de la Sala Constitucional (Alberto Martínez, César Diesel y Víc­tor Ríos) “hicieron trizas el concepto republicano de gobierno y eso es grave. Va a tener consecuencias a largo plazo para el país. Eso es lo que erosiona a largo plazo la credibilidad del país”. Para el vicepresidente de la República, estas vyrésas no le impresionan. Él tiene la mirada clavada en la Fis­calía General del Estado. No importa que estos tres ministros de la Corte hayan suspendido los efectos de una ley sin fundamentar el porqué. Tampoco le vemos muy entusiasmado al vice­presidente Hugo Velázquez para que su aliado político Duarte Frutos proceda con trasparencia en la uti­lización de los recursos de Yacyretá. Recursos que son de todos los habitantes del Paraguay. Es cuando el discurso –repetimos– se divorcia de la realidad. Y la credibilidad alcanza su descalificación máxima de bajo cero.

Aguardamos un firme pro­nunciamiento del vicepre­sidente de la República, Hugo Velázquez –”enemigo declarado de la mafia”–, sobre la necesidad de trans­parentar los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá que se manejan con el secretismo del crimen organizado. Ese puede ser su único legado para la posteridad. Hasta hoy absolutamente nulo.

No son, precisamente, la trasparencia ni la justicia los objetivos de esta campaña liderada por el vicepresidente Velázquez.