El agente fiscal Osmar Legal allanó la oficina de la Comi­sión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) en el marco de la investigación iniciada por la supuesta concesión irregular de tragamonedas y otros.

Se investiga lesión de con­fianza, prevaricato, usurpa­ción de funciones públicas y otros hechos con relación a la cesión irregular del control de máquinas tragamonedas.

En el caso están imputados por presunta lesión de con­fianza el actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, y el exprocurador Ser­gio Coscia, quien es actual apoderado del vicepresidente de la República, Hugo Veláz­quez. Igualmente, la fiscala María Estefanía González realizó otros allanamientos.

Durante el procedimiento se incautaron documentos que se tendrán que analizar y tampoco se descarta que se amplíe la imputación a otras personas que están siendo investigadas, mencionaron los agentes intervinientes en el caso.

El juez de Delitos Económi­cos, Humberto Otazú, admi­tió la imputación el pasado viernes y fijó para el 19 y 20 de enero, a partir de las 8:30, la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se decidirá si son beneficiados con medidas alternativas o se decreta la prisión preventiva de los imputados.

De acuerdo a la citación del juez Otazú, el titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, deberá acudir a tribu­nales el 19 de enero, a las 8:30, mientras que Coscia deberá pisar el Palacio de Justicia el 20 de enero, a las 8:30.

El magistrado Humberto Otazú, juez especializado en casos de delitos econó­micos, procesó penalmente por supuesta lesión de con­fianza, usurpación de fun­ciones públicas, prevaricato y exacción al actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, así como a Sergio Coscia, ex procurador gene­ral de la República y actual apoderado del vicepresi­dente Hugo Velázquez, por irregularidades en la adjudi­cación de los juegos de azar y la legalización de las tra­gamonedas en lugares pro­hibidos.

Cabe recordar que Coscia habría “intermediado” para obtener una resolución para la concesión de licitaciones, así como para acreditar a las empresas a través de la Procuraduría General de la República.